¿Alguna reforma tributaria, tributo nuevo o alza de los impuestos en Colombia o en el mundo ha tenido respaldo popular? La respuesta pareciera elemental y obvia, no hay que hacer grandes estudios o conjeturas para concluir que ninguna de estas medidas económicas es popular, pero pese a su rechazo general, ¿por qué son importantes y necesarias?
Lo primero es que en un mundo capitalista, donde la propiedad privada parece estar por encima de cualquier otro activo, se genera un sentimiento de egoísmo intrínseco por parte de los individuos que componen el Estado, pues nadie quiere que le quiten un dinero legalmente adquirido, con esfuerzo, disciplina, dedicación, en una palabra, con trabajo. Por ello, es muy fácil la demagogia y engañar a la comunidad en general induciendo a creer que los impuestos son dinero perdido, que es un comportamiento abusivo por parte del Gobierno de turno, generándose un sofisma al querer relacionar el cobro de tributos con la corrupción, dos cosas que teóricamente son absolutamente diferentes, pues una cosa es la necesidad de un Estado que pretende tener avances sociales, ir en búsqueda de la justicia material, de la equidad, que es el grado sumo de la igualdad material; y otra es que algunos delincuentes se aprovechen de sus cargos públicos para robarse los recursos de todos.
En otras palabras, es muy fácil atacar cualquier propuesta tributaria cuestionando: “¿Y para qué más impuestos? ¿Para qué se roben más plata?”.
Es precisamente ese apego a lo material lo que llevó a que se generarán las llamadas revoluciones burguesas, que fueron todo lo contrario al cuentazo del colegio, según el cual, la independencia norteamericana, la revolución francesa y nuestra propia independencia habían sido promovidas “por el pueblo”, pues lo que realmente sucedió es que estas revueltas las dieron las clases más privilegiadas, los ricos que estaban hastiados de pagar con sus bienes unas guerras que no consideraban propias y donde no tenían representación.
Fue eso lo que realmente originó lo que hoy conocemos como “democracias liberales” y un modelo económico de “liberalismo clásico”, donde el mensaje es “sálvese quien pueda”. Como diría el teórico liberal inglés, John Locke, “el que quiera comer pescado, que pesque”, el Estado está para proteger la propiedad privada y no para regalarle nada a los zánganos que no trabajan, no son disciplinados ni juiciosos, lo que hoy llamaríamos subsidios.
Precisamente, esa teoría que sus críticos denominaban como “capitalismo salvaje”, fue la que conllevo a que se presentará una gravísima desigualdad social donde los ricos eran más ricos y los pobres cada vez más pobres, “la explotación del hombre por el hombre” y la malsana plusvalía, como lo diagnosticaron sus opositores, lo que dio lugar a propuestas extremas como la extinción de la propiedad privada, partiendo de un modelo socialista.
Con posterioridad, se intentó un punto intermedio a estas posiciones extremistas que fue denominado “la tercera vía” o más comúnmente el “Estado de Bienestar”, donde se pretendió respetar la propiedad privada pero no a ultranza y donde se garantizaron estándares mínimos de salud, vivienda, alimentación, educación (los llamados derechos de segunda generación), bajo la idea del capitalismo social, establecido en Colombia con el principio constitucional fundante del Estado Social de Derecho.
Solo me preguntó: ¿Alguien sensato podría creer que se puede materializar dicho principio sin una carga tributaria drástica? Obviamente no, pero lo que sí origina es un caldo de cultivo para un populismo barato y tramposo de pedir mayor inversión social sin que sea obligatorio un mayor esfuerzo económico en los contribuyentes. Para decirlo más claro: si exigimos una mejor prestación de los servicios públicos, nos generará la obligación de contribuir mucho más. ¿A caso esto no es lo que sucede en los países menos desiguales?
¿Lo anterior en Colombia es utópico? Para nada, simplemente se necesitan unos componentes de Gobierno legítimo, transparente y ortodoxo en el manejo de los recursos públicos, como ya lo demostró en la administración de la capital el exalcalde Antanas Mockus ,cuando generó una ejemplar política pública de cultura tributaria que logró lo impensable a nivel mundial y es que los contribuyentes pagaran de manera voluntaria un 10% adicional a su obligación para alcanzar mayores logros de justicia social, y así lo hicieron alrededor de 70 mil ciudadanos, que daban por hecho que esos recursos públicos se manejarían como dineros sagrados.
En conclusión, es una majadería excusarse de que la plata de los impuestos se la roban para sacarle el cuerpo a esta obligación. Si queremos mejor salud, educación y vías, entre otros, debemos apretarnos el cinturón para tener una mejor calidad de vida.
* Profesor de la Facultad de Derecho - Universidad Libre
Por Óscar Castelblanco* / Especial para El Espectador
