'Hay mucha quietud en el Gobierno' para aplicar la Ley de Víctimas

Según la Ley de Víctimas, las personerías municipales deben ser las encargadas de la toma de declaraciones y de la instalación de las mesas municipales de organizaciones de víctimas. Además, deben ejercer la secretaría técnica de las mesas de participación, servir de puente entre las organizaciones y el Gobierno y ejercer vigilancia y control para que otras entidades involucradas en el proceso cumplan con sus obligaciones.

Una misión que, según lo dice en El Espectador Andrés Santamaría, presidente de la Federación Nacional de Personeros (Fenalper), se está cumpliendo a medias. El 80% de las oficinas en los municipios pequeños, que son la mayoría del país, no cuentan con las herramientas para cumplir su trabajo. A ello se suma que muchas de ellas están en zonas de conflicto, las amenazas de los grupos armados ilegales son constantes y el diagnóstico es crudo: la Ley de Víctimas no está funcionando bien, pese a que el Gobierno diga lo contrario.

¿Están las personerías cumpliendo su papel frente a la Ley de Víctimas?

El Gobierno tiene que entender que si quiere sacar la ley adelante, necesita a los personeros. Nosotros somos la puerta de entrada para el restablecimiento de los derechos de las víctimas; somos los que promovemos las asociaciones de víctimas en los municipios y los que tomamos la primera declaración, sin la cual no hay entrada al proceso. El 75% de las reclamaciones en el país las toman los personeros. Pero nos dieron todas esas funciones y no nos dieron recursos. El 80% de las personerías no cuenta con un computador y el 70% no tiene inmobiliario, no hay ni sillas, ni escritorios.

¿Pero por qué la ley no previó eso?

Cuando yo fui al Ministerio de Hacienda a preguntar, me dijeron que la Unidad de Víctimas nunca pasó por allí a contarles el tema de las personerías y que hay otra ley que tiene que ver con el tema fiscal que prohíbe asignarles más recursos. Mire que el solo envío por correo de las declaraciones de las víctimas puede costar más que el presupuesto asignado a una personería. Ni siquiera se hizo un convenio para que eso fuera gratis.

¿Y que dice, precisamente, la Unidad de Víctimas?

Creo que tiene buena voluntad, pero se equivoca. Por ejemplo, anunciaron que van a dar 85 computadores y, con todo respeto, con eso no hacemos nada, menos cuando 30 de ellos se los van a entregar a Bogotá, que es la única personería rica de este país, con un presupuesto anual de más de $100 mil millones.

¿Qué presupuesto maneja una personería pequeña, en el Chocó por ejemplo?

Pueden manejar $30 o $40 millones al año, algo que por mucho alcanza para pagar medianamente el salario del personero.

Según su diagnóstico, ¿está o no funcionando la Ley de Víctimas en cuanto a las personerías?

No está funcionando bien y el Gobierno lo sabe, porque se lo hemos dicho. Tienen que entender que la mayoría de las víctimas no están en los municipios más apartados del país. Si no se les dan a los personeros las herramientas mínimas, no van a poder dar una atención integral.

Y si el Gobierno lo sabe, ¿que está haciendo entonces?

Hay que ir al fondo del asunto. La Unidad de Víctimas no puede considerar que sólo con unos computadores y hacer unas capacitaciones es suficiente. Si de verdad quieren cumplir con su obligación como Estado y con los compromisos adquiridos a nivel internacional, tienen que fortalecer las personerías. El próximo miércoles voy a exponer esta realidad, que el país desconoce, ante la Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas en el Congreso.

¿Hay personeros amenazados?

El 20% de las personerías han recibido amenazas. Tenemos dos personeros asesinados este año. Ellos están en las zonas de conflicto, donde hay bandas criminales y guerrilla, y Colombia es un país que produce víctimas cada día, porque no se ha terminado el conflicto. La situación no es fácil, pero asumen el trabajo. El Gobierno tiene que reconocer eso, pero hay mucha quietud. Uno no puede hablar de restablecimiento de los derechos de las víctimas y de mejoras en las condiciones de los derechos humanos ante la comunidad internacional, cuando no se está haciendo nada por los personeros.

¿Y cómo se ve esta difícil situación de cara al proceso de paz que se adelanta con las Farc?

Será más necesario aún el fortalecimiento. Las personerías tienen hoy el sistema de información mas valioso del conflicto y no hay recursos para organizarlo. Ahora, un personero en zona de guerra me decía que las Farc hablan de alto el fuego, pero eso debería comprender desarmar las minas, porque parece que las están es aumentando.

Pero también hay que reconocer que frente a muchas personerías se ha dado un dañino proceso de politización...

Es cierto que ha habido errores y hasta se ha planteado el debate de eliminarlas. He sido muy crítico de las grandes personerías, que son las que han entrado en esa politización. Pero hay que tener en cuenta que a los políticos les importan son los puestos y los contratos y, como le digo, la mayoría de personerías no tienen ni lo uno ni lo otro. No creo que el error de unos pocos se les pueda atribuir a todos.

¿Quién tiene el deber de proveer recursos a las personerías?

Está reglado que es responsabilidad de los municipios, pero el Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, es el que determina hasta qué punto llegan los recursos. Por eso, entre más pobre sea el municipio, menos plata van a recibir. Creemos que debe haber una reforma donde se establezca una gran cuenta nacional para el sostenimiento de las personerías. No creemos que los recursos deban venir directamente de los municipios, porque eso se presta para el chantaje de los alcaldes, que cuando se les hace veeduría, los cortan. La idea es presentar un proyecto al Congreso, el próximo año, para cambiar este escenario. Ojalá exista voluntad política para aprobarlo.

Según la Ley de Víctimas, las personerías municipales deben ser las encargadas de la toma de declaraciones y de la instalación de las mesas municipales de organizaciones de víctimas. Además, deben ejercer la secretaría técnica de las mesas de participación, servir de puente entre las organizaciones y el Gobierno y ejercer vigilancia y control para que otras entidades involucradas en el proceso cumplan con sus obligaciones.

Una misión que, según lo dice en El Espectador Andrés Santamaría, presidente de la Federación Nacional de Personeros (Fenalper), se está cumpliendo a medias. El 80% de las oficinas en los municipios pequeños, que son la mayoría del país, no cuentan con las herramientas para cumplir su trabajo. A ello se suma que muchas de ellas están en zonas de conflicto, las amenazas de los grupos armados ilegales son constantes y el diagnóstico es crudo: la Ley de Víctimas no está funcionando bien, pese a que el Gobierno diga lo contrario.

¿Están las personerías cumpliendo su papel frente a la Ley de Víctimas?

El Gobierno tiene que entender que si quiere sacar la ley adelante, necesita a los personeros. Nosotros somos la puerta de entrada para el restablecimiento de los derechos de las víctimas; somos los que promovemos las asociaciones de víctimas en los municipios y los que tomamos la primera declaración, sin la cual no hay entrada al proceso. El 75% de las reclamaciones en el país las toman los personeros. Pero nos dieron todas esas funciones y no nos dieron recursos. El 80% de las personerías no cuenta con un computador y el 70% no tiene inmobiliario, no hay ni sillas, ni escritorios.

¿Pero por qué la ley no previó eso?

Cuando yo fui al Ministerio de Hacienda a preguntar, me dijeron que la Unidad de Víctimas nunca pasó por allí a contarles el tema de las personerías y que hay otra ley que tiene que ver con el tema fiscal que prohíbe asignarles más recursos. Mire que el solo envío por correo de las declaraciones de las víctimas puede costar más que el presupuesto asignado a una personería. Ni siquiera se hizo un convenio para que eso fuera gratis.

¿Y que dice, precisamente, la Unidad de Víctimas?

Creo que tiene buena voluntad, pero se equivoca. Por ejemplo, anunciaron que van a dar 85 computadores y, con todo respeto, con eso no hacemos nada, menos cuando 30 de ellos se los van a entregar a Bogotá, que es la única personería rica de este país, con un presupuesto anual de más de $100 mil millones.

¿Qué presupuesto maneja una personería pequeña, en el Chocó por ejemplo?

Pueden manejar $30 o $40 millones al año, algo que por mucho alcanza para pagar medianamente el salario del personero.

Según su diagnóstico, ¿está o no funcionando la Ley de Víctimas en cuanto a las personerías?

No está funcionando bien y el Gobierno lo sabe, porque se lo hemos dicho. Tienen que entender que la mayoría de las víctimas no están en los municipios más apartados del país. Si no se les dan a los personeros las herramientas mínimas, no van a poder dar una atención integral.

Y si el Gobierno lo sabe, ¿que está haciendo entonces?

Hay que ir al fondo del asunto. La Unidad de Víctimas no puede considerar que sólo con unos computadores y hacer unas capacitaciones es suficiente. Si de verdad quieren cumplir con su obligación como Estado y con los compromisos adquiridos a nivel internacional, tienen que fortalecer las personerías. El próximo miércoles voy a exponer esta realidad, que el país desconoce, ante la Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas en el Congreso.

¿Hay personeros amenazados?

El 20% de las personerías han recibido amenazas. Tenemos dos personeros asesinados este año. Ellos están en las zonas de conflicto, donde hay bandas criminales y guerrilla, y Colombia es un país que produce víctimas cada día, porque no se ha terminado el conflicto. La situación no es fácil, pero asumen el trabajo. El Gobierno tiene que reconocer eso, pero hay mucha quietud. Uno no puede hablar de restablecimiento de los derechos de las víctimas y de mejoras en las condiciones de los derechos humanos ante la comunidad internacional, cuando no se está haciendo nada por los personeros.

¿Y cómo se ve esta difícil situación de cara al proceso de paz que se adelanta con las Farc?

Será más necesario aún el fortalecimiento. Las personerías tienen hoy el sistema de información mas valioso del conflicto y no hay recursos para organizarlo. Ahora, un personero en zona de guerra me decía que las Farc hablan de alto el fuego, pero eso debería comprender desarmar las minas, porque parece que las están es aumentando.

Pero también hay que reconocer que frente a muchas personerías se ha dado un dañino proceso de politización...

Es cierto que ha habido errores y hasta se ha planteado el debate de eliminarlas. He sido muy crítico de las grandes personerías, que son las que han entrado en esa politización. Pero hay que tener en cuenta que a los políticos les importan son los puestos y los contratos y, como le digo, la mayoría de personerías no tienen ni lo uno ni lo otro. No creo que el error de unos pocos se les pueda atribuir a todos.

¿Quién tiene el deber de proveer recursos a las personerías?

Está reglado que es responsabilidad de los municipios, pero el Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, es el que determina hasta qué punto llegan los recursos. Por eso, entre más pobre sea el municipio, menos plata van a recibir. Creemos que debe haber una reforma donde se establezca una gran cuenta nacional para el sostenimiento de las personerías. No creemos que los recursos deban venir directamente de los municipios, porque eso se presta para el chantaje de los alcaldes, que cuando se les hace veeduría, los cortan. La idea es presentar un proyecto al Congreso, el próximo año, para cambiar este escenario. Ojalá exista voluntad política para aprobarlo.