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En la tensa discusión por el presupuesto de 2026 se metió la alarma que tres artículos, de los 97 que tiene el proyecto, desataron entre varios congresistas. La razón es que le darían mayor libertad al presidente Gustavo Petro para decidir la destinación de recursos en plena temporada electoral.
Este asunto es el que sigue en el Congreso luego de que no se lograra modificar el monto de $556,9 billones propuestos en el presupuesto del Ministerio de Hacienda. A partir de ahora, quienes se oponen al proyecto buscarán cambiar varios artículos que ven con desconfianza. Esto, en medio de acusaciones de supuestas “jugaditas” de la Casa de Nariño y la bancada oficialista para expedirlo por decreto, lo que implicaría que se le dé vida jurídica –sin ningún cambio– al que presentó el ministro Germán Ávila el pasado 30 de julio.
Distintas fuentes le mencionaron a El Espectador que los artículos 8, 10 y 88 tienen implicaciones en el control que, por ley, ejerce el Congreso sobre el Ejecutivo. Aunque el Gobierno los justifica con razones técnicas, como “mantener la consistencia fiscal”, lo que advierten es que en realidad son facultades que le permitiría a la Casa de Nariño pasar de largo los contrapesos en asuntos entre los que están el cupo anual de deuda.
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El artículo 8 le permite al Gobierno emitir nuevos Títulos de Tesorería (TES), que son bonos de deuda con los que el Ejecutivo fondea sus gastos y proyectos. A juicio de varios críticos, como el senador uribista Enrique Cabrales, presidente de la Comisión IV, “amplía el endeudamiento sin tocar el techo de deuda, generando ‘deuda escondida’”. Para Ciro Ramírez, también senador del Centro Democrático, el riesgo también está en que “deja mover recursos de caja sin autorización legislativa”.
El artículo 10, se lee en el documento, indica que “los títulos que se emitan para efectuar transferencia temporal de valores en los términos del artículo 146 de la Ley 1753 de 2015, solo requerirán del decreto que lo autorice, fije el monto y sus condiciones financieras”. En pocas palabras, es una medida que permitiría que, por ejemplo, el Gobierno venda títulos de valores con el compromiso de que lo comprará a un valor mayor al que lo vendió.
Aunque es un mecanismo de financiamiento común, en la práctica abriría la puerta a que el presidente Petro pueda adquirir nuevas deudas solo por decreto. Sobre eso, el senador Ramírez señala que para ello requeriría el visto bueno de la Subcomisión de Crédito Público –envuelta en el escándalo de corrupción de desfalco de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD), toda vez que, según el proceso judicial, el entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, habría entregado dádivas a varios de sus integrantes para que aprobaran el cupo de deuda solicitado.
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“Esto reduce el control del legislativo sobre la deuda pública, porque, aunque se diga que “no afecta el saldo de la deuda”, en la práctica son operaciones de endeudamiento y deberían estar sujetas a límites y autorización legislativa”, agrega Ramírez.
Y el artículo 88, el que más dudas despierta, tiene que ver con las vigencias futuras del sector de transporte, que es la plata que se compromete durante un periodo determinado para la construcción de obras, como las vías 5G.
Como está planteado, permite que, si un proyecto de inversión se termina antes de lo previsto o requiere ajustes, los recursos comprometidos puedan liberarse y reasignarse sin necesidad de una nueva autorización legal. Como lo dice el texto, las entidades podrán recomponer el presupuesto “a través de la liberación de recursos de la vigencia en curso resultado de la terminación anticipada o la reprogramación de los compromisos realizados con cargo a vigencias futuras”.
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El objetivo es que el dinero aprobado no se quede atado a proyectos que ya no lo necesitan y pueda dirigirse a otras prioridades dentro del mismo sector. Se busca atender “gastos prioritarios del Sector Transporte y mantener la consistencia fiscal del Presupuesto General de la Nación”. Esto impacta en una cifra que no es menor. La Agencia Nacional de Infraestructura contempla apropiaciones por $7,2 billones, el 18% del sector, incluyendo concesiones de vías 4G y 5G, como la Prosperidad, la Autopista al Mar 1, el Canal del Dique, el corredor Puerto Salgar – Barrancabermeja, la autopista Río Magdalena, y también los proyectos férreos Bogotá – Belencito y el corredor férreo del Pacífico.
Pero las implicaciones del artículo han causado dudas. El senador y ahora precandidato presidencial Efraín Cepeda (Conservador), quien está en la Comisión Tercera del Senado, afirma que, de aprobarse, “no solo detienen las obras, sino que es política pura y dura, sino que [los recursos] irían para las campañas. No se han cortado cintas de obras, adjudicado una sola 5G porque ‘son solo para los ricos’”.
El senador Carlos Meisel (Centro Democrático) advierte que el proyecto de Presupuesto General de la Nación de 2026 “nos presenta facultades en unas disposiciones generales que cobijan más o menos 20 artículos, que ponen al Congreso en una posición muy difícil: si Petro lo decreta, quedaría con unas facultades muy grandes”.
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La preocupación radica también en que, por como han avanzado las discusiones, el Gobierno resultaría decretando el presupuesto. Desde las voces críticas en el Congreso insisten en que, por ejemplo, mediante maniobras que permitieron dilatar los tiempos, el monto no se discutió, pese a las proposiciones que hubo para disminuirlo entre $10 billones y $36 billones, y, por tanto, ahora las cuatro comisiones tendrán hasta mediados de octubre para discutir el monto original, de $556,9 billones, que sería el más alto en la historia del país.
“Queremos dar el debate, como lo dimos el año pasado y como se ha dado desde el primer momento que Petro empezó a presentar presupuestos inflados al Congreso. El problema ahora es que tenemos que aterrizar en el Congreso lo que están alcahueteando a Petro. Hay que tener una conversación muy franca de por qué es inflado”, agrega Meisel.
En esa línea, la senadora Angélica Lozano (Alianza Verde), afirma que “nos impidieron el derecho a votar el monto. Y dejo constancia de que pueden hacer lo mismo. Querrán evitar la discusión de varios artículos problemáticos dentro del presupuesto, como facultades presidenciales, una dictadura presupuestal y aprobarlo por decreto”.
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En todo caso, desde el Gobierno han sido enfáticos en la necesidad de que se dé vía libre al presupuesto tal y como se presentó. Es el caso de la senadora Aída Avella (Unión Patriótica), quien asevera: “El país avanza en materia económica: el desempleo de agosto fue el más bajo en la historia de Colombia, es un buen indicador. Demuestra que, contrario a las noticias falsas sobre el desempeño económico, con que la gente tenga empleo y reciba un salario mínimo digno, la economía se mueve y el país progresa, aunque no le guste a los ricos”.
Ante la posibilidad de que se hunda el proyecto –como pasó con el de 2024–, el ministro del Interior, Armando Benedetti, le dijo a El Espectador en días pasados que “con eso es con lo que amenazan los ponentes. Ellos verán si quieren hundir el presupuesto, porque eso es hundirlo. ¿Quién pierde más? Ellos. Estamos listos para las apuestas que pidan”.
El presupuesto se podrá debatir hasta la medianoche del próximo 20 de octubre. Aunque se trata de un proyecto profundamente técnico, los debates políticos serán los que marquen el ritmo de la discusión. Mientras que el presidente Petro ha insistido en que, si no se aprueba, el país estará en “graves problemas financieros”, la oposición acusa en que lo que hace es darle gabelas para una campaña en la que el propio jefe de Estado ha dicho que la prioridad es reelegir a su proyecto político.
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Por Leonardo Botero Fernández
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