El Ministro de Hacienda y Crédito Público, Oscar Iván Zuluaga, aclaró que en ningún momento los decretos de emergencia social que incluyen aumento del IVA para algunos licores benefician a la compañía que es propiedad de su familia.
La respuesta del jefe de la cartera de crédito público se dio en virtud de que el senador Rodrigo Lara le acusó de no haberse declarado impedido porque, según el denunciante, las normas dictadas al amparo de la emergencia social favorecen los intereses sociales del Ministro por tener una empresa importadora de licores.
"He aprendido a no ser ingenuo", le respondió el Ministro al Senador Lara al explicarle que durante su estadía en el Congreso y ahora en el Ministerio de Hacienda ha tenido el mayor cuidado a la hora de redactar normas o presentar proyectos al Congreso con el fin de no beneficiar los propios intereses.
"Provengo de una familia con prestigio en los negocios", reiteró el Ministro de Hacienda y asegurar que "yo igual he construido un prestigio muy importante y ese prestigio no lo voy a sacrificar por actos ingenuos".
El Ministro manifestó que en el Congreso aprendió que no se deben eludir responsabilidades siempre declarándose impedido cuando se redactar normas que podrían beneficiar los propios intereses.
Reiteró que "una de las lecciones que más aprendí en el Congreso de la República, fue a interpretar y a manejar con mucha precisión el conflicto de interés".
Una vez entregó las explicaciones el ministro de Hacienda, el senador Lara reiteró que "en este caso estamos ante un regalo tributario".
Reitero que es una medida que beneficia tributariamente a quienes importan licores. "Este hecho es incómodo, como lo es también el de los cigarrillos. Uno no entiende porqué se van a beneficiar con estas medidas tributarias a las grandes tabacaleras", indicó el ex zar anticorrupción y ahora senador de la República, Rodrigo Lara.
Reiteró que "a mi me hubiera parecido muy sano que de pronto usted se hubiera apartado de esta discusión o no hubiera firmado este decreto".
Un debate poco saludable
Pese a que los miembros de la Comisión Séptima del Senado han mostrado interés en debatir los decretos dictados al amparo de la emergencia social para reestructurar el sector de la salud, siempre hay alguna desviación hacia otros objetivos.
Volvieron a salir a flote los pedidos de renuncia al ministro de Protección Social, Diego Palacio, al que culpan de ser responsables de los decretos que tiene la salud en el limbo.
La senadora del opositor Partido Liberal Cecilia López pidió la derogatoria de los decretos de la emergencia social al tiempo que invitó al Congreso y al Gobierno a iniciar de inmediato la preparación de una verdadera reforma al sistema de salud.
"Estamos perdiendo un tiempo precioso por terquedad de este gobierno. Sacar una reforma al sistema por medio de unos decretos de emergencia es irresponsable, inhumano e improvisado", dijo la senadora.
Pero también arremetió contra el ministro de Hacienda que ya había sido objeto de una acusación por parte del senador Rodrigo Lara.
Dijo la senadora Cecilia López que "resulta irresponsable de parte del Ministerio de Hacienda que no sepa de cuánto es el hueco fiscal del sistema de salud y que haya partido de un diagnóstico equivocado. Cómo es posible meterse en ese problema sin tener claras las cifras fiscales".
La senadora liberal pidió al gobierno una explicación sobre el porqué "no ha pagado los $6 billones que debe al Fosyga por cuenta del pari passu".
De nuevo arremetió contra el Gobierno por desconocer las cifras requeridas para homologar los dos sistemas: el contributivo y subsidiado.
A la petición de renuncia del jefe de la cartera de Protección Social, de varios senadores, se unió el senador del opositor Polo Democrático, Alexander López.
En la Comisión Séptima del senado pudieron intervenir varios actores del sector de la salud.
El presidente de la Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales, Juan Carlos Giraldo admitió que las agremiaciones desconocen la real deuda que tienen con las instituciones. Dijo que hay infinidad de cifras.
Dijo que a junio de 2009, las cifras más actuales indican las obligaciones con las clínicas y los hospitales asciende a cerca de 3,5 billones, y que el 51 por ciento de las deudas están por encima de los 90 días.
Por El Espectador
