Como era de esperarse, la Iglesia no compartió la histórica sentencia que profirió la Corte Constitucional en materia de eutanasia, ampliando las circunstancias de acceso a la muerte digna. Precisamente el concepto de dignidad es el que no comparten los obispos del país.
“La práctica de la eutanasia constituye en una seria ofensa a la dignidad de la persona humana y fomenta la corrosión de valores fundamentales del orden social”, señaló la Conferencia Episcopal en un comunicado, sin explicar por qué la decisión de morir de forma autónoma afecta la dignidad.
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En ese mismo sentido, la Iglesia consideró que la autodeterminación de las personas acerca de sus vidas y acerca de sus muertes deja un mal precedente para la sociedad. “No favorece la construcción de un orden social en el que podamos sentirnos prójimos”.
Sin apelar a otros argumentos que no sean los religiosos, los obispos insistieron en otras alternativas que el Estado debería de privilegiar, como la atención médica a enfermos terminales, graves e incurables; las ayudas económicas y psicosociales al paciente, su familia y cuidadores; capacitar al personal sanitario en tratamiento del dolor para acompañar la muerte natural; y “la promoción de las virtudes ciudadanas por parte de todos los estamentos sociales, para asegurar la atención afectiva y efectiva a los más necesitados”.
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La Iglesia confía que “el cuidado mutuo puede hacer declinar la intención de hacer suprimir voluntariamente la propia vida, aun en los casos en los que fundamentados en los conocimientos médico actual, la curación física ya no es posible”.
La Corte eliminó el requisito de enfermedad terminal para acceder a la eutanasia. Eso sí, la persona tiene que decidirlo voluntariamente y solicitarlo, y el profesional que lo atiende no debe ser judicializado por ello.
