La conmoción que aturde a Cali desde el pasado domingo no es menor. Un joven deportista -Felipe Tobón, de apenas 25 años- fue asesinado durante un atraco cuando hacía ejercicio en el cerro de las Tres Cruces. Por si fuera poco, su pareja, de acuerdo con los familiares del joven, iba a ser víctima de abuso sexual en medio del asalto. Lo cruento del ataque y las circunstancias en las que ocurrió son una muestra del nivel al que se trepó la inseguridad en la capital del Valle.
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Sin embargo -advierten hoy analistas y expertos-, no menos peligrosa ha sido la reacción del alcalde Jorge Iván Ospina, quien, resignado, admitió que “la capacidad resolutiva es limitada” y propuso lo que denominó “brigadas y redes de seguridad ciudadana” para atajar a la delincuencia. Con ello no solo estaría abriendo la puerta a la justicia por mano propia, sino que revivió un viejo fantasma cuyas secuelas siguen haciendo mella en el conflicto del país: las denominadas Convivir.
Si bien fueron ideadas como cooperativas de vigilancia y seguridad con enfoque comunitario, las Convivir se convirtieron en la semilla del paramilitarismo en Colombia. Sus miembros, por autorización de las autoridades en los años 90, tenían patente de corso para portar armas y demás elementos de uso exclusivo de las Fuerzas Militares. El desenlace es conocido: abusos, excesos contra quienes unilateralmente catalogaban como colaboradores de la guerrilla o múltiples violaciones de derechos humanos.
De allí la alerta por el mensaje del mandatario caleño: “Debemos actuar de otra manera, los criminales ganan fuerza y la capacidad resolutiva es limitada. Es necesario crear brigadas y redes de seguridad ciudadana. Desde mañana a organizarnos a nivel de barrio, pero tenemos que cuidar la vida”, dijo.
La declaración no tardó en ser secundada por su secretario de Seguridad, Carlos Rojas, quien le agregó otro ingrediente al peligroso coctel. Dado que uno de los dos capturados por lo ocurrido en el cerro de las Tres Cruces es de nacionalidad venezolana, alegó que “ciudades como Cali no aguantan más esta presión migratoria”. Es decir, al miedo que vive la ciudadanía no solo se suma una propuesta para integrar “brigadas de seguridad ciudadana”, sino que se intensifica el tufillo de responsabilizar a extranjeros por la ola de delincuencia, lo que podría exacerbar la xenofobia.
Antes de cualquier opinión, un vistazo a las cifras de inseguridad, no solo en la capital del Valle del Cauca, sino en las principales ciudades, permite dimensionar la gravedad de la problemática, aun en medio de la pandemia. Según la Policía, con 243 muertes violentas, Cali fue la ciudad con mayor número de homicidios durante el primer trimestre del año. Adicionalmente, integra el top 3 de ciudades con más casos de hurto a personas o robo de viviendas, así como hechos de extorsión o amenazas (ver infografía al final). No obstante, de la problemática no están exentas Bogotá, Medellín y Barranquilla.
De allí que en zonas como la capital del país, para hacer frente a la inseguridad, se venga hablando desde hace tiempo de ideas como una policía cívica -propuesta por el entonces concejal y hoy ministro del Interior, Daniel Palacios, en 2016-, o frentes de seguridad barriales con vigilantes armados haciendo ronda, especialmente en sectores de la localidad de Chapinero.
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Para el exsecretario de Seguridad del Distrito, Daniel Mejía, la alternativa que ofrece el alcalde de Cali para atajar la inseguridad no solo es peligrosa, sino que manda un mensaje de que sus autoridades desfallecieron y su capacidad es limitada. “Hay que tener mucho cuidado con esas declaraciones. Los privados no pueden sustituir la labor de la Policía. Mucha gente puede entender eso como ‘ármense que no hay capacidad para defenderlos’”, explicó.
En ello coincide la politóloga Stefania Gaviria, analista de la gestión de los mandatarios locales y quien reside en Cali. Desde su perspectiva, en lugar de “brigadas”, la apuesta debe ser en gasto social y educación para ofrecer oportunidades: “El problema de seguridad viene desde hace muchísimo. La gente necesita oportunidades. Lo que se vive es un problema de raíz, es estructural. Se entiende que el alcalde no puede hacer magia, pero sí debe recurrir a otras propuestas. Por ejemplo, el acoso que viven las mujeres deportistas no cesa. Por ello se debería contemplar la idea de militarizar la ciudad. Puede llegar a ser viable. Habría más control”, dice.
Por su parte, el analista político Héctor Riveros asegura que si bien por ahora no hay riesgo de que la propuesta de Ospina escale hasta una Convivir, sí resulta inconveniente, pues llamados de ese calibre, dado el nivel de crispación social, “puede ser interpretado por la gente como un llamado a la justicia propia”. “La colaboración de la ciudadanía siempre es necesaria, pero en Cali, en este momento, no hay falta de colaboración, sino una ineficacia del despliegue institucional para proteger a los ciudadanos”, manifestó.
El debate no busca satanizar las alternativas de seguridad que proponen los ciudadanos, pues figuras como los vigilantes comunitarios, la organización de cámaras de seguridad o la comunicación constante con la Policía -bien concebidos, con una comunidad organizada sin pretensiones de reemplazar a las autoridades- puede redundar en mejores condiciones para los ciudadanos, según explica Daniel Mejía. No obstante, insiste en que no puede sustituirse la labor de la Policía. “Debe haber monitoreo y la gente debe saber que tiene límites claros”.
Lo cierto es que, en medio del difícil ambiente que se vive en Cali, entre miedo, justicia por mano propia y hasta xenofobia, parece que este no es el mejor momento para hablar de “brigadas de seguridad ciudadana”. Se corre el riesgo de caer no solo en la ambigüedad, sino en la violencia, precisan los analistas, que abogan por alternativas más integrales y articuladas para atacar la violencia que persiste en el país.
jgonzalez@elespectador.com
Twitter: @Currinche
