Este domingo, El Espectador reveló que el Consejo Nacional Electoral, presidido por Maritza Martínez (Partido de la U), firmó dos convenios interadministrativos por un total de $22.000 millones con la Empresa de Recursos Tecnológicos del Valle (ERT), que tiene nexos con la colectividad de la que hace parte Martínez y con la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro. El senador Humberto de la Calle criticó los contratos y reiteró la necesidad de “reformular de manera racional el Órgano Electoral”.
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El CNE firmó los dos contratos con el fin de crear una infraestructura tecnológica propia y así no depender administrativamente de la Registraduría. Con el último Plan Nacional de Desarrollo y resoluciones del Ministerio de Hacienda, desde este año, la autoridad electoral tiene mayor autonomía y también le ha conferido más poder a la persona que ocupe el cargo de presidente del órgano electoral. En ese panorama, Alfonso Campo (Partido Conservador) y Martínez realizaron esos dos acuerdos, el primero por el monto de $11.000 millones, que se ejecutó en menos de dos meses; y otro por $10.999 millones, que se realizó diez días después y con el mismo fin.
La ERT fue escogida en los dos contratos a razón de ser la más económica, pero ha generado dudas por ser una empresa pública manejada por la Gobernación del Valle y Emcali. En este momento, la gobernadora Dilian Francisca Toro, del Partido de la U, es la que tiene más peso en la compañía. Otras figuras cercanas a la colectividad ocupan puestos en la mesa directiva de la compañía como miembros suplentes y miembros principales.
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De la Calle señaló que la idea de tener más independencia frente a la Registraduría fue una “disculpa” para pactar esa inversión en tecnología, que es “un absurdo”. Así, aseguró que “la Organización Electoral es una sola” y no deberían “existir contratos redundantes”. El senador ha criticado en el pasado la composición del CNE y ha propuesto en dos ocasiones su reforma, que se han hundido.
“Propuse varias veces reformular de manera racional el Órgano Electoral y darle independencia y el Congreso hizo oídos sordos”, afirmó.
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Con la investigación que se desarrolla en el CNE sobre la campaña presidencial de Gustavo Petro, voces del oficialismo e incluso el mismo presidente, cuestionan la composición partidista del órgano electoral y aseveran que afecta de manera directa la calidad de las decisiones que toma. En las últimas semanas, la disputa entre el CNE y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes se ha llevado la atención por cuál sería la entidad con las competencias para realizar la indagación.
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