Imaginación para el acuerdo final

Si el tema de la justicia ya estuviera resuelto en los diálogos de La Habana, con seguridad que la firma de la paz sería inminente. Eso lo saben muy bien los delegados del gobierno Santos y las Farc y con ese derrotero llegan mañana a la mesa de negociación para iniciar el primer ciclo de 2015, que se advierte crucial y definitivo en un año de debate electoral. Tanto así que el jefe guerrillero Iván Márquez pidió de una vez empezar con la redacción del acuerdo sobre las víctimas.

Las dos partes tienen claro que el acuerdo final debe respetar la dignidad de los combatientes y que también deben descartarse de plano salidas quiméricas como una ley de punto final o la judicialización de todos los delitos perpetrados en desarrollo de más de 50 años de guerra. Por ahora, hay otro reto planteado por Gobierno y Farc desde sus discursos: cómo desescalar el conflicto desde lo político y lo militar para alcanzar un cese del fuego y de hostilidades bilateral y definitivo.

El Ejecutivo entiende que en política internacional todos quieren la paz de Colombia, pero condicionada a sus estándares. Estados Unidos ofrece su apoyo, pero a la hora de examinar temas como la extradición argumenta que ese es un tema autónomo de la justicia. Las Naciones Unidas reiteran su respaldo e instan a las partes a implementar medidas humanitarias para disminuir la intensidad del conflicto, pero queda latente que la Corte Penal Internacional tiene su propia lógica.

Del lado contrario, las Farc sostienen que el único afán del Gobierno es garantizar la dejación de armas de la insurgencia, la reincorporación de los guerrilleros a la vida civil y que además respondan como los únicos causantes del conflicto. Por eso desconfían de la llamada justicia transicional como único marco de principios y normas para la definición de los temas difíciles y sensibles del proceso. La consideran una forma de injerencia extranjera en Colombia.

En tal sentido, se requiere mucha imaginación y consenso para encontrar una ruta viable. La prueba es que desde hace varias semanas, por iniciativa de la Oficina del Alto Comisionado de Paz, siguen llegando propuestas sobre cómo encarar estos dilemas. Provienen de entidades vinculadas al Gobierno en asuntos de guerra y paz. Ninguna tiene el aval del presidente o sus negociadores en La Habana, pero demuestran el interés por aportar ideas en la búsqueda de una solución.

El Espectador conoció algunas de estas propuestas y, más allá de las dificultades para que se concreten o de que siquiera lleguen a la mesa, reflejan que no es fácil encarar el último tramo del proceso de paz. Por ejemplo, en caso de que las Farc aceptaran un mínimo de penas intramuros, se planteó al alto gobierno la opción de centros de reclusión ad hoc, es decir, que algunos jefes guerrilleros, como máximos responsables, no vayan a las cárceles del sistema penitenciario.

La idea sería que, así como funcionó inicialmente con los grupos paramilitares durante su negociación de paz con el gobierno Uribe, las Farc puedan pactar con el Ejecutivo condiciones de reclusión en sitios en los cuales se garantice su seguridad y su capacidad de aportar al posconflicto. En esa misma tónica, otra fórmula sería que las exigencias del modelo de justicia que se pacte puedan ser cumplidas en el exterior, en alguno de los países amigos o garantes del proceso.

En cuanto a la reintegración de combatientes, también se estudian propuestas. Pero así como sucedió esta semana con la idea suelta de vincular excombatientes a una eventual policía rural, ninguna tiene carácter oficial en la mesa. Lo que sí es cierto es que en el Gobierno existe la convicción de que el Estado debe brindar oportunidades laborales y de educación a quienes salgan de la guerra. Por eso, evalúa opciones de formación profesional y técnica que beneficien a la sociedad.

El propósito es que estas iniciativas y otras de la misma índole se implementen especialmente en las zonas más impactadas por el conflicto, porque de esta manera encajan en el concepto de “paz territorial”, que distingue el proceso de La Habana. Sin embargo, esto no excluiría la reintegración en las grandes ciudades, desde la perspectiva de que no necesariamente debe prevalecer el concepto de que el único destino de los excombatientes sea prestar servicios de seguridad.

Lo real es que al Gobierno siguen llegando ideas, incluso algunas enmarcadas en la necesidad de replantear inamovibles legales. Por ejemplo, a pesar de que el Ejecutivo defiende lo alcanzado a través de normas como la Ley de Víctimas, hay quienes sugieren desde los ministerios, las consejerías o las agencias del propio Gobierno que se exploren alternativas para financiar reparaciones económicas o fórmulas de restitución de derechos con énfasis en lo colectivo y en lo simbólico.

En síntesis, la creatividad para buscar salidas en el momento de encarar los temas finales de la negociación en La Habana es hoy el común denominador que prevalece en múltiples instancias oficiales y organismos particulares. Aunque la guerrilla insiste en que lo que se busca es un acuerdo político y no jurídico, del otro lado se entiende que en un Estado de Derecho existen límites legales. Por eso, cada vez que alguien sale a atribuirle al Gobierno alguna concesión o propuesta, la sociedad debate como si se tratara de pactos concertados en Cuba.

De todos modos, más allá de las propuestas, lo que se viene a partir de mañana, en desarrollo del ciclo 32 de los diálogos entre el Gobierno y las Farc, tiene que ver directamente con la terminación de la guerra. Primero, definir los términos y alcances de la subcomisión técnica para el fin del conflicto, en la que oficiales activos de las Fuerzas Armadas y jefes militares de las Farc tienen la misión de encontrar mecanismos para desescalar la guerra, es decir, para avanzar hacia la convivencia pacífica sin el uso de las armas.

En segunda instancia, abordar el estudio de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, que en la segunda semana de febrero será presentado simultáneamente a la mesa de diálogos y a la sociedad colombiana. Este informe, realizado por 14 investigadores de la realidad nacional, constituye un insumo básico para superar diferencias conceptuales alrededor de los orígenes y desarrollo de la confrontación armada en Colombia, y apunta a ser decisivo en temas de justicia, víctimas, victimarios y responsabilidad histórica.

Aunque de antemano se sabe que el estudio suscitará controversia pública, es clave para ajustar el quinto punto de la agenda de diálogos y así evacuar lo concerniente a los derechos de las víctimas y la verdad. Al mismo tiempo, la subcomisión de género, encaminada a resaltar el valor de las mujeres como fuerza resistente a la guerra y gestoras de paz, continuará sus aportes necesarios en este mismo contexto. El objetivo es poder avanzar hacia los temas propios del fin del conflicto y la implementación, verificación y refrendación del acuerdo final.

Sin duda habrá escollos en el camino, pero desde las partes se advierte más optimismo que el que se percibe en la opinión pública marcada por las rivalidades políticas. La refrendación del acuerdo final en sí misma es un lío para todos y de la misma manera como los dilemas de la justicia hoy son la nuez del problema, nadie tiene claro cuál es el camino ideal. Eso sí, para el Gobierno, de ser una constituyente, esta no puede ser concebida como un recurso de apelación de la mesa de negociación de La Habana. Si es otra la fórmula, como prefiere el Ejecutivo, también se requiere creatividad.

Sin fechas fatales a la vista, tanto el Gobierno como la guerrilla saben que, más allá de las buenas intenciones o de los apremios y exigencias en Colombia, en nueve meses hay elecciones regionales que pueden marcar el rumbo político. Esa realidad no puede ser ajena al propósito central de la paz territorial. Seguramente para ese momento, como están hoy los tiempos, no habrá refrendación de los acuerdos, pero la evidencia de al menos 16 millones de colombianos en las urnas representa una oportunidad inaplazable para alcanzar la legitimidad que aún le falta al proceso de paz.

* @AlfredoMolanoJi / @CamiloSeguraA

Si el tema de la justicia ya estuviera resuelto en los diálogos de La Habana, con seguridad que la firma de la paz sería inminente. Eso lo saben muy bien los delegados del gobierno Santos y las Farc y con ese derrotero llegan mañana a la mesa de negociación para iniciar el primer ciclo de 2015, que se advierte crucial y definitivo en un año de debate electoral. Tanto así que el jefe guerrillero Iván Márquez pidió de una vez empezar con la redacción del acuerdo sobre las víctimas.

Las dos partes tienen claro que el acuerdo final debe respetar la dignidad de los combatientes y que también deben descartarse de plano salidas quiméricas como una ley de punto final o la judicialización de todos los delitos perpetrados en desarrollo de más de 50 años de guerra. Por ahora, hay otro reto planteado por Gobierno y Farc desde sus discursos: cómo desescalar el conflicto desde lo político y lo militar para alcanzar un cese del fuego y de hostilidades bilateral y definitivo.

El Ejecutivo entiende que en política internacional todos quieren la paz de Colombia, pero condicionada a sus estándares. Estados Unidos ofrece su apoyo, pero a la hora de examinar temas como la extradición argumenta que ese es un tema autónomo de la justicia. Las Naciones Unidas reiteran su respaldo e instan a las partes a implementar medidas humanitarias para disminuir la intensidad del conflicto, pero queda latente que la Corte Penal Internacional tiene su propia lógica.

Del lado contrario, las Farc sostienen que el único afán del Gobierno es garantizar la dejación de armas de la insurgencia, la reincorporación de los guerrilleros a la vida civil y que además respondan como los únicos causantes del conflicto. Por eso desconfían de la llamada justicia transicional como único marco de principios y normas para la definición de los temas difíciles y sensibles del proceso. La consideran una forma de injerencia extranjera en Colombia.

En tal sentido, se requiere mucha imaginación y consenso para encontrar una ruta viable. La prueba es que desde hace varias semanas, por iniciativa de la Oficina del Alto Comisionado de Paz, siguen llegando propuestas sobre cómo encarar estos dilemas. Provienen de entidades vinculadas al Gobierno en asuntos de guerra y paz. Ninguna tiene el aval del presidente o sus negociadores en La Habana, pero demuestran el interés por aportar ideas en la búsqueda de una solución.

El Espectador conoció algunas de estas propuestas y, más allá de las dificultades para que se concreten o de que siquiera lleguen a la mesa, reflejan que no es fácil encarar el último tramo del proceso de paz. Por ejemplo, en caso de que las Farc aceptaran un mínimo de penas intramuros, se planteó al alto gobierno la opción de centros de reclusión ad hoc, es decir, que algunos jefes guerrilleros, como máximos responsables, no vayan a las cárceles del sistema penitenciario.

La idea sería que, así como funcionó inicialmente con los grupos paramilitares durante su negociación de paz con el gobierno Uribe, las Farc puedan pactar con el Ejecutivo condiciones de reclusión en sitios en los cuales se garantice su seguridad y su capacidad de aportar al posconflicto. En esa misma tónica, otra fórmula sería que las exigencias del modelo de justicia que se pacte puedan ser cumplidas en el exterior, en alguno de los países amigos o garantes del proceso.

En cuanto a la reintegración de combatientes, también se estudian propuestas. Pero así como sucedió esta semana con la idea suelta de vincular excombatientes a una eventual policía rural, ninguna tiene carácter oficial en la mesa. Lo que sí es cierto es que en el Gobierno existe la convicción de que el Estado debe brindar oportunidades laborales y de educación a quienes salgan de la guerra. Por eso, evalúa opciones de formación profesional y técnica que beneficien a la sociedad.

El propósito es que estas iniciativas y otras de la misma índole se implementen especialmente en las zonas más impactadas por el conflicto, porque de esta manera encajan en el concepto de “paz territorial”, que distingue el proceso de La Habana. Sin embargo, esto no excluiría la reintegración en las grandes ciudades, desde la perspectiva de que no necesariamente debe prevalecer el concepto de que el único destino de los excombatientes sea prestar servicios de seguridad.

Lo real es que al Gobierno siguen llegando ideas, incluso algunas enmarcadas en la necesidad de replantear inamovibles legales. Por ejemplo, a pesar de que el Ejecutivo defiende lo alcanzado a través de normas como la Ley de Víctimas, hay quienes sugieren desde los ministerios, las consejerías o las agencias del propio Gobierno que se exploren alternativas para financiar reparaciones económicas o fórmulas de restitución de derechos con énfasis en lo colectivo y en lo simbólico.

En síntesis, la creatividad para buscar salidas en el momento de encarar los temas finales de la negociación en La Habana es hoy el común denominador que prevalece en múltiples instancias oficiales y organismos particulares. Aunque la guerrilla insiste en que lo que se busca es un acuerdo político y no jurídico, del otro lado se entiende que en un Estado de Derecho existen límites legales. Por eso, cada vez que alguien sale a atribuirle al Gobierno alguna concesión o propuesta, la sociedad debate como si se tratara de pactos concertados en Cuba.

De todos modos, más allá de las propuestas, lo que se viene a partir de mañana, en desarrollo del ciclo 32 de los diálogos entre el Gobierno y las Farc, tiene que ver directamente con la terminación de la guerra. Primero, definir los términos y alcances de la subcomisión técnica para el fin del conflicto, en la que oficiales activos de las Fuerzas Armadas y jefes militares de las Farc tienen la misión de encontrar mecanismos para desescalar la guerra, es decir, para avanzar hacia la convivencia pacífica sin el uso de las armas.

En segunda instancia, abordar el estudio de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, que en la segunda semana de febrero será presentado simultáneamente a la mesa de diálogos y a la sociedad colombiana. Este informe, realizado por 14 investigadores de la realidad nacional, constituye un insumo básico para superar diferencias conceptuales alrededor de los orígenes y desarrollo de la confrontación armada en Colombia, y apunta a ser decisivo en temas de justicia, víctimas, victimarios y responsabilidad histórica.

Aunque de antemano se sabe que el estudio suscitará controversia pública, es clave para ajustar el quinto punto de la agenda de diálogos y así evacuar lo concerniente a los derechos de las víctimas y la verdad. Al mismo tiempo, la subcomisión de género, encaminada a resaltar el valor de las mujeres como fuerza resistente a la guerra y gestoras de paz, continuará sus aportes necesarios en este mismo contexto. El objetivo es poder avanzar hacia los temas propios del fin del conflicto y la implementación, verificación y refrendación del acuerdo final.

Sin duda habrá escollos en el camino, pero desde las partes se advierte más optimismo que el que se percibe en la opinión pública marcada por las rivalidades políticas. La refrendación del acuerdo final en sí misma es un lío para todos y de la misma manera como los dilemas de la justicia hoy son la nuez del problema, nadie tiene claro cuál es el camino ideal. Eso sí, para el Gobierno, de ser una constituyente, esta no puede ser concebida como un recurso de apelación de la mesa de negociación de La Habana. Si es otra la fórmula, como prefiere el Ejecutivo, también se requiere creatividad.

Sin fechas fatales a la vista, tanto el Gobierno como la guerrilla saben que, más allá de las buenas intenciones o de los apremios y exigencias en Colombia, en nueve meses hay elecciones regionales que pueden marcar el rumbo político. Esa realidad no puede ser ajena al propósito central de la paz territorial. Seguramente para ese momento, como están hoy los tiempos, no habrá refrendación de los acuerdos, pero la evidencia de al menos 16 millones de colombianos en las urnas representa una oportunidad inaplazable para alcanzar la legitimidad que aún le falta al proceso de paz.

* @AlfredoMolanoJi / @CamiloSeguraA