La Misión de Observación Electoral (MOE) registró 411 hechos de violencia contra líderes políticos, sociales y comunales durante los primeros 10 meses de 2020, lo que, en su concepto, evidencia cómo las afectaciones contra los distintos tipos de liderazgo están lejos de llegar a su fin, pese a que durante los periodos de confinamiento por la pandemia del COVID-19 este fenómeno de violencia se redujo significativamente. Sin embargo, durante el último trimestre analizado se registró un aumento preocupante.
“En el periodo analizado, el fenómeno de la violencia contra líderes políticos, sociales y comunales mantiene la tendencia observada en años anteriores, y se concentra en los departamentos de Nariño, Cauca, Antioquia, Norte de Santander, La Guajira, Córdoba y Magdalena. Por su parte, de los 137 asesinatos ocurridos en el periodo analizado, el 62 % se perpetraron en zonas PDET, priorizadas por el Gobierno Nacional”, dice un informe dado a conocer hoy por la organización no gubernamental.
La directora de la MOE, Alejandra Barrios, señaló que Nariño es la región que genera más preocupación, pues en ese territorio confluyen dinámicas relacionadas con la cadena productiva del narcotráfico y la búsqueda del control por parte de distintos grupos armados ilegales, que han dejado a población indígena, afro y campesina en la mitad de la confrontación, reseñando que en lo corrido del segundo semestre de 2020, se han perpetrado masacres contra población joven del departamento.
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Llama la atención que, según el documento, hasta junio no se tenía registro de agresiones contra líderes sociales, pero entre julio y octubre se reportaron seis asesinatos y un atentado. En cuanto a los tipos de liderazgos, los líderes sociales son los que más vulneraciones han sufrido, concentrando el 54,2 % de los hechos. Es decir que uno de cada dos líderes agredidos durante estos meses en Colombia fue un líder social. Esto con el agravante que el 63,5 % de las agresiones en su contra fueron letales.
Los líderes políticos fueron el segundo tipo de liderazgo más afectado con 140 hechos registrados, de los cuales el 61 % se presentaron contra funcionarios electos en 2019. Así, durante los primeros diez meses de 2020, 86 funcionarios fueron víctimas de hechos de violencia: un gobernador, tres diputados, 18 alcaldes, 59 concejales y cinco ediles. Siguiendo la misma tendencia observada desde el primer semestre del año, se evidencia la intención de este tipo de violencia: controlar no solo el actuar social sino también el de los gobiernos locales a partir del sometimiento de sus líderes.
Finalmente, el informe revela que se presentaron 61 hechos de violencia contra líderes comunales, un 30% más que en el mismo periodo en 2019. La MOE destaca no solo el incremento en número de hechos, sino en su letalidad, ya que el 65,6% de estos fueron asesinatos o atentados. “Esto pone a los líderes comunales en una situación de riesgo particular, con el agravante que estos ciudadanos son la expresión de la democracia en el nivel más cercano a la población”, dice.
“Las diferencias entre los tipos de agresiones entre los distintos liderazgos evidencian patrones distintos, pues mientras con los líderes políticos la tendencia es a disuadir y controlar su labor por medio de las amenazas, en el caso de los líderes sociales y comunales, en la medida que en escenarios de apropiación del territorio por las comunidades que allí habitan no es fácil de destruir con una amenaza, los actores que ejercen esta violencia buscan silenciar las voces como primera opción”, enfatizó Barrios.
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De otra parte, de acuerdo con el monitoreo de violencia, 96 de los 411 hechos registrados corresponden a agresiones contra lideresas, particularmente contra lideresas sociales, que sufrieron el 63.5% de las afectaciones. El tipo de violencia más recurrente que se ejerce contra lideresas fue la amenaza, la cual recurre a simbolismos y estereotipos de género.En cuanto a la violencia contra líderes afro e indígenas, esta representa el 16% de los hechos registrados. La MOE destaca con preocupación la naturaleza de estas agresiones, ya que el 55% de los hechos contra los líderes afro fueron letales, y, en el caso de los líderes indígenas, el 60%.
Finalmente, el informe precisa que de los 164 municipios donde se han presentado hechos de violencia contra líderes políticos, sociales y comunales en lo corrido del años, en el 55% de ellos (91 municipios) hay presencia de al menos un grupo armado ilegal. Ante este contexto, el documento plantea que para esclarecer estos hechos, es indispensable que exista un esquema de investigación y judicialización lo suficientemente robusto para que la verdad judicial exista en los casos de violencia contra líderes, pues sin encontrar a los verdaderos responsables de estos crímenes no será posible atacar realmente el problema.
Según Ángela Rodríguez, directora para América del Sur del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria – NIMD, organización que trabaja junto a la MOE en la protección de liderazgos sociales, políticos y comunales, “garantizar la existencia física de los líderes sociales es el requisito básico para construir una democracia incluyente”, por lo que le hizo un llamado a las autoridades para fortalecer el tejido social a nivel local.
