Ni siquiera en los más turbulentos pasajes del proceso 8.000, las instituciones políticas habían padecido un desprestigio como el que hoy las sacude. La lucha intestina de los partidos, el acecho de la Corte Suprema de Justicia al Congreso por las investigaciones de la parapolítica, la polarización en torno a la figura del Presidente y el aún no desmentido ánimo de su segunda reelección, los nebulosos resultados de la Ley de Justicia y Paz, el fantasma de la extradición del desmovilizado jefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, y el silencio del fiscal Mario Iguarán en procesos tan determinantes como los del caso Tasmania o Mario Uribe, han derivado en un panorama nacional tan pantanoso que nadie advierte una salida.
En su momento, muchos analistas cuestionaron la aparente ‘calma chicha’ que mostraba el Primer Mandatario, a pesar de que los parlamentarios de su coalición iban siendo capturados uno tras otro. Un silencio que sólo fue interrumpido cuando la Corte Suprema llamó a indagatoria a su primo Mario Uribe. Sin embargo, el jueves pasado, cuando el número de congresistas involucrados en el escándalo superó la exagera cifra de 61, Álvaro Uribe salió al ruedo y, con su tono vehemente de siempre, dio la voz de alerta pidiendo “no abrirles las puertas a las tentaciones de inestabilidad institucional”. Y luego, a voz en cuello, recordó que la inmensa mayoría de los hechos que en la actualidad siembran un manto de duda sobre la legitimidad del Congreso, ocurrieron antes de que él iniciara su mandato, en agosto de 2002.
Según Uribe, la solidez institucional que requiere el país en estos momentos de crisis debe estar fundamentada en un Congreso “tranquilo y eficiente en el cumplimiento de su deber” y una justicia “objetiva en sus investigaciones y sus fallos”. Sus palabras, más que un llamado a la tranquilidad, parecen confirmar el caos y la zozobra que hoy imperan. Ese Congreso cumplidor de su deber que reclama el Presidente es el mismo que iniciará la próxima semana el trámite de una reforma constitucional que busca permitir a los parlamentarios un fallo de segunda instancia en los procesos de su juez natural, la Corte Suprema. Una iniciativa vista con buenos ojos por la Casa de Nariño, ya radicada por el representante a la Cámara Julián Silva. Hay quienes dicen con sorna que “se tiró el salvavidas”.
El último cacique electoral que cayó en la redada parapolítica fue el presidente del Partido de la U, Carlos García Orjuela, fiel escudero de Uribe. El senador manifestó su confianza en la justicia y, como los demás encartados, se declaró dispuesto a acatar a la Corte, cualquiera sea la suerte que le depare su proceso. Dos semanas antes, la crispada marea parapolítica había arrastrado al senador y ex secretario privado del Presidente en la Gobernación de Antioquia, Rubén Darío Quintero. Entre tanto, la actual presidenta del Congreso, Nancy Patricia Gutiérrez, ripostó ante los medios la delicada denuncia que en su contra anticipó la confesa colaboradora política de las Auc Rocío Arias, sobre sus presuntos nexos con ‘paras’ de Cundinamarca. La denuncia no ha llegado a Corte, pero sus explicaciones no pedidas develan el pánico que ronda en el Capitolio.
Las esperanzas de atenuar la crisis de legitimidad del Congreso hoy están centradas en el proyecto de reforma política que él mismo tramita. Una iniciativa que pretende aprobar la pérdida de la curul para los partidos cuyos representantes resulten involucrados con grupos ilegales. Sin embargo, para el ex ministro Rafael Pardo, el problema es más de fondo y radica en la forma de hacer política. “Para las elecciones de 2006, Cambio Radical y el Partido de la U retiraron de sus listas a varios congresistas, quienes de inmediato fueron recibidos con los brazos abiertos por otros partidos uribistas. Hasta el Presidente,
durante el trámite de la reforma tributaria, dijo a los parlamentarios que la votaran antes de que los metieran a la cárcel. Todo eso es el núcleo del problema”, enfatizó.
¿Justicia desbordada?
El carcelazo del 20% de los miembros del Congreso tiene con los nervios alborotados al Poder Legislativo. Tanto que hay quienes se aventuran a decir que la Corte Suprema de Justicia se está desbordando. La misma Nancy Patricia Gutiérrez manifestó que todo lo que está sucediendo se parece a “la Santa Inquisición”, en referencia a que hoy los políticos son capturados antes de poder dar explicación alguna a la Corte. Ayer, el ministro del Interior, Carlos Holguín Sardi, se encargó de echarle más leña al fuego a la confrontación cuando, para aludir al mismo tema, planteó un diálogo institucional entre el Ejecutivo y la Corte para hablar, entre otras cosas, de las últimas decisiones.
“Ellos son magistrados y nadie les está pidiendo cuentas ni razones, pero no puedo dejar de manifestar mi preocupación porque algunas personas que no ofrecen mayor peligrosidad para la sociedad se las estén llevando a la cárcel sin siquiera oírlas. Eso, con todo el respeto que me merece la Corte, me parece que vale la pena que el país lo analice porque se trata de un derecho tan sagrado como la libertad y un poder tan inmenso como el de definir sobre ella. No pongo en duda que la Corte está actuando con objetividad, pero valdría la pena que reflexionáramos al respecto”, dijo Holguín. Un comentario que, en concepto de analistas, resulta tan peligroso como el tránsito sobre la delgada línea que hoy separa el diálogo institucional de la intromisión.
No obstante, la sugerencia tampoco es de poca monta. El Espectador dialogó con varios abogados de los parapolíticos y aunque en su mayoría señalan que el Alto Tribunal “ha sido garantista”, denuncian en voz baja lo que califican como “desmanes en los trámites de algunas pruebas”. Dicen, por ejemplo, que han sido citados en muy corto lapso para escuchar testimonios en distintas partes del país y que hay declaraciones de testigos “previamente ‘charlados’ por la Corte”. Otro alegó que se le negó la participación para controvertir a uno de los denunciantes contra su cliente, arguyendo los magistrados auxiliares que le estaban pidiendo una entrevista y no un testimonio juramentado. “En muchas ocasiones la Corte cita un testigo para declarar en contra de determinado político, pero le terminan preguntando por otros dirigentes que, por supuesto, no tienen defensores para controvertirlo”, añadió.
Más allá de los reclamos, al menos escurioso observar cómo a la popularidad del presidente Uribe —que hasta hoy era imbatible—, se le ha medido la de la Corte Suprema, aún cuando Presidente y Alto Tribunal avancen en direcciones contrarias. Las encuestas ya los ubican en los lugares de privilegio, y si el Primer Mandatario tuvo su clímax de respaldo en la histórica marcha del pasado 4 de febrero, ya se está gestando una nueva movilización de apoyo, esta vez a la Corte Suprema, prevista para la primera semana de mayo. “Con sus investigaciones, la Corte, lejos de desinstitucionalizar, lo que hace es contribuir a que las instituciones no sean burladas”, resaltó el ex magistrado de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández. “Me parece una exageración atribuirle sesgos ideológicos o revanchismos a la Corte porque los odios ni las pasiones pueden ser institucionales”, agregó Jaime Horta, presidente del Colegio de Abogados de la Universidad Nacional.
Aún así, no faltan las voces de algunos parlamentarios, hoy detenidos en La Picota, quienes han cuestionado la legitimidad moral de su juez natural, recordando que el publicitado narcotraficante italiano Giorgio Sale fue su anfitrión en distintos cocteles y eventos sociales. De hecho, en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes reposan hoy varias denuncias por estos aún insuficientemente esclarecidos encuentros. En general, El Espectador estableció que en la actualidad existen 177 procesos en contra de miembros de la Corte Suprema de Justicia por diversos presuntos delitos. Pero ninguno de ellos avanza. “Varios de los miembros de la Comisión tienen indagación preliminar en la Corte Suprema y parecen temerosos de vincular formalmente a algunos de los magistrados”, especuló una fuente del Palacio de Nariño.
De esos procesos que reposan en la Comisión de Acusación, 36 son por incidentes de desacato, es decir, por tutelas que han fallado en contra del Alto Tribunal y que éste no ha querido rectificar. Precisamente en el seno de dicha Comisión, hoy se
discute la competencia que tiene este órgano del Congreso para conocer de estos casos. La próxima semana se votará una tesis que ya hace carrera: que la Comisión de Instrucción del Senado —una célula que nunca ha operado— sea la encargada de resolver las sanciones que la Constitución establece al desacato. En reciente informe del representante Jorge Giraldo se plantea esta disyuntiva. Palabras más palabras menos, de ser aprobada esta modificación, en todos los casos habría lugar a inéditas sentencias en contra de los magistrados de la Corte Suprema. Una difícil decisión para los 15 miembros de la Comisión de Acusación.
¿Verdad y reparación?
Más allá de la problemática relación entre la Corte y el Ejecutivo, la inminente extradición del ex jefe ‘para’ Macaco, evidencia también la puja institucional que hoy se advierte por cuenta de los juicios al paramilitarismo. El 2 de abril, la Corte Suprema autorizó su extradición a E.U. argumentando que con ésta no se desconocen tratados internacionales que amparan el derecho a la verdad de las víctimas. Según el Alto Tribunal, el hecho de que sea procesado por una Corte Federal no obstaculiza que la justicia colombiana pueda seguir auscultando los delitos que cometió.
Sin embargo, una semana después la misma Corte negó la extradición del paramilitar Manuel Enrique Torregrosa Castro, con la tesis de que los derechos de verdad, justicia y reparación de las víctimas están por encima de cualquier solicitud de extradición. Por eso, el abogado de Macaco se amparó en ese contradictorio concepto para pedir su no extradición, mientras el Gobierno sigue empecinado en ella. La decisión está embolatada por varios fallos de tutela, pero el Ejecutivo está decidido a hacerla cumplir.
Y a propósito de jefes paramilitares, 33 meses después de la entrada en vigencia de la Ley de Justicia y Paz, sus resultados son realmente paupérrimos, en especial en el peliagudo asunto de la reparación a las víctimas. Según la Comisión Nacional de Reparación, los anunciados bienes que entregarían los ‘paras’ siguen en veremos y hasta hoy apenas han devuelto un patrimonio que alcanza la pírrica suma de $8.000 millones.
Además, de 3.257 postulados para Justicia y Paz, tan sólo 12 han entregado bienes al Fondo de Reparación. Pero lo que es peor aún, la cantidad y el tipo de bienes entregados resultan ofensivos: 4.518 vacas, 19 caballos, 70 pares de zapatos, 652 prendas de vestir en regular estado y un averiado televisor de 29 pulgadas. Si se tuviera que reparar a las 125.368 víctimas registradas con lo que sus victimarios le han entregado al Estado, a cada una le corresponderían apenas $7.000.
El senador Armando Benedetti denunció además, esta semana, que en los dos años y medio de aplicación de la Ley las víctimas tampoco han recibido asistencia legal, acceso y facilidades para denunciar, ni mucho menos seguridad. “Las víctimas están siendo asesinadas por denunciar los delitos cometidos en su contra. Hasta hoy han muerto 15, entre los que se encuentra Yolanda Izquierdo, una líder que representaba a 800 familias de Córdoba y que fue asesinada a pesar de haber denunciado las amenazadas ante diferentes autoridades”, reveló.
El caos es tal que la Defensoría del Pueblo se ha quedado corta en las tareas que se le impusieron: el 91% de las víctimas registradas no cuenta con abogado, mientras se asignaron 68 defensores públicos que atienden, cada uno, a 815 víctimas. En la Fiscalía y la Procuraduría tampoco se han visto mayores avances. Para Justicia y Paz, la Fiscalía asignó 23 fiscales que deben atender 3.001 víctimas en dos salas. En la Procuraduría apenas hay 12 procuradores judiciales designados.
Corte vs. Gobierno
Y no sólo avanzan a pasos de tortuga las versiones libres de los ex jefes ‘paras’, la propia Corte Suprema ha advertido que tampoco lo hacen los procesos neurálgicos de la parapolítica. Por eso, en dos oportunidades el Alto Tribunal ha manifestado su malestar por la morosidad en los expedientes de los congresistas que renunciaron a su fuero para evitar el juicio de la Corte. El mismo fiscal Mario Iguarán, en el caso del ex senador Jorge Castro Pacheco, reconoció que “se dio papaya” al no resolver a tiempo las denuncias que cursaban en su contra desde hacía más de un año. Dos expedientes que llevan sendos fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia por el caso de Mario Uribe y del ex paramilitar Tasmania, esperan también cruciales decisiones.
Este semanario conoció que en este último proceso —que en septiembre del año pasado suscitó el más agrio enfrentamiento entre Uribe y la Corte, al punto de que el Primer Mandatario denunció por injuria y calumnia al ex presidente del Alto Tribunal César Julio Valencia Copete— el propio presidente Uribe pidió ser escuchado en ampliación de denuncia por los presuntos abusos que, según él, cometió el arquitecto de la parapolítica, magistrado auxiliar Iván Velásquez Gómez, agitando aún más una pugna que parece más de ferrocarriles que de trenes y que ahonda aún más la crisis institucional de la que el mismo Uribe se queja.
Por eso, mientras el presidente Uribe llama a preservar la solidez institucional y a mantener el buen camino, algunos ya avizoran que se está formando la tan mentada “hecatombe” que le daría paso a la segunda reelección del Primer Mandatario. En medio de la crisis, ya se proponen salidas como la convocatoria a una Asamblea Constituyente, la revocatoria del mandato del Congreso o el llamado a nuevas elecciones. Sobre este último tema, el ex presidente César Gaviria sostiene que lo justo sería entonces convocar también a nuevas elecciones presidenciales. “¿Cómo así que los votos para Congreso fueron malos y los de la Presidencia fueron buenos?”, se pregunta.
No hay duda: más allá de sus logros económicos o avances en la confrontación con la guerrilla, el segundo período presidencial de Álvaro Uribe ha estado repleto de tropiezos. Él mismo señala, sin embargo, que buena parte de las controvertidas revelaciones sobre vínculos de grupos armados ilegales con la dirigencia colombiana, han sido fruto de su política de seguridad democrática. La oposición dice que se equivoca de cabo a rabo y la polarización del país aumenta. Lo cierto es que hoy por hoy el Congreso tiembla, la Corte acecha, la Fiscalía no avanza mucho en el tema y, por cuenta de las verdades del paramilitarismo aún sin esclarecerse, Colombia transita bajo el paraguas de la incertidumbre absoluta.
La agonía de la reforma política
El triunfo político de los grandes partidos con la aprobación en quinto debate de la reforma política podría durar poco. Las cuentas apuntan a la muerte de la iniciativa a su llegada a la Comisión Primera del Senado, que de sus 19 miembros, tiene cuatro detenidos: Ciro Ramírez, Rubén Darío Quintero, Luis Fernando Velasco y Mauricio Pimiento. Dos más son investigados: Carlos García Orjuela y Eduardo Enríquez Maya.
Eso significa que sólo 13 congresistas estarían habilitados para votar. Y para que el acto legislativo pase ese séptimo y penúltimo debate, se requieren 10 votos. Y las cuentas, hoy por hoy no le dan al Gobierno.
Así las cosas, de los 13 votos hábiles, cinco serían en contra, lo que significaría el hundimiento del proyecto que se oferta como la solución a la crisis de legitimidad del Congreso. Claro que hay unos buscando la manera de tirar un salvavidas. ¿Cómo? Dicen que los reemplazos y los investigados sólo pueden declararse impedidos en la votación del punto referente a la ‘silla vacía’, mas no en todo el trámite del proyecto.
Por Hugo García Segura / Juan David Laverde Palma
