Indígenas esperan reunión con Duque para tratar “temas estructurales”
La minga indígena encontró su motivación en la violencia que se ha acentuado en las poblaciones del suroccidente del país, especialmente en Nariño y Cauca.
Indígenas del suroccidente de Colombia esperan reunirse este próximo lunes con el presidente, Iván Duque Márquez, para plantearle “temas estructurales”, como son el supuesto exterminio de sus pueblos, la concentración del poder y el fraccionamiento de la institucionalidad.
Así lo expresó a periodistas el senador indígena Feliciano Valencia, quién impulsa la minga nacional por la vida, la tierra y la paz que acampa en el caserío Monterilla, que hace parte del municipio de Caldono, en el departamento del Cauca.
Según Valencia, la minga es porque “la situación está muy crítica, lo que está sucediendo en Colombia, que, sin ser exagerados, va camino a una dictadura. Es lo que nosotros percibimos”.
Los pueblos indígenas esperan que el presidente Duque se reúna con ellos en Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, el próximo 12 de octubre para que escuche sus exigencias o, de lo contrario, advierten que continuarán la marcha pacífica hasta Bogotá.
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Piden explicaciones
“Lo que vamos a decirle al presidente Duque es por qué estando la Constitución y las leyes de la República, donde se dice que el Gobierno, el Estado colombiano, debe salvaguardar la integridad física, territorial y cultural de los pueblos indígenas nos está dejando exterminar”, explicó Valencia.
El líder indígena, fuerte opositor del presidente Duque, recalcó que “son 14 pueblos indígenas en vías de extinción en este momento” y que la que dice eso es la Corte Constitucional. “No lo decimos nosotros”, señala.
Otro de los puntos que expondrán al jefe de Estado es el referente a las razones por las que está “optando por la política extractivista que es la que pone en riesgo todo el sistema ambiental en Colombia y por qué no acata tratados y convenios multilaterales en términos de conservación ambiental en el país”.
En esa dirección dijo que, si bien el Gobierno suscribió en diciembre del año pasado en Nueva York —a través del embajador Guillermo Fernández de Soto, representante permanente de Colombia ante Naciones Unidas— el “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”, denominado Acuerdo de Escazú, su bancada no lo respalda en el Congreso colombiano.
“La bancada del Gobierno se está oponiendo a la firma del Acuerdo de Escazú. Colombia ya lo ratificó en la ONU, pero cuando se vota en el Congreso, su partido está diciendo que no aprueben esa ratificación”, aseguró Valencia.
Además, dijo el senador indígena, también le plantearán al presidente Duque cuáles son las razones por las cuales “confronta las cortes del país” y por qué “cuestiona las decisiones de la Corte Suprema de Justicia”.
El congresista hace alusión, entre otros asuntos, a que el gobierno Duque pidió a la Corte Constitucional que revise un fallo de septiembre pasado proferido por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en el que le ordena, entre otros asuntos, “adoptar acciones para garantizar el ejercicio del derecho a la protesta pacífica”.
Indígenas del suroccidente de Colombia esperan reunirse este próximo lunes con el presidente, Iván Duque Márquez, para plantearle “temas estructurales”, como son el supuesto exterminio de sus pueblos, la concentración del poder y el fraccionamiento de la institucionalidad.
Así lo expresó a periodistas el senador indígena Feliciano Valencia, quién impulsa la minga nacional por la vida, la tierra y la paz que acampa en el caserío Monterilla, que hace parte del municipio de Caldono, en el departamento del Cauca.
Según Valencia, la minga es porque “la situación está muy crítica, lo que está sucediendo en Colombia, que, sin ser exagerados, va camino a una dictadura. Es lo que nosotros percibimos”.
Los pueblos indígenas esperan que el presidente Duque se reúna con ellos en Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, el próximo 12 de octubre para que escuche sus exigencias o, de lo contrario, advierten que continuarán la marcha pacífica hasta Bogotá.
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Piden explicaciones
“Lo que vamos a decirle al presidente Duque es por qué estando la Constitución y las leyes de la República, donde se dice que el Gobierno, el Estado colombiano, debe salvaguardar la integridad física, territorial y cultural de los pueblos indígenas nos está dejando exterminar”, explicó Valencia.
El líder indígena, fuerte opositor del presidente Duque, recalcó que “son 14 pueblos indígenas en vías de extinción en este momento” y que la que dice eso es la Corte Constitucional. “No lo decimos nosotros”, señala.
Otro de los puntos que expondrán al jefe de Estado es el referente a las razones por las que está “optando por la política extractivista que es la que pone en riesgo todo el sistema ambiental en Colombia y por qué no acata tratados y convenios multilaterales en términos de conservación ambiental en el país”.
En esa dirección dijo que, si bien el Gobierno suscribió en diciembre del año pasado en Nueva York —a través del embajador Guillermo Fernández de Soto, representante permanente de Colombia ante Naciones Unidas— el “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”, denominado Acuerdo de Escazú, su bancada no lo respalda en el Congreso colombiano.
“La bancada del Gobierno se está oponiendo a la firma del Acuerdo de Escazú. Colombia ya lo ratificó en la ONU, pero cuando se vota en el Congreso, su partido está diciendo que no aprueben esa ratificación”, aseguró Valencia.
Además, dijo el senador indígena, también le plantearán al presidente Duque cuáles son las razones por las cuales “confronta las cortes del país” y por qué “cuestiona las decisiones de la Corte Suprema de Justicia”.
El congresista hace alusión, entre otros asuntos, a que el gobierno Duque pidió a la Corte Constitucional que revise un fallo de septiembre pasado proferido por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en el que le ordena, entre otros asuntos, “adoptar acciones para garantizar el ejercicio del derecho a la protesta pacífica”.