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Después de una publicación hecha por el exdirector del Departamento de Prosperidad Social Gustavo Bolívar sobre la contratación a influencers políticos, se abrió un debate alrededor de cómo opera su trabajo en redes sociales. El precandidato presidencial ha señalado que es necesario que si se hace una publicación pagada por figuras políticas, debe tener un sello que le permita saber a la audiencia esta información.
“Ante la cantidad de ataques que estoy recibiendo de influencers que antes hablaban bien de mí, y que hablaban mal de candidatos que ahora alaban, creo que hay que decirle la verdad a la gente”, aseguró en un video publicado en sus redes sociales. Y agregó: “Por favor, por ustedes mismos, para que no se denigren ni pierdan credibilidad. No cobren por hablar mal de otro candidato. Eso sí está mal”.
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Ante la cantidad de ataques que estoy recibiendo de influencers que antes hablaban bien de mí, y que hablaban mal de candidatos que ahora alaban, creo que hay que decirle la verdad a la gente. El engaño no le hace bien a la democracia.#PPP pic.twitter.com/zIwbJUBzFa
— Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) July 10, 2025
Este viernes, el precandidato del Pacto Histórico aseguró en medios radiales que hay influenciadores que estarían siendo contratados por figuras políticas para hablar bien de ellos. Incluso, aseguró que “se convierten en mercenarios digitales”: “Hoy lo exaltan a uno, mañana lo destruyen”.
“No tengo ningún problema con que un influencer trabaje con un candidato. Lo que propongo es que lo digan claramente”, dijo. Y agregó: “A mí me sorprendió que personas que me apoyaban, de repente empezaran a atacarme con tanta dureza. Vi un patrón. Y cuando uno ve siete u ocho ataques coordinados, uno concluye que hay dinero detrás”.
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Incluso, aseguró que personas con alta influencia en redes sociales que se dedican a contenido político pueden estar cobrando entre $10 y $15 millones mensuales. Y en esa vía, añadió: “Ellos no solo hacen un trino, también tienen canales en YouTube, monetizan en varias plataformas, y su capacidad de convocatoria es altísima. Son personas que ya conocen muy bien la política y el país”.
En esa misma vía estuvo el ministro de Educación, Daniel Rojas, quien dijo en sus redes sociales que se pagan “mercenarios en Twitter” y calificó a quienes los desprestigian como “de manual”.
Pagar mercenarios en twitter a través de un señor Rua o acuden a la unidad investigativa de @ELTIEMPO para desprestigiarnos. Son de Manual. Patéticos https://t.co/5lz0QYZHao
— Daniel Rojas Medellin (@DanielRMed) July 11, 2025
El exviceministro de Juventudes Gareth Sella indicó, por su lado, que por estar adentro del Estado saben “quién es la persona que le dice a unos y otros ‘influencers’ de qué hablar y de qué no y se aprovecha amenazando con darles o quitarles ‘campañas’”.
“Lo que dice Bolívar es cierto y yo iría más allá, muchos son mercenarios, y no todos son los de gobierno, unos le sacaron plata a la campaña Petro Presidente y ahora están haciéndole el trabajo a Fajardo. O a Roy. O a Benedetti. O a otras personas de derecha. Están donde les pagan. Están desviados ideológicamente”, dijo.
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Usted y yo sabemos que lo que dice @GustavoBolivar acá es verdad. La vida nos permitió estar tan adentro del estado que sabemos quién es la persona que le dice a unos y otros “influencers” de qué hablar y de qué no y se aprovecha amenazando con darles o quitarles “campañas”.…
— Gareth Sella (@GarethSella) July 10, 2025
Desde la oposición, la senadora María Fernanda Cabal instó a investigar “a fondo quién es el que manejo esos mercenarios digitales”. Y cuestionó: “¿Cuántos millones de pesos invertidos para hablar bien del gobierno?”.
Urgente que se investigue a fondo quién es el que maneja esos mercenarios digitales.
— María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) July 11, 2025
Aquí el exviceministro de Francia Márquez revela cómo funciona la máquina de desinformación del gobierno Petro.
¿Cuántos millones de pesos invertidos para hablar bien del gobierno? pic.twitter.com/34NngwE1nw
Lo cierto es que esta discusión también desató pullas internas entre los integrantes del Pacto Histórico. Específicamente, entre los que están buscando una aspiración presidencial, que se decidirá el próximo 26 de octubre en una consulta interna.
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