Gremios piden no cambiar Ley de Garantías y dan alternativas para continuar obras
El Consejo Gremial reconoce que la emergencia sanitaria fue devastadora para la economía del país, pero considera que la Ley de Garantías no debe modificarse porque podría afectar el proceso electoral que está en marcha. En su lugar, propusieron utilizar las herramientas disponibles para declarar ciertos proyectos como de importancia estratégica y así darles luz verde.
La propuesta de suspender un punto de la Ley de Garantías, que impide a gobernaciones y alcaldías celebrar convenios administrativos e interadministrativos en el periodo previo al proceso electoral, ha sido para algunos una forma de reactivar la economía del país mientras que otros la ven como un “mico” que podría servir más bien para fortalecer las maquinarias políticas, al ser aprobado en época preelectoral. De ahí la profunda discusión alrededor del tema y la división que hay en algunos partidos políticos entre quienes promueven la iniciativa y quienes la consideran nociva.
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A la discusión se sumó este lunes el Consejo Gremial, que agrupa 29 agremiaciones, y que pidió no modificar la ley. No obstante, pusieron sobre la mesa algunas opciones para mantener a flote el proceso de reactivación económica, que en el caso de algunas regiones está soportado en las obras de infraestructura que quedaron detenidas por el confinamiento o que no alcanzaron a ponerse en marcha debido a la emergencia sanitaria.
El Consejo Gremial reconoció que la pandemia fue devastadora para la economía del país y por tanto existe una necesidad de acelerar la recuperación y la reactivación de los diferentes sectores. A pesar de eso, para el gremio es importante que las medidas para lograr esa reactivación estén enmarcadas en la Constitución y la institucionalidad. “Por ello, deben mantenerse intactos los principios fundamentales de la Ley de Garantías, a fin de que la contratación estatal y los recursos públicos asociados a ésta, se protejan de manera especial en los ciclos electorales”.
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Sobre la idea de modificar la ley y abolir el punto que impide a los mandatarios de entes territoriales y otras dependencias gubernamentales celebrar convenios interadministrativos, los 29 gremios manifestaron su preocupación al considerar que desde el Gobierno y el Congreso se debe revisar primero qué tan constitucional es incluir este punto en el proyecto de presupuesto general del próximo año.
“Se requiere una Ley Estatutaria para realizar la pretendida modificación, tal y como lo establece la Constitución Política en su artículo 152″, agregó el consejo que, como alternativa y con el fin de garantizar la “buena ejecución” de los dineros públicos, solicitó al Gobierno Nacional evaluar otros instrumentos como los que brinda el Estatuto Orgánico del Presupuesto y los que están incluidos en la Ley 819 de 2003.
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De acuerdo con el comité gremial, esto permitiría que ciertos proyectos de inversión sean declarados como de importancia estratégica y así se puedan habilitar vigencias futuras ordinarias y/o excepcionales para su desarrollo. también fueron enfáticos en tildar de “inconveniente” la modificación de la Ley de Garantías, por lo que solicitaron la eliminación del artículo del proyecto de ley de presupuesto para que así no se alteren las reglas de juego en materia electoral.
En cuanto al trámite de la iniciativa, la semana pasada fue aprobada la proposición que avala la modificación a la ley. Ahora hacen falta los debates en las plenarias de la Cámara de Representantes y el Senado, que son las encargadas de discutir y definir si se levanta o no el bloqueo que propone la ley de garantías.
La propuesta de suspender un punto de la Ley de Garantías, que impide a gobernaciones y alcaldías celebrar convenios administrativos e interadministrativos en el periodo previo al proceso electoral, ha sido para algunos una forma de reactivar la economía del país mientras que otros la ven como un “mico” que podría servir más bien para fortalecer las maquinarias políticas, al ser aprobado en época preelectoral. De ahí la profunda discusión alrededor del tema y la división que hay en algunos partidos políticos entre quienes promueven la iniciativa y quienes la consideran nociva.
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A la discusión se sumó este lunes el Consejo Gremial, que agrupa 29 agremiaciones, y que pidió no modificar la ley. No obstante, pusieron sobre la mesa algunas opciones para mantener a flote el proceso de reactivación económica, que en el caso de algunas regiones está soportado en las obras de infraestructura que quedaron detenidas por el confinamiento o que no alcanzaron a ponerse en marcha debido a la emergencia sanitaria.
El Consejo Gremial reconoció que la pandemia fue devastadora para la economía del país y por tanto existe una necesidad de acelerar la recuperación y la reactivación de los diferentes sectores. A pesar de eso, para el gremio es importante que las medidas para lograr esa reactivación estén enmarcadas en la Constitución y la institucionalidad. “Por ello, deben mantenerse intactos los principios fundamentales de la Ley de Garantías, a fin de que la contratación estatal y los recursos públicos asociados a ésta, se protejan de manera especial en los ciclos electorales”.
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Sobre la idea de modificar la ley y abolir el punto que impide a los mandatarios de entes territoriales y otras dependencias gubernamentales celebrar convenios interadministrativos, los 29 gremios manifestaron su preocupación al considerar que desde el Gobierno y el Congreso se debe revisar primero qué tan constitucional es incluir este punto en el proyecto de presupuesto general del próximo año.
“Se requiere una Ley Estatutaria para realizar la pretendida modificación, tal y como lo establece la Constitución Política en su artículo 152″, agregó el consejo que, como alternativa y con el fin de garantizar la “buena ejecución” de los dineros públicos, solicitó al Gobierno Nacional evaluar otros instrumentos como los que brinda el Estatuto Orgánico del Presupuesto y los que están incluidos en la Ley 819 de 2003.
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De acuerdo con el comité gremial, esto permitiría que ciertos proyectos de inversión sean declarados como de importancia estratégica y así se puedan habilitar vigencias futuras ordinarias y/o excepcionales para su desarrollo. también fueron enfáticos en tildar de “inconveniente” la modificación de la Ley de Garantías, por lo que solicitaron la eliminación del artículo del proyecto de ley de presupuesto para que así no se alteren las reglas de juego en materia electoral.
En cuanto al trámite de la iniciativa, la semana pasada fue aprobada la proposición que avala la modificación a la ley. Ahora hacen falta los debates en las plenarias de la Cámara de Representantes y el Senado, que son las encargadas de discutir y definir si se levanta o no el bloqueo que propone la ley de garantías.