Hay 152 candidatos con presuntos nexos con estructuras criminales

Un total de 152 candidatos con presuntos vínculos con estructuras criminales participarán en las elecciones de autoridades locales y regionales del próximo 25 de octubre, de los cuales el 81% tiene altas probabilidades de salir elegidos.

Así lo concluye una investigación de la Fundación Paz y Reconciliación y la Misión de Observación Electoral (MOE), revelada hoy, adelantada en 21 departamentos del país, con prioridad en ocho de ellos: Valle del Cauca, Córdoba, Bolívar, Sucre, Magdalena, Cesar, Antioquia y Santander. El objetivo fue establecer esas relaciones entre estructuras políticas y grupos criminales, de cara a los comicios.

Según la información recopilada, Sucre, con 47 aspirantes (25 de ellos a alcaldías) es el departamento con mayor riesgo en ese sentido. Le siguen Antioquia con 31 candidatos (23 a alcaldías), Magdalena con 11 y el Valle del Cauca, Bolívar y Cesar, los tres con nueve.

La investigación encontró cinco tipologías en lo que tiene que ver con los vínculos entre candidatos e ilegalidad. Por ejemplo, están los considerados herederos de la parapolítica, es decir, quienes izan las banderas de algún político investigado o condenado en el pasado por nexos con grupos de autodefensa. Generalmente son familiares en primer grado, como hijos, esposas, hermanos, primos, o personas que han trabajado en cargos políticos o administrativos del parapolítico en cuestión.

Como ejemplos, el informe menciona los casos de Rosa Cotes, candidata a la Gobernación del Magdalena y esposa del condenado parapolítico “Chico” Zúñiga, y el de Oneida Pinto, quien representa los intereses del detenido exmandatario “Kiko” Gómez y aspira a Gobernación de La Guajira.

Asimismo, hay candidatos que pertenecieron o que aún están vinculados directamente a organizaciones criminales; candidatos que tienen condenas o inhabilidades por parte de la Procuraduría, la Contraloría o la Fiscalía; candidatos ligados con redes de contratistas, que se han beneficiado del desfalco del erario público, y finalmente candidatos parapolíticos, que son los que pagaron condenas o firmaron pactos con grupos armados ilegales, como el pacto de Chibolo o Pivijay, y hoy aspiran a cargos de elección popular.

El informe se refiere también a violencia política. En total se han presentado 160 casos hasta el día de hoy, entre ellas 119 amenazas, 18 atentados y 17 asesinatos a candidatos a cargos públicos o políticos en ejercicio, lo cual significa que la participación política sigue siendo un ejercicio de alto riesgo en Colombia. 

Un total de 152 candidatos con presuntos vínculos con estructuras criminales participarán en las elecciones de autoridades locales y regionales del próximo 25 de octubre, de los cuales el 81% tiene altas probabilidades de salir elegidos.

Así lo concluye una investigación de la Fundación Paz y Reconciliación y la Misión de Observación Electoral (MOE), revelada hoy, adelantada en 21 departamentos del país, con prioridad en ocho de ellos: Valle del Cauca, Córdoba, Bolívar, Sucre, Magdalena, Cesar, Antioquia y Santander. El objetivo fue establecer esas relaciones entre estructuras políticas y grupos criminales, de cara a los comicios.

Según la información recopilada, Sucre, con 47 aspirantes (25 de ellos a alcaldías) es el departamento con mayor riesgo en ese sentido. Le siguen Antioquia con 31 candidatos (23 a alcaldías), Magdalena con 11 y el Valle del Cauca, Bolívar y Cesar, los tres con nueve.

La investigación encontró cinco tipologías en lo que tiene que ver con los vínculos entre candidatos e ilegalidad. Por ejemplo, están los considerados herederos de la parapolítica, es decir, quienes izan las banderas de algún político investigado o condenado en el pasado por nexos con grupos de autodefensa. Generalmente son familiares en primer grado, como hijos, esposas, hermanos, primos, o personas que han trabajado en cargos políticos o administrativos del parapolítico en cuestión.

Como ejemplos, el informe menciona los casos de Rosa Cotes, candidata a la Gobernación del Magdalena y esposa del condenado parapolítico “Chico” Zúñiga, y el de Oneida Pinto, quien representa los intereses del detenido exmandatario “Kiko” Gómez y aspira a Gobernación de La Guajira.

Asimismo, hay candidatos que pertenecieron o que aún están vinculados directamente a organizaciones criminales; candidatos que tienen condenas o inhabilidades por parte de la Procuraduría, la Contraloría o la Fiscalía; candidatos ligados con redes de contratistas, que se han beneficiado del desfalco del erario público, y finalmente candidatos parapolíticos, que son los que pagaron condenas o firmaron pactos con grupos armados ilegales, como el pacto de Chibolo o Pivijay, y hoy aspiran a cargos de elección popular.

El informe se refiere también a violencia política. En total se han presentado 160 casos hasta el día de hoy, entre ellas 119 amenazas, 18 atentados y 17 asesinatos a candidatos a cargos públicos o políticos en ejercicio, lo cual significa que la participación política sigue siendo un ejercicio de alto riesgo en Colombia.