Los caminos para unir a la izquierda en un solo partido que oxigene el proyecto político del presidente Gustavo Petro, inmerso en diversas polémicas por el deterioro que estamentos públicos reconocen en materia de seguridad y a nivel político sin espacio de más gobernabilidad al punto que se debió revivir la idea de una constituyente, están siendo pavimentados en varios frentes. Y esto, aunque sin la misma publicidad oficial que otras apuestas, está en la cumbre de las prioridades del jefe de Estado.
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Es por eso que mientras el país político y jurídico encendió sus alarmas tras la propuesta del actual Gobierno de llevar a Colombia hacia una cirugía a fondo a la Constitución de 1991 en plena campaña por el Congreso y la Presidencia –con una alta carga de dardos hacia autoridades electorales como la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral (CNE)–, hay una serie de alfiles de la Casa de Nariño que sigilosamente continúan estructurando la colectividad que busca reunir al progresismo.
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Algunos pasos ya se conocían, como la petición que la senadora María José Pizarro y los representantes David Racero y Heráclito Landinez le hicieron al CNE para que se les permita escindirse del Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais) que los avaló en 2022, pero hay otros que se están dando casi que barrialmente para asegurar que los nodos de participación deriven en respaldos concretos en las urnas.
Este trabajo se está haciendo en varias regiones, como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla –entre otras–, precisamente lugares en los que el presidente Petro comenzó a retomar con fuerza sus plazoletazos con un discurso que apunta a asuntos locales y que, como lo contó El Espectador en su edición de este lunes, va hilando con su principal apuesta: reelegir a la izquierda en 2026.
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En efecto, la consulta popular que quería promover el jefe de Estado vía decreto ya no va pese a que la suspendió previamente el Consejo de Estado, pero los comités de impulso que se crearon hace casi tres meses para promoverla siguen vivos.
Y es a través de ellos, que se conectan con los más de 600 que se estaban conformando con las juntas de acción local, con los que se le quiere dar oxígeno a la idea de la “octava papeleta” para fortalecer la presencia progresista en el territorio. Eso se traduce en que hacen campaña con la narrativa oficialista y de paso organizan las estructuras regionales para que los próximos 8 de marzo (Congreso) y 31 de mayo (Presidencia) se respalde irrestrictamente a los aspirantes que tengan el guiño petrista.
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Lo que se busca es esquivar un revés similar al de las regionales de 2023, cuando el Pacto Histórico solo logró dos gobernaciones propias (Amazonas y Nariño) pese a que venía con el impulso de, vía segunda vuelta presidencial, haber logrado con Petro 11,2 millones de votos en 2022.
Por eso es que los voceros de Colombia Humana, Pacto Histórico, Polo Democrático, Unión Patriótica, Partido Comunista y otras colectividades afines a la actual administración están en constante contacto para que estos comités proconsulta, que al final derivaron en respaldo al relato constituyente, sean el primer frente de acción de electoral que movilice a las bases a las urnas.
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Son estas mismas estructuras las que hace dos semanas le pidieron al Consejo Electoral que también le dé viabilidad a su fusión para poderse presentar en 2026 como una sola colectividad. Aquí, además, buscan sentar las bases para que el próximo 26 de octubre se haga una consulta para depurar fichas presidenciales y de paso elegir puestos para las listas cerradas a Cámara y Senado que se quieren promover.
El objetivo es no reducir las 47 curules que el Pacto logró en 2022 con 2,8 millones de votos y de paso garantizar que ese 30 % que en promedio le es fiel a Petro (Invamer) se mantenga firme para que puedan aspirar, al menos, a pasar a segunda vuelta en las presidenciales.
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“Como principal fuerza política del país, reiteramos nuestro compromiso, junto a otros sectores democráticos, con la construcción de una gran convergencia y un frente amplio que garantice la victoria en las elecciones de marzo y mayo del próximo año”, dijeron en un comunicado conjunto.
Las decisiones jurídicas de las que dependen estos pasos en el CNE están en manos de los magistrados Alfonso Campo Martínez, con cercanía al Partido Conservador y quien tiene en su despacho la escisión pedida desde el Mais, y Altus Baquero, con lazos en el Partido Liberal y en cuyo escritorio están las peticiones de unión de la izquierda.
Pero el CNE al igual que la Registraduría vienen siendo objeto de dardos desde el oficialismo, por lo que sin importar la decisión que se tome ya hay una ruta de presión sobre sus integrantes. Y todo dentro de la estrategia de graduar de “enemigos del pueblo” a quienes no profesen irrestrictamente las propuestas del jefe de Estado.
Al registrador Hernán Penagos ya lo señalaron de supuesta “sedición” por no tramitar de forma inmediata el decreto de consulta popular y en su lugar pedir conceptos de las altas cortes por su viabilidad jurídica, y al CNE lo acusan de una presunta persecución al mandatario por investigar las posibles irregularidades en las que habría incurrido la campaña de 2022 del presidente Petro por aparente violación de topes electorales.
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En esto juega un papel clave de estructurador el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien en todo caso no entra de lleno para esquivar una posible participación indebida en política, una conducta sancionable disciplinariamente por la Procuraduría, pero ya ha manifestado que el denominado “frente amplio” que se quiere promover desde el Ejecutivo es, entre otras cosas, una forma de garantizar la continuidad de la izquierda en el poder.
“Si logramos hacer un frente amplio para marzo y las próximas elecciones, las del próximo año, y que de ahí pueda salir un candidato, un frente amplio, muy seguramente se puede ganar”, dijo Benedetti en marzo pasado.
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En medio de todo esto también se vienen analizando otros caminos, como la renuncia a personerías jurídicas para luego unificar fuerzas; también está sobre la mesa la fusión y otra más es sencillamente la búsqueda de firmas, como han hecho ya algunos precandidatos. Pero lo que aún no encuentran es la ficha que obtenga el guiño de Petro y de paso sea el unificador de todas esas colectividades.
No obstante, el exembajador Roy Barreras ya regresó a Colombia para trabajar en esa articulación, como lo hizo con las listas al Congreso del Pacto en 2022, aunque no descarta ser candidato. Y otras figuras, como Carolina Corcho, Daniel Quintero Calle y Gustavo Bolívar, están en la misma tarea. Lo que no está claro, y no es un asunto menor, es qué papel jugará la vicepresidenta Francia Márquez, cada vez más distante de la Casa de Nariño.
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