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Detrás del telón
La tarea que tenemos ahora es la de construir la democracia. Creo que dos pilares fundamentales para alcanzar el propósito de construir la democracia son la independencia judicial y la participación ciudadana. En primer lugar, porque no se entiende una democracia en la que la impunidad del poder sea la regla general, en la que los poderosos estén por encima de la ley, se requiere la plena independencia de jueces y fiscales comprometidos, además, con el esclarecimiento de los hechos y la determinación de las responsabilidades que correspondan, sin consideración a la posición política, económica o social de los máximos responsables de esta guerra que vivimos desde hace tantas décadas. (Recomendamos: Videocharla con el reportero gráfico Jesús Abad Colorado y la gestora cultural María Beléz Sáez sobre la colección “El Testigo”).
Un compromiso con la verdad, que es además la única garantía de no repetición. Un compromiso con las víctimas, que no son solo las miles de familias que han padecido persecución, desplazamiento, desaparición o muerte, sino también las que por la voracidad de unos pocos ven afectadas sus condiciones materiales de existencia.
Las víctimas aceptan que haya menos justicia, si ese es el precio que se debe pagar por el conocimiento de la verdad. Pero no pueden aceptar que haya menos justicia a cambio de verdades amañadas, parciales, interesadas, distorsionadas, maquilladas. Sin embargo, la verdad no es posible si la Fiscalía y la Judicatura están entregadas al poder, al que no le interesa la verdad.
Tampoco se entiende una democracia sin ciudadanía. La democracia no es simplemente la opción de participar en procesos electorales, sino ese modo de vida en el que el ciudadano se interesa por los asuntos públicos, por la administración de lo público, por la vigilancia de lo público, por la reivindicación del interés general. Lo cual requiere ampliar y generar nuevos mecanismos de participación ciudadana que, vigilando y respaldando la acción del poder judicial, pueda liberar al Estado de su sometimiento a los intereses particulares y excluyentes de algunas personas y corporaciones que abusan de su poderío económico.
Uno de los problemas de la realidad de violencia que padecemos es el propósito, siempre presente, de los beneficiarios de la guerra de ocultar la verdad, de distorsionar los hechos, de atribuir falsas responsabilidades para liberarse de las propias. En el país hemos visto muchas masacres en estos meses y han sido tantas durante años y décadas, que deberían ameritar una reflexión más profunda, una mirada al sistema de la guerra.
Me enfocaré, sin embargo, con más detalle en el fenómeno paramilitar, dado que su investigación y su juzgamiento judicial me han ocupado profesionalmente desde hace muchos años. En el análisis del fenómeno paramilitar generalmente nos enfocamos en las figuras de sus altos comandantes, como Salvatore Mancuso, Jorge 40 o Carlos Castaño, pero no en lo que esas personas representan de manera efectiva y, sobre todo, en cuáles son los intereses que han defendido.
El fenómeno del paramilitarismo abarca mucho más que una organización militar o armada, detrás de la cual existe una ideología o una doctrina que la impulsa, sustentada en la eliminación de cualquier forma de disidencia. Contrario a lo que muchos sostienen, yo considero que los paramilitares en cuanto tales no trabajan exclusiva ni principalmente para sí mismos, sino para otros.
Así, lo que tenemos que preguntarnos es a quién beneficia ese actuar de la organización armada. ¿Cuáles son los grupos de interés, nacionales o regionales, que se favorecen con las acciones de los ejércitos paramilitares? Me parece que este es un tema fundamental que debe examinarse con cuidado en cada caso concreto.
Cuando fui procurador de Antioquia, entre 1991 y 1994, escuché a un funcionario de la Gobernación de ese departamento que exhibía una presentación muy interesante en la que, al mapa de los megaproyectos que se pensaban desarrollar en el futuro en el departamento, le superponía el mapa de la violencia y la coincidencia era asombrosa. Hablaba entonces de las hidroeléctricas, de los puertos de Urabá, del canal interoceánico que uniría los ríos Atrato y Truandó o de su alternativa, el canal seco con vías de altas especificaciones o líneas férreas que conectarían el Atlántico con el Pacífico. Cuando, tiempo después, pregunté por el funcionario porque quería precisar algunos temas, supe que tuvo que correr al exilio: ¡había dado en el clavo!
También hace poco le escuché decir a Gloria Cuartas que con veinte o treinta años de anticipación, ciertos grupos de interés prevén qué es lo que quieren en un territorio determinado y luego, “coincidencialmente”, aparecen las organizaciones armadas que toman el control de ese territorio y de las comunidades que los habitan. Acciones de control social que incluyen el uso de la violencia, pero también la destrucción o penetración de sus organizaciones sociales y acciones de control territorial que pretenden la acumulación de la tierra para realizar esos megaproyectos—siempre todo está vinculado con la tierra—, como es el caso de los puertos en Urabá.
Sobre estos procesos de Urabá tiene que haber una investigación judicial exhaustiva, encaminada a entender todas las variables del sistema económico y político presentes en cada operación y sus responsables.
Nosotros hemos visto lo evidente: las masacres y la expansión de los grupos paramilitares, cuyo accionar algunos justifican alegando que pretenden acabar con las guerrillas. No examinamos qué hay detrás de cada hecho, qué se está fraguando, a quiénes o para qué son útiles esas masacres y los desplazamientos. Si uno ve la situación de la región del Urabá —antioqueño, chocoano y cordobés—, advierte cómo se han venido dando los procesos de acumulación de tierras para el cultivo de palma africana, la ganadería extensiva o los proyectos portuarios, inclusive para los de minería. Y tendríamos que preguntarnos: ¿cuál es la relación entre la organización armada que ha operado en la región y los grupos de interés que han concebido esos proyectos para desarrollarlos en el presente y futuro?
No creo que la idea de “refundar la patria” haya sido original de los paramilitares —o por lo menos no que hubiera sido su proyecto— ni que estos hubieran intentado apoderarse del control del Estado, sino que, como organización armada, han sido funcionales para servir al propósito de perpetuar el control económico y político que detentan ciertos grupos privilegiados y que les permite desarrollar sus negocios e intereses particulares con tranquilidad. ¿Qué fue, por ejemplo, lo que sucedió después de las violencias desatadas desde tantos frentes contra los sindicatos bananeros en los años 80 y 90? ¿A quiénes benefició la eliminación y penetración de los sindicatos bananeros?
Por esa razón creo que cuando se concentra toda la atención en la organización armada del paramilitarismo —y no en el paramilitarismo como un fenómeno con todas sus relaciones sociales, políticas y económicas, con sus redes de apoyo y sus beneficiarios— lo que se está haciendo es una aparente persecución que no tiene la voluntad de acabar con el fenómeno.
Si examinamos el tema desde la experiencia de la lucha contra el narcotráfico, contra los carteles de la droga, que, por demás, están asociados al fenómeno paramilitar y de las guerrillas, tal vez veamos con mayor claridad el punto. Por ejemplo, la denominada Oficina de Envigado ha perdido por muertes y capturas a más de diez máximos jefes; se captura, extradita o mata al jefe del momento, pero la Oficina continúa.
Se concentra toda la acción en matar o en neutralizar —como dicen ahora eufemísticamente las Fuerzas Militares y el Gobierno— a los jefes del Clan del Golfo: “Todos contra Otoniel”, pero cuando se acabe con Otoniel no se acabará con el Clan del Golfo. Sin embargo, todos aparentarán quedar satisfechos porque el Estado demuestra su decisión de luchar —su “voluntad inquebrantable”, dicen los funcionarios de turno— contra las organizaciones armadas y los carteles de la droga; pero ¿por qué no se acaban?
Precisamente porque sus relaciones sociales, políticas y económicas sobreviven a sus líderes, porque existen esos otros intereses que son los que mueven la guerra: los beneficiarios de la guerra están en continua búsqueda de conservar el control del Estado y del poder en todas sus expresiones.
Que la persecución del narcotráfico es aparente y no persigue desarticularlo, se constata en situaciones como la ocurrida el pasado 22 de agosto, cuando se informó del hallazgo en el Pacífico nariñense de un megalaboratorio en pleno funcionamiento. Dice la Fiscalía que producía dos toneladas semanales de clorhidrato de cocaína y que allí mismo existía un puerto a donde llegaban los precursores químicos para ese laboratorio y desde donde salía la droga.
No hubo ni una sola captura. Esto ocurre con alguna frecuencia: se incautan unos insumos, en algunos casos se logra capturar algunos “cocineros” (los que saben efectuar los procesos de producción que, además, son bastante sencillos, por lo que es un personal que siempre está disponible en todo el territorio), pero los dueños de la droga, las personas importantes en el proceso de producción o de distribución continúan tranquilos e impunes.
Si la ubicación de esos “megalaboratorios” se logra por labores de inteligencia, ¿no es apenas elemental que las autoridades procedan solo cuando han logrado la identificación de los máximos beneficiarios y obtenido la información suficiente para conocer la ruta de los insumos, los desplazamientos de la droga y la estructura de la organización criminal, incluidas sus redes de apoyo y de lavado del dinero?
Las fuerzas del Estado están detrás de los Caparros, en el bajo Cauca y sur de Córdoba, o del Clan del Golfo, en Urabá. Ya que de Caucasia y de Urabá sale droga hacia el Pacífico o hacia los golfos de Urabá y de Morrosquillo, desde donde se exporta la cocaína, ¿cómo hacen estas organizaciones para transportarla por esos territorios supuestamente controlados por la fuerza pública?
De una región del Chocó salen caminando cien personas cargando la cocaína producida; cada una lleva 25 kilos, es decir, trasladan 2500 kilos en una correría por selvas y ríos que dura dos semanas, hasta entregarla en Panamá. ¿Cómo pueden hacer eso si se supone que toda la región tiene una muy fuerte presencia militar?, ¿quiénes son los que están detrás de esa organización de narcotráfico?, ¿a quiénes beneficia?, ¿es un pago a las organizaciones armadas por el mantenimiento de la guerra?, o ¿hay otros intereses económicos detrás del narcotráfico que hace que no se combata el negocio, sino que apenas se produzcan acciones que den la apariencia de su persecución?
Así ocurre también con el fenómeno paramilitar. No existe en el gobierno una voluntad real de desmantelarlo, porque es funcional para quienes se benefician de sus acciones, que son los mismos que tienen capturado al Estado. Por eso desde hace muchas décadas, el Estado no representa en primer lugar los intereses generales, sino los de unas minorías que lo han usufructuado. Y para mantener su hegemonía, sus privilegios y su impunidad, esas minorías han recurrido a todos los métodos.
La tarea de hoy es develar la realidad, luchar por la verdad y la justicia. Solo así podremos construir democracia.
* Se publica con autorización de los editores.
Por Iván Velásquez * / Especial para El Espectador
