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Hablar mal del Congreso podría ser el deporte nacional de los colombianos. Una costumbre que, no obstante, está justificada por los escándalos, la falta de compromiso y la desconexión con los intereses de la gente, en síntesis, por un deterioro de la confianza. Decir que en todas las encuestas más del 80 % tiene una imagen negativa de los congresistas y que aparecen en el top del desprestigio junto con las Farc, el Eln e incluso Nicolás Maduro, es llover sobre mojado.
A solo ocho días de elegir un nuevo Congreso, el reto está en recuperar esa confianza perdida. Volver a creer —así suene muy romántico— será todo un proceso, por lo que un grupo de ciudadanos de a pie y unos académicos que estudian el comportamiento del Legislativo, consultados por El Espectador, encontraron que puede haber por lo menos cinco puntos en común para que vuelva a haber confianza: no robarse los recursos públicos, “untarse de pueblo”, tener menos pero mejores congresistas, arriesgarse a hacer reformas profundas y bajarse el salario.
La palabra corrupción está íntimamente ligada a la de congresista. No hubo ciudadano ni académico con quien habláramos, que no recordara los escándalos de unos cuantos, quienes dejaron de merecer que los llamaran “honorables”. “La mayoría de congresistas llegan allá para sacar tajada y aprovecharse del dinero público. ¡Cómo va a creer uno en ellos!”, apunta José Antonio Lázaro, un administrador de empresas de 37 años, que cuenta que va a salir a votar solo por costumbre por los mismos “badulaques” por los que ha votado siempre.
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Felipe Botero, director de Congreso Visible, le responde que aunque puede sonar trivial, la gente tiene que empezar a pensar que la elección de un político es importante: “Cuando dicen que los congresistas son unos sinvergüenzas, en el fondo lo que están diciendo es que quisieran unos congresistas mejores, que hicieran un trabajo que no los beneficiara solamente a ellos mismos, sus familias o amigos. Eso está en manos de los ciudadanos con el voto”.
Sin embargo, ya elegidos, nuestros parlamentarios suelen volverse “diabéticos” por el exceso de “mermelada” que reciben del Gobierno de turno para hacer obras que prometieron en sus regiones. Para eso, Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), propone que los procesos sean transparentes: “Lo mejor sería que supiéramos por encima de la mesa a dónde van los recursos; que sepamos a qué congresista el Gobierno le está entregando y cómo está contratando”.
“Lo que tienen que hacer es untarse de pueblo. Allá van, piden el voto y luego se olvidan”, dice Lucía Barrera, una mujer de 42 años que trabaja como costurera y que todavía está pensando si sale o no a votar el 11 de marzo “por un tipo de Boyacá”, pues no se sabe ni su nombre. El problema de desconfianza se podría solucionar si se ponen en los zapatos de personas como ella, algo que sugiere Botero: “La confianza es interacción. Uno confía en las personas con las que interactúa, uno no confía en un extraño en la calle” y eso es lo que se vuelven los congresistas cuando están en el Capitolio. “Yo quisiera —agrega el director de Congreso Visible— una rendición de cuentas constante, que no sea tan pasiva y que yo, como ciudadano, pueda estar seguidamente tocándoles la puerta a los congresistas para reclamarles”.
La reducción del Congreso sigue en las conversaciones de los ciudadanos, pero para María Lucía Torres, directora del Observatorio Legislativo de la Universidad del Rosario, lo que debe considerarse es mejorar la oferta de candidatos que cada cuatro años tenemos, a partir de “unos filtros desde las autoridades electorales, a través de una valoración previa, pues dejarlo en manos de los partidos y movimientos políticos está visto que no funciona. Siempre terminamos en un desprestigiado Congreso lleno de sillas vacías”. No se trata —aclara ella— de complicar los requisitos para ser candidato, pero sí de una apuesta para que no lleguen tan fácilmente la pareja, el hermano o el socio del que ya fue condenado.
Para la mayoría de los ciudadanos con los que hablamos, hay grandes reformas que todavía son una tarea pendiente y que el Congreso no ha querido hacer, a pesar de que haya otros como Juan Esteban Zapata, un abogado de 31 años, que crean que hay suficientes leyes en el país y simplemente hay que aplicarlas. María Leonor Pedraza, una mujer de 67 años que tiene a sus dos hijos desempleados, está en el primer grupo, pues cree que los congresistas deberían “trabajar por el trabajo”, así suene redundante.
Alejandra Barrios le da la razón y no considera que sea simplemente una obligación del presidente y su gobierno. “La salud, la educación, las pensiones, leyes del primer empleo, son una serie de reformas que si el Congreso no modifica con convicción, va a seguir sufriendo el mismo desprestigio”.
“Los partidos políticos en Colombia son muy deficitarios en ofrecerles a los ciudadanos proyectos políticos de largo plazo y que uno sepa qué futuro quieren vender. Yo no sé qué ofrecen los partidos Liberal, Conservador, Cambio Radical, la izquierda o la derecha, por igual”, advierte Felipe Botero, frente a la crisis de propuestas que, asegura, se está repitiendo en esta campaña.
Tal vez si lo anterior funcionara mejor, la gente no desconfiaría del salario de los congresistas y los reclamos no serían tan recurrentes. Pero lo siguen siendo. Abel Niño, un pensionado de 76 años, dice que dejó de votar hace mucho tiempo porque “da dolor que suban para coger ese sueldo grandote de $25 o $30 millones y vayan solo a hacer acto de presencia”. La democracia cuesta, responde Botero desde Congreso Visible, sin embargo, concluye que sí hay que reformar la manera como se les sube el salario, para que no se repita que por una cuestión técnica pero antipática, el porcentaje de su incremento sea mayor que el del salario mínimo.
Que estas cinco ideas sirvan para que haya una buena relación entre los ciudadanos y los congresistas, dependerá del voto de los primeros el 11 de marzo y del comportamiento de los segundos después del 20 de julio.
* Analista de Blu Radio.