Incierto pacto agrario nacional

Antes del 10 de noviembre se deberán crear o reactivar los Consejos Seccionales de Desarrollo Agropecuario (CONSEA) y los Consejos Municipales de Desarrollo Rural (CDMR), dos figuras que han sido inoperantes en el país a pesar de que fueron creados en la Ley 160 de 1994. La decisión hoy tiene carácter de directriz presidencial y responde a los esfuerzos que ha hecho el Ejecutivo, hasta ahora en vano, de darle vida y forma al Pacto Agrario Nacional que ideó cuando el país vivía los estallidos de los bloqueos y protestas de los paros campesinos. Sin embargo, movimientos campesinos como Dignidad Papera dicen que a menos de 15 días de este plazo no han sido siquiera consultados para integrar este espacio de representación.

Cabe recordar que el llamado Pacto Agrario Nacional fue duramente criticado por los sectores campesinos que participaron en las manifestaciones el día de su inauguración, al decir que no encontraban en él representación de sus intereses pero sí de los gremios, federaciones e importadores de alimentos. Al término de esa jornada el Gobierno, en cabeza del ministro del Interior, Aurelio Iragorri, y el presidente Juan Manuel Santos anunciaron medidas, mediante decreto, para aliviar algunas situaciones críticas del agro pero el sin sabor del encuentro quedó en el ambiente.

Fue así como el pasado 12 de septiembre en Bogotá, al término de la inauguración del Pacto Agrario, el presidente Santos se defendió de las críticas de quienes dijeron que se trató de un reunión de corbatas y pocas ruanas, diciendo que convocaba a toda la población rural "a activar la dinámica de la organización local, desde la vereda, el corregimiento, el municipio, el territorio y la región, para cicatrizar los resentimientos y las heridas que dividen las comunidades".

Santos reconoció entonces que la gran tarea pendiente que tiene el país es una reforma rural y fue allí donde presentó su llamado Sistema de Participación Popular para el cumplimiento del Pacto Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural, como un escenario "que conformarán todos los alcaldes, con apoyo de las gobernaciones, para escuchar las demandas y propuestas de las comunidades rurales, las organizaciones sociales y los gremios, que deben quedar en el pacto".

El mandatario también mencionó que "una vez acordado el pacto seguirán funcionando los Consejos Municipales de Desarrollo Rural y los Consejos Seccionales, en cada departamento, para una continua concertación del desarrollo en cada territorio y para el control social de su ejecución y sus ajustes". El presidente Juan Manuel Santos ha dicho que la participación de alcaldes y gobernadores es esencial para que funcione el Sistema de Participación Popular, la carta del Gobierno para mostrar que su pacto agrario tiene amplia representación más allá de las críticas.

El problema es que hoy, a dos semanas de que se cumplan los plazos puestos por el Ejecutivo, ese llamado para hacer efectiva esta participación devela también muchos obstáculos. Por ejemplo, la orden presidencial contempla que para darle cumplimiento al pacto resulta fundamental la participación y colaboración de gobernadores y alcaldes. Y que para tal fin "las entidades del Estado deben coordinarse".

Además, la directiva presidencial ordena a las gobernaciones y alcaldías que realicen el levantamiento de la información de las diferentes asociaciones o agremiaciones campesinas, comunitarias, y étnicas que puedan ser "relevantes y que puedan aportar en la construcción del Pacto Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural". Y que, de acuerdo con el documento, a más tardar el 11 de noviembre, las gobernaciones y alcaldías deberán diligenciar una base de datos con esta información. Sin embargo, este proceso aún está crudo y así lo reconocen sin querer ser mencionados algunos mandatarios regionales.

Por lo pronto, la responsabilidad de que el Pacto Nacional Agrario sea una realidad estará en cabeza, además de las gobernaciones y alcaldías, de los Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural y del Trabajo, quienes tendrán que velar que los Consejos Seccionales de Desarrollo Agropecuario (CONSEA) y el Consejo Nacional Agropecuario y Agroindustrial se integren y funcionen.

No obstante, César Pachón, dirigente campesino de Dignidad Campesina, uno de los movimientos rurales con mayor influencia en Boyacá, Santander, Huila y Cundinamarca, le dijo a El Espectador que hasta ahora no han socializado con ellos este mecanismo y que no saben quién lo integrará. "Incluso ayer estuvimos reunidos con el gobernador de Boyacá y él ni siquiera nos comentó nada de esto", dice Pachón y se queja de que hasta ahora los acuerdos que hicieron con el Gobierno en términos agrarios no se han cumplido. Dice por ejemplo que ya pasaron 50 días y aún el Gobierno no ha entregado el estudio de control de precios de alimentos que dijo iba a tener listo en 40 días.
 

Antes del 10 de noviembre se deberán crear o reactivar los Consejos Seccionales de Desarrollo Agropecuario (CONSEA) y los Consejos Municipales de Desarrollo Rural (CDMR), dos figuras que han sido inoperantes en el país a pesar de que fueron creados en la Ley 160 de 1994. La decisión hoy tiene carácter de directriz presidencial y responde a los esfuerzos que ha hecho el Ejecutivo, hasta ahora en vano, de darle vida y forma al Pacto Agrario Nacional que ideó cuando el país vivía los estallidos de los bloqueos y protestas de los paros campesinos. Sin embargo, movimientos campesinos como Dignidad Papera dicen que a menos de 15 días de este plazo no han sido siquiera consultados para integrar este espacio de representación.

Cabe recordar que el llamado Pacto Agrario Nacional fue duramente criticado por los sectores campesinos que participaron en las manifestaciones el día de su inauguración, al decir que no encontraban en él representación de sus intereses pero sí de los gremios, federaciones e importadores de alimentos. Al término de esa jornada el Gobierno, en cabeza del ministro del Interior, Aurelio Iragorri, y el presidente Juan Manuel Santos anunciaron medidas, mediante decreto, para aliviar algunas situaciones críticas del agro pero el sin sabor del encuentro quedó en el ambiente.

Fue así como el pasado 12 de septiembre en Bogotá, al término de la inauguración del Pacto Agrario, el presidente Santos se defendió de las críticas de quienes dijeron que se trató de un reunión de corbatas y pocas ruanas, diciendo que convocaba a toda la población rural "a activar la dinámica de la organización local, desde la vereda, el corregimiento, el municipio, el territorio y la región, para cicatrizar los resentimientos y las heridas que dividen las comunidades".

Santos reconoció entonces que la gran tarea pendiente que tiene el país es una reforma rural y fue allí donde presentó su llamado Sistema de Participación Popular para el cumplimiento del Pacto Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural, como un escenario "que conformarán todos los alcaldes, con apoyo de las gobernaciones, para escuchar las demandas y propuestas de las comunidades rurales, las organizaciones sociales y los gremios, que deben quedar en el pacto".

El mandatario también mencionó que "una vez acordado el pacto seguirán funcionando los Consejos Municipales de Desarrollo Rural y los Consejos Seccionales, en cada departamento, para una continua concertación del desarrollo en cada territorio y para el control social de su ejecución y sus ajustes". El presidente Juan Manuel Santos ha dicho que la participación de alcaldes y gobernadores es esencial para que funcione el Sistema de Participación Popular, la carta del Gobierno para mostrar que su pacto agrario tiene amplia representación más allá de las críticas.

El problema es que hoy, a dos semanas de que se cumplan los plazos puestos por el Ejecutivo, ese llamado para hacer efectiva esta participación devela también muchos obstáculos. Por ejemplo, la orden presidencial contempla que para darle cumplimiento al pacto resulta fundamental la participación y colaboración de gobernadores y alcaldes. Y que para tal fin "las entidades del Estado deben coordinarse".

Además, la directiva presidencial ordena a las gobernaciones y alcaldías que realicen el levantamiento de la información de las diferentes asociaciones o agremiaciones campesinas, comunitarias, y étnicas que puedan ser "relevantes y que puedan aportar en la construcción del Pacto Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural". Y que, de acuerdo con el documento, a más tardar el 11 de noviembre, las gobernaciones y alcaldías deberán diligenciar una base de datos con esta información. Sin embargo, este proceso aún está crudo y así lo reconocen sin querer ser mencionados algunos mandatarios regionales.

Por lo pronto, la responsabilidad de que el Pacto Nacional Agrario sea una realidad estará en cabeza, además de las gobernaciones y alcaldías, de los Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural y del Trabajo, quienes tendrán que velar que los Consejos Seccionales de Desarrollo Agropecuario (CONSEA) y el Consejo Nacional Agropecuario y Agroindustrial se integren y funcionen.

No obstante, César Pachón, dirigente campesino de Dignidad Campesina, uno de los movimientos rurales con mayor influencia en Boyacá, Santander, Huila y Cundinamarca, le dijo a El Espectador que hasta ahora no han socializado con ellos este mecanismo y que no saben quién lo integrará. "Incluso ayer estuvimos reunidos con el gobernador de Boyacá y él ni siquiera nos comentó nada de esto", dice Pachón y se queja de que hasta ahora los acuerdos que hicieron con el Gobierno en términos agrarios no se han cumplido. Dice por ejemplo que ya pasaron 50 días y aún el Gobierno no ha entregado el estudio de control de precios de alimentos que dijo iba a tener listo en 40 días.