El pasado jueves 18 de junio, el expresidente Álvaro Uribe dio a conocer que la Fiscalía lo llamó a indagatoria por su presunta relación con tres masacres (El Aro, La Granja y San Roque) que ocurrieron en Antioquia en la década de 1990 y ensangrentaron el departamento en el que se sembró el terror paramilitar. Frente a esto, el país político dividió sus posiciones en una decisión que fue tomada a dos días de la segunda vuelta presidencial.
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El candidato presidencial Iván Cepeda catalogó el hecho como un “avance significativo en la lucha contra la impunidad”. En un comunicado firmado por el senador y los abogados Miguel Ángel Del Río y Óscar Eduardo Ramírez, aseguraron que la vinculación formal del exmandatario constituye un avance judicial histórico y una esperanza para que los autores intelectuales de estos crímenes no queden en la impunidad, en línea con sentencias internacionales que ya habían condenado al Estado colombiano por su responsabilidad en estos hechos.
“Este llamado constituye un avance significativo en la lucha contra la impunidad y una esperanza para que las víctimas y la sociedad puedan obtener verdad, justicia y reparación”, señaló Cepeda en su comunicado.
Dentro del proceso, el legislador interviene bajo la figura de “actor popular”. El ordenamiento jurídico colombiano habilita este mecanismo para que cualquier persona pueda involucrarse en un caso y exigir la reparación de daños, específicamente cuando los crímenes cometidos vulneran los intereses de una colectividad.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro le recordó al exmandatario su pedido de ir a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para hablar con la verdad y ahorrarle un “suplicio” en los estrados judiciales.
“Usted cubrirse con la verdad y ayudar al pueblo con la paz. [...] Vayamos a la Justicia Especial para la Paz y declaremos y aportemos al futuro de Colombia”, señaló el jefe de Estado.
Mientras tanto, el expresidente señaló no tener garantías judiciales en un proceso que cataloga como un “suplicio a pocas horas de elecciones”, pues asegura que la fiscalía lo llamó a indagatoria “sin practicar todas las pruebas pedidas y decretadas, sin decretar otras. A una fiscal comisionada para practicar pruebas le ampliaron el plazo aún no cumplido”.
Quien fue su candidata presidencial en primera vuelta, Paloma Valencia, señaló la indagatoria como una “injusticia” y como una forma de utilizar la justicia “como una herramienta política”.
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