"Hay iniciativas a las que el Congreso les tiene pereza": Nancy Patricia Gutiérrez

¿Cuál es el balance? ¿Cómo ha sido el empalme con el panorama político que se encontró el Gobierno en el Congreso de la República?

Sí se pudo tener una relación absolutamente respetuosa entre el Ejecutivo y el Legislativo. Más de 15 leyes aprobadas demuestran efectivamente que fue un trabajo arduo, porque los debates fueron mucho más extensos y para todas las iniciativas se requirieron acuerdos puntuales, no solo sobre un proyecto en general, sino sobre artículos específicos. Las discusiones fueron más intensas, pero al final lo logramos.

¿Qué hay para destacar por parte del Gobierno en la agenda legislativa?

Pasó un bloque de iniciativas económicas que tienen unos términos establecidos, como la ley de presupuesto, la ley bianual de regalías, el Plan Nacional de Desarrollo, una iniciativa muy discutida que fue la ley de financiamiento, que permitió conseguir recursos para que el Estado pudiera funcionar en 2019. También hay leyes técnicas, como la modernización de las TIC, la que le entrega herramientas a la Superintendencia de Salud para controlar los desmanes de algunas empresas prestadoras de servicios de salud. También la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio del Deporte, a cero costos porque es la transformación de entidades que estaban en el nivel ejecutivo a ministerios. También se aprobó la prórroga de la ley de orden público, y se crearon las zonas estratégicas de interdicción integral, que son herramientas para combatir los grupos armados organizados. Se aprobaron los convenidos con la CDE, el Código Disciplinario Único y la reforma que prohíbe la conexidad del delito político con secuestro y narcotráfico. También, quedaron aprobados en primera vuelta la modificación del sistema de regalías, una reforma para que en toda circunstancia la competencia para investigar y sancionar delitos sexuales contra menores será la justicia ordinaria. Se aprobó en último debate la rendición de cuentas para corporaciones públicas y de congresistas.

¿En qué materias siente alguna frustración o siente que quedó pendiente por parte del Congreso?

Para el Gobierno fue muy triste que se hundiera el proyecto anticorrupción que reforzaba las medidas en materia penal y habíamos incorporado cuatro iniciativas muy importantes, que se derivaban de la consulta, como la limitación de beneficios para la detención de personas que incurren en corrupción, la extensión de inhabilidades para el grupo empresarial para quienes incurren en corrupción, el aumento de la prescripción para la investigación de delitos contra el erario a 20 años y otra medida que obligaba a que una vez una empresa saliera con caducidad no podía ceder individualmente el contrato, sino que es una competencia de la administración que se tiene que hacer bajo normas de transparencia. También dio mucho pesar el hundimiento de la reforma política, que acababa con el voto preferente, que ha extendido la corrupción en la política, sobre todo en la violación de los topes de campaña, y el ingreso de dineros ilegales.

De siete proyectos que recogían los puntos de la consulta anticorrupción, se hundieron cuatro. Quedan vivos dos y se aprobó uno. Además del anuncio del presidente de radicar el 20 de julio un nuevo proyecto de eliminación de la casa por cárcel, ¿habrá proyectos para reformar el Congreso, como el tope de salarios a congresistas o la limitación de periodos?

Vamos a evaluarlos. El presidente Iván Duque me ha pedido que revisemos todas las propuestas que quedaron pendientes para tomar una decisión. Hay iniciativas que van a requerir una convocatoria nueva a los partidos políticos. Algunos dirán que eso ya se ha hecho, pero no nos podemos dar por vencidos. Hay que convocar a los partidos porque la coalición de gobierno y los partidos que se han declarado de gobierno no son suficientes para sacar adelante estas iniciativas y se requiere de los sectores independientes.

Le puede interesar: El muro de los impedimentos para la eliminación del beneficio de casa por cárcel

¿Por qué cree que, si esos proyectos salen de una mesa técnica en la que estuvieron todos los partidos, no pasaron en Congreso?

Creo que en muchos de ellos ha faltado voluntad política. Hay iniciativas a las que el Congreso les tiene pereza. Vamos a seguir insistiendo en proyecto que el Gobierno considera que son importantes para el país y que la ciudadanía las está esperando.

¿No siente que el Gobierno tiene alguna responsabilidad en el hundimiento de estos proyectos, específicamente en la eliminación de la casa por cárcel, por ejemplo, porque no hubo mensaje de urgencia?

No. El Gobierno propone y el Congreso dispone. Se presentaron las iniciativas, estuvimos al tanto del trámite y acompañamos a los ponentes en sus estudios. Hay que reconocer que las iniciativas en materia política, la reforma a la justicia y las reformas anticorrupción tienen una serie de enemigos dentro del Congreso, porque están de por medio las reglas del juego para el acceso al poder, para investigaciones y penas y eso genera prevención en el interior del Congreso. Más allá del Gobierno, que no le puede imponer nada al Congreso, menos en la relación amable pero distante que hemos mantenido, es el Legislativo el que toma las decisiones de manera independiente.

Eso quedó claro. Fue una confusión porque el presidente de la Cámara anunció al representante Vallejo como conciliador en otro tema, que era de la Comisión de Acusaciones. Entonces, algunas personas entendieron que era conciliador en el tema del estatuto anticorrupción y, cuando él me pregunta, efectivamente, le digo que mientras lo notifican oficialmente fuese adelantando el trabajo. Eso fue lo que él hizo, pero al momento de llegar se da cuenta de que no es el conciliador y, realmente, nadie sabía que él era el conciliador.

¿Quién fue el responsable, a su juicio, de ese último momento en el que había cómo salvar el proyecto, pero se tiraron la bola de lado a otro?

No me corresponde asignar responsabilidad. Le digo que nosotros como Gobierno tuvimos toda la voluntad, la atención y el acompañamiento, pero no hubo voluntad política en el Congreso para darle el trámite.

¿Cree que el Congreso le está cobrando al Gobierno el planteamiento de la relación que se estableció en la que el presidente dice que no hay 'mermelada'?

La aprobación de más de 15 proyectos de ley y otros define que sí se puede mantener una relación respetuosa. Aquellas iniciativas que se hundieron se hunden, porque se trata de normas que tienen un calado muy grande en la concepción del Estado social de derecho, como el cambio de las reglas de juego en la justicia o en la política.

Es decir, ¿se declara satisfecha con la actividad legislativa?

Diría que tenemos mucho más por hacer. Por eso el presidente Duque anunció que nuevamente llevaremos el 20 de julio las normas anticorrupción, pero también un paquete legislativo porque estamos convencidos de que el país requiere unas reformas. Ya la ministra de Justicia, Margarita Cabello, ha anunciado que llevará unas propuestas para la reforma a la justicia, yo aspiro a llevar unas propuestas para una reforma electoral y que podamos hacer acuerdo en varios temas.

Tanto en el proyecto de Ley TIC, como en el Plan Nacional de Desarrollo y este de eliminación de la casa por cárcel se ha criticado la falta de manejo políticos de los ministros. ¿Cree que debe haber un cambio en el gabinete?

Eso me lo han preguntado muchas veces, pero esa es una decisión exclusiva del presidente de la República.

Se siente que al Gobierno le faltó tiempo y que, en parte, se debe a que sufrió un desgate muy grande en las objeciones a la estatutaria de la JEP. ¿Cree que fue un error haber dedicado tanto esfuerzo a objetar un proyecto que, al final, la Corte Constitucional obligó a sancionar?

No fue ningún desgaste porque el presidente tomó esa decisión con absoluta convicción jurídica y política. Siempre consideramos que el Congreso podía revisar y subsanar algunos vacíos que quedaron dentro de esa ley, como el hecho de darle garantías de no extradición a tercero que, sin estar dentro del proceso que se hizo con las Farc, puedan llegar a ofrecer verdad. Ese es un error complicado que esperamos que se pueda corregir dentro de la legislación. El presidente cumplió con su labor y los debates intensos que se dieron en el Senado demostraron que se justificaba porque muchos congresistas reconocieron la necesidad de aclarar y llenar esos vacíos. Tanto que, en últimas, la interpretación de la mesa directiva del Senado y del Gobierno fue que se consiguieron los votos suficientes para que no fuera aceptado el informe que negaba las objeciones. Sin embargo, el Gobierno acata el fallo de la Corte y sancionó la ley.

En el tema de los impedimentos en el debate a la eliminación de la casa por cárcel, al leer el expediente encuentra que hay impedimentos aprobados y otros negados que tienen exactamente la misma causal, como familiares investigados o tener investigaciones en la Corte. ¿Por qué ocurre eso?

Creo que muchas consideraciones son políticas. Se requiere una reforma para el manejo de los impedimentos y hay un proyecto de la mesa anticorrupción sobre ese asunto que está en trámite, para reglamentar los conflictos de intereses, cómo anunciarlos y dejar en claro desde el momento de la posesión de los miembros de las corporaciones públicas. Ese proyecto ya pasó debate en comisiones primeras y en la plenaria del Senado, le falta un debate en la Cámara de Representantes. Se aplazó su decisión porque hay algunos congresistas que opinan que puede mejorar el régimen de conflicto de intereses y es una buena oportunidad para corregir lo que se presenta ya que no hay claridad suficiente claridad en el trámite de los conflictos de intereses.

Ministra, cuando usted estuvo investigada gozó del beneficio de prisión domiciliaria preventiva...

Sí, y fui absuelta por la Corte Suprema de Justicia porque se dieron cuenta de que había sido un error.

Corrió el rumor en el Congreso que el Gobierno o que usted había enviado al falso conciliador porque usted había gozado de ese mismo beneficio. ¿Qué decir al respeto?

Nunca oí eso. Me parece un rumor de quinta categoría y de mala fe de quien lo haya dicho.

Se podría entender que el Gobierno está satisfecho y que siente que va por buen camino, pero cualquier periodista o analista en el Congreso se da cuenta de que el Gobierno no ha tenido un año fácil ni el éxito que esperaba. Parece que hubiera dos realidades: una para el Gobierno, que cree que todo va bien, y otra para la opinión pública que siente que el Congreso está en un caso total.

Las decisiones del Congreso son autónomas. Son dos poderes públicos independientes, nosotros como Gobierno hemos hecho la labor que no corresponde y lo más de 15 proyectos aprobados indican que sí se pudo.

¿Cuál es el balance? ¿Cómo ha sido el empalme con el panorama político que se encontró el Gobierno en el Congreso de la República?

Sí se pudo tener una relación absolutamente respetuosa entre el Ejecutivo y el Legislativo. Más de 15 leyes aprobadas demuestran efectivamente que fue un trabajo arduo, porque los debates fueron mucho más extensos y para todas las iniciativas se requirieron acuerdos puntuales, no solo sobre un proyecto en general, sino sobre artículos específicos. Las discusiones fueron más intensas, pero al final lo logramos.

¿Qué hay para destacar por parte del Gobierno en la agenda legislativa?

Pasó un bloque de iniciativas económicas que tienen unos términos establecidos, como la ley de presupuesto, la ley bianual de regalías, el Plan Nacional de Desarrollo, una iniciativa muy discutida que fue la ley de financiamiento, que permitió conseguir recursos para que el Estado pudiera funcionar en 2019. También hay leyes técnicas, como la modernización de las TIC, la que le entrega herramientas a la Superintendencia de Salud para controlar los desmanes de algunas empresas prestadoras de servicios de salud. También la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio del Deporte, a cero costos porque es la transformación de entidades que estaban en el nivel ejecutivo a ministerios. También se aprobó la prórroga de la ley de orden público, y se crearon las zonas estratégicas de interdicción integral, que son herramientas para combatir los grupos armados organizados. Se aprobaron los convenidos con la CDE, el Código Disciplinario Único y la reforma que prohíbe la conexidad del delito político con secuestro y narcotráfico. También, quedaron aprobados en primera vuelta la modificación del sistema de regalías, una reforma para que en toda circunstancia la competencia para investigar y sancionar delitos sexuales contra menores será la justicia ordinaria. Se aprobó en último debate la rendición de cuentas para corporaciones públicas y de congresistas.

¿En qué materias siente alguna frustración o siente que quedó pendiente por parte del Congreso?

Para el Gobierno fue muy triste que se hundiera el proyecto anticorrupción que reforzaba las medidas en materia penal y habíamos incorporado cuatro iniciativas muy importantes, que se derivaban de la consulta, como la limitación de beneficios para la detención de personas que incurren en corrupción, la extensión de inhabilidades para el grupo empresarial para quienes incurren en corrupción, el aumento de la prescripción para la investigación de delitos contra el erario a 20 años y otra medida que obligaba a que una vez una empresa saliera con caducidad no podía ceder individualmente el contrato, sino que es una competencia de la administración que se tiene que hacer bajo normas de transparencia. También dio mucho pesar el hundimiento de la reforma política, que acababa con el voto preferente, que ha extendido la corrupción en la política, sobre todo en la violación de los topes de campaña, y el ingreso de dineros ilegales.

De siete proyectos que recogían los puntos de la consulta anticorrupción, se hundieron cuatro. Quedan vivos dos y se aprobó uno. Además del anuncio del presidente de radicar el 20 de julio un nuevo proyecto de eliminación de la casa por cárcel, ¿habrá proyectos para reformar el Congreso, como el tope de salarios a congresistas o la limitación de periodos?

Vamos a evaluarlos. El presidente Iván Duque me ha pedido que revisemos todas las propuestas que quedaron pendientes para tomar una decisión. Hay iniciativas que van a requerir una convocatoria nueva a los partidos políticos. Algunos dirán que eso ya se ha hecho, pero no nos podemos dar por vencidos. Hay que convocar a los partidos porque la coalición de gobierno y los partidos que se han declarado de gobierno no son suficientes para sacar adelante estas iniciativas y se requiere de los sectores independientes.

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¿Por qué cree que, si esos proyectos salen de una mesa técnica en la que estuvieron todos los partidos, no pasaron en Congreso?

Creo que en muchos de ellos ha faltado voluntad política. Hay iniciativas a las que el Congreso les tiene pereza. Vamos a seguir insistiendo en proyecto que el Gobierno considera que son importantes para el país y que la ciudadanía las está esperando.

¿No siente que el Gobierno tiene alguna responsabilidad en el hundimiento de estos proyectos, específicamente en la eliminación de la casa por cárcel, por ejemplo, porque no hubo mensaje de urgencia?

No. El Gobierno propone y el Congreso dispone. Se presentaron las iniciativas, estuvimos al tanto del trámite y acompañamos a los ponentes en sus estudios. Hay que reconocer que las iniciativas en materia política, la reforma a la justicia y las reformas anticorrupción tienen una serie de enemigos dentro del Congreso, porque están de por medio las reglas del juego para el acceso al poder, para investigaciones y penas y eso genera prevención en el interior del Congreso. Más allá del Gobierno, que no le puede imponer nada al Congreso, menos en la relación amable pero distante que hemos mantenido, es el Legislativo el que toma las decisiones de manera independiente.

Eso quedó claro. Fue una confusión porque el presidente de la Cámara anunció al representante Vallejo como conciliador en otro tema, que era de la Comisión de Acusaciones. Entonces, algunas personas entendieron que era conciliador en el tema del estatuto anticorrupción y, cuando él me pregunta, efectivamente, le digo que mientras lo notifican oficialmente fuese adelantando el trabajo. Eso fue lo que él hizo, pero al momento de llegar se da cuenta de que no es el conciliador y, realmente, nadie sabía que él era el conciliador.

¿Quién fue el responsable, a su juicio, de ese último momento en el que había cómo salvar el proyecto, pero se tiraron la bola de lado a otro?

No me corresponde asignar responsabilidad. Le digo que nosotros como Gobierno tuvimos toda la voluntad, la atención y el acompañamiento, pero no hubo voluntad política en el Congreso para darle el trámite.

¿Cree que el Congreso le está cobrando al Gobierno el planteamiento de la relación que se estableció en la que el presidente dice que no hay 'mermelada'?

La aprobación de más de 15 proyectos de ley y otros define que sí se puede mantener una relación respetuosa. Aquellas iniciativas que se hundieron se hunden, porque se trata de normas que tienen un calado muy grande en la concepción del Estado social de derecho, como el cambio de las reglas de juego en la justicia o en la política.

Es decir, ¿se declara satisfecha con la actividad legislativa?

Diría que tenemos mucho más por hacer. Por eso el presidente Duque anunció que nuevamente llevaremos el 20 de julio las normas anticorrupción, pero también un paquete legislativo porque estamos convencidos de que el país requiere unas reformas. Ya la ministra de Justicia, Margarita Cabello, ha anunciado que llevará unas propuestas para la reforma a la justicia, yo aspiro a llevar unas propuestas para una reforma electoral y que podamos hacer acuerdo en varios temas.

Tanto en el proyecto de Ley TIC, como en el Plan Nacional de Desarrollo y este de eliminación de la casa por cárcel se ha criticado la falta de manejo políticos de los ministros. ¿Cree que debe haber un cambio en el gabinete?

Eso me lo han preguntado muchas veces, pero esa es una decisión exclusiva del presidente de la República.

Se siente que al Gobierno le faltó tiempo y que, en parte, se debe a que sufrió un desgate muy grande en las objeciones a la estatutaria de la JEP. ¿Cree que fue un error haber dedicado tanto esfuerzo a objetar un proyecto que, al final, la Corte Constitucional obligó a sancionar?

No fue ningún desgaste porque el presidente tomó esa decisión con absoluta convicción jurídica y política. Siempre consideramos que el Congreso podía revisar y subsanar algunos vacíos que quedaron dentro de esa ley, como el hecho de darle garantías de no extradición a tercero que, sin estar dentro del proceso que se hizo con las Farc, puedan llegar a ofrecer verdad. Ese es un error complicado que esperamos que se pueda corregir dentro de la legislación. El presidente cumplió con su labor y los debates intensos que se dieron en el Senado demostraron que se justificaba porque muchos congresistas reconocieron la necesidad de aclarar y llenar esos vacíos. Tanto que, en últimas, la interpretación de la mesa directiva del Senado y del Gobierno fue que se consiguieron los votos suficientes para que no fuera aceptado el informe que negaba las objeciones. Sin embargo, el Gobierno acata el fallo de la Corte y sancionó la ley.

En el tema de los impedimentos en el debate a la eliminación de la casa por cárcel, al leer el expediente encuentra que hay impedimentos aprobados y otros negados que tienen exactamente la misma causal, como familiares investigados o tener investigaciones en la Corte. ¿Por qué ocurre eso?

Creo que muchas consideraciones son políticas. Se requiere una reforma para el manejo de los impedimentos y hay un proyecto de la mesa anticorrupción sobre ese asunto que está en trámite, para reglamentar los conflictos de intereses, cómo anunciarlos y dejar en claro desde el momento de la posesión de los miembros de las corporaciones públicas. Ese proyecto ya pasó debate en comisiones primeras y en la plenaria del Senado, le falta un debate en la Cámara de Representantes. Se aplazó su decisión porque hay algunos congresistas que opinan que puede mejorar el régimen de conflicto de intereses y es una buena oportunidad para corregir lo que se presenta ya que no hay claridad suficiente claridad en el trámite de los conflictos de intereses.

Ministra, cuando usted estuvo investigada gozó del beneficio de prisión domiciliaria preventiva...

Sí, y fui absuelta por la Corte Suprema de Justicia porque se dieron cuenta de que había sido un error.

Corrió el rumor en el Congreso que el Gobierno o que usted había enviado al falso conciliador porque usted había gozado de ese mismo beneficio. ¿Qué decir al respeto?

Nunca oí eso. Me parece un rumor de quinta categoría y de mala fe de quien lo haya dicho.

Se podría entender que el Gobierno está satisfecho y que siente que va por buen camino, pero cualquier periodista o analista en el Congreso se da cuenta de que el Gobierno no ha tenido un año fácil ni el éxito que esperaba. Parece que hubiera dos realidades: una para el Gobierno, que cree que todo va bien, y otra para la opinión pública que siente que el Congreso está en un caso total.

Las decisiones del Congreso son autónomas. Son dos poderes públicos independientes, nosotros como Gobierno hemos hecho la labor que no corresponde y lo más de 15 proyectos aprobados indican que sí se pudo.