Fueron tantos los tumbos que dio el referendo desde que se gestó en las entrañas del uribismo, hace ya más de dos años y cuatro meses, que, se diría, fue un verdadero milagro que llegara vivito y coleando a estudio de la Corte Constitucional. Primero levantó ampolla un enjambre de recolectores de firmas de los que en su momento se denunció que recibían $200 por cada rúbrica que consignaran en las planillas para soportar la iniciativa. Luego se supo que la Registraduría invalidó casi un millón de éstas. Aun así, las turbias cuentas de financiación impidieron los certificados de los organismos electorales.
Ya en el Congreso, el uribismo y la oposición se trenzaron en agrios debates, y en medio de la polarización trascendió que la empresa Transval, encargada de recoger y llevar a la Registraduría las firmas, formaba parte de la captadora DMG. La polvareda siguió y el 16 de diciembre de 2008, al filo de la medianoche, en los estertores del período legislativo regular, ‘del ahogado el sombrero’, Palacio convocó a sesiones extras para evitar el inminente hundimiento de la iniciativa. Se salvó entonces por estrecho margen, como ocurrió nueve meses después en la votación de conciliación del texto en ambas Cámaras.
Esta vez los votos de cinco tránsfugas de Cambio Radical, trasteados al Partido de la U, le dieron nuevo oxígeno al referendo. La cascada de anomalías en el trámite fueron advertidas por académicos, juristas, políticos de larga espuela y candidatos presidenciales en ciernes. El 9 de octubre del año pasado el asunto llegó a la Corte Constitucional. Desde entonces, las cábalas sobre su suerte oscilaban de acuerdo con los intereses de cada bando. Muchos lo daban por aprobado. La bendición del Procurador el 12 de enero reforzó esa tesis. Pero el 3 de febrero siguiente el magistrado Humberto Sierra Porto por primera vez le puso los puntos sobre las íes al referendo.
Pidió que se hundiera porque el Comité Promotor se voló los topes de financiación en casi $1.600 millones, porque éste se valió de una entidad privada para triangular estos recursos y burlar la ley. Además, porque faltaron las certificaciones de la Registraduría y del Consejo Nacional Electoral; porque el Congreso modificó sin competencia la pregunta del referendo para que el Presidente pudiera candidatizarse en 2010, y no en 2014; por la irregular convocatoria a sesiones extras de diciembre de 2008 y por los votos ilegítimos de cinco parlamentarios de Cambio Radical. Cuatrocientas treinta y siete páginas sustentaban sus argumentos. El camino de la reelección se ponía cuesta arriba.
Las discusiones
El 11 de febrero se abrió el debate en Sala Plena. Punto por punto Sierra Porto defendió su trinchera. El primero en ripostar fue su colega Jorge Pretelt —ternado por Uribe a esa corporación—. En su condición de ex magistrado del Consejo Nacional Electoral, el abogado cordobés cerró filas en favor de la constitucionalidad de la Ley 1354 de 2009. En una detallada exposición resaltó interpretaciones diversas sobre los mecanismos de participación ciudadana y coincidió con la posición de Alejandro Ordóñez en relación con que los distintos vicios advertidos no tenían el peso suficiente para impedir que el pueblo se pronunciara en las urnas.
Con algunas reservas se unió a esas tesis el magistrado Mauricio González, aunque con el correr del debate se fueron quedando solos. La discusión, sin embargo, se dio en un entorno tranquilo. Desde cada orilla se defendieron los argumentos o se atacaron los mismos, pero la camaradería nunca estuvo en riesgo. Pronto se fueron alineando las tendencias que se formalizaron a comienzos de esta semana. En el entretanto, magistrados del Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura y la Corte Suprema de Justicia, con prudente distancia, iban siendo enterados de las minucias del neurálgico debate. En lenguaje cifrado se oían charlas en el seno del Palacio de Justicia y todos, calculadora en mano, aventuraban pronósticos.
El martes y el miércoles últimos la Corte avanzó en la ponencia negativa de Sierra Porto y en virtud de las más de 1.500 intervenciones ciudadanas que le pedían a la corporación que se pronunciara sobre los riesgos de un tercer mandato consecutivo de Álvaro Uribe Vélez, abordó el asunto. Fue aquí donde se presentaron las discusiones más apasionantes. Pretelt y González fijaron pronto su punto de vista: el pueblo sí tiene facultad y competencia para reformar la Constitución, como en este caso se pretendía. Los magistrados Nilson Pinilla y María Victoria Calle se mostraron tentados a apoyarlos, pero lo que se preveía sería una votación apretada de 5-4 en contra de esa tesis, el viernes se transformó en un 7-2 contundente. Sólo los magistrados Pretelt y González fueron consistentes.
En la mañana del viernes, antes de que empezara el último debate, salió a colación la incómoda visita al magistrado Nilson Pinilla que protagonizaron el jueves el secretario jurídico de Palacio, Edmundo del Castillo, y la candidata a Fiscal Margarita Cabello. La metida de pata cobró un efecto bumerán y unificó aún más a la Corte que no quería que su independencia quedara en entredicho. Ya entonces el referendo estaba más que hundido. Sobre el mediodía un magistrado pidió un poco más de tiempo para reflexionar y se dispuso que a las 2:30 p.m. se reanudaría la sesión.
Paralelamente, a cuentagotas se filtraban los primeros resultados. A las cinco de la tarde ya había humo blanco. Diez minutos después la radio anunciaba la primicia: el calvario del referendo había llegado a su fin. Una hora más tarde, cuando la noticia ya había sido digerida por el país político, fue anunciada en una concurrida rueda de prensa, que contó con más de 120 periodistas, por Mauricio González. A las 7:00 p.m. culminó. Desde esa hora comenzó la carrera por suceder a Álvaro Uribe Vélez.
Por Redacción Judicial
