JEP responde derecho de petición de Macías y le aclara sus cuentas

El pasado 7 de marzo, el presidente del Senado, Ernesto Macías, envió un derecho de petición a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para acceder a la información administrativa de la organización de justicia. Casi un mes después, el tribunal transicional respondió a dicha solicitud esclareciendo, punto por punto, las dudas del congresista.

“En la JEP cumplimos con ese mandato constitucional (rendición de cuentas), porque lo entendemos como una práctica de transparencia y publicidad, ineludibles para cualquier servidor cuando se tratan de recursos públicos. Por eso y con el ánimo de precisar algunas informaciones que han estado circulando, queremos compartir la esencia del contenido de la respuesta en cumplimiento del derecho de petición del presidente del Senado”, dijo Patricia Linares, presidenta del tribunal.

Lea más: Senador Ernesto Macías le pide cuentas a la JEP.

Tanto ella como la secretaría ejecutiva de la JEP, María del Pilar Bahamón, en un video de más de 12 minutos, precisaron que el 1º de abril radicaron la respuesta al derecho de petición ante la Secretaría del Senado, explicando, a su vez, el funcionamiento interno del tribunal y el número de contratos celebrados, e invitando a la ciudadanía a consultar su página web, en donde facilitan el acceso, la lectura y la descarga de dicha información.

La información está discriminada por años, con recuadros con nombres propios de los contratos por prestación de servicios de  los profesionales que cumplen funciones dentro del Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa, impacto territorial (consultas previas), acompañamiento psicosocial y asesoría jurídica a las víctimas, apoyo a la Salas, Comisiones y Secciones, proyectos de inversión del Estado y actividades administrativas de la entidad.  

En cada uno de los recuadros se especifica el profesional que atendió “x” labor, la fecha de la firma del compromiso de trabajo, la fuente de recursos, la modalidad de selección, el objeto contractual, la vigencia y el valor del convenio laboral.

En el video, la secretaría Ejecutiva le resume a Macías y a la ciudadanía en general que en 2018 se celebraron 235 y este año 159. Explicó, además, que la división interna del organismo está compuesta por las Salas de Justicia y el Tribunal para la Paz; la Unidad de Investigación y Acusación; y la Secretaría Ejecutiva.

Bahamón continúa aclarando que hay unos documentos de inversión relacionadas con funciones misionales de la JEP como contratar abogados para la defensa técnica de los comparecientes cuando estos demuestran que no tienen los recursos económicos para pagar un profesional particular, además de estos, también emplean personas idóneas para la representación de las víctimas.

Por otro lado, correspondiente a las actividades que influyen en las comunidades étnicas, la JEP cumple con las consultas previas establecidas basándose en los presupuestos correspondientes a este tema ejecutados por el Ministerio del Interior y otras entidades del Estado.

“Es así como la JEP, al inicio de sus actividades acordó con el Ministerio de Hacienda y del Interior, y Departamento Nacional de Planeación (DNP) la realización de consultas previas. Por eso fueron incorporados en el presupuesto los recursos necesarios para esta actividad, así como el formulario del proyecto ante el DNP correspondiente para ejecutar los recursos”, precisó Bahamón.

Por último, la encargada de los asuntos administrativos de la JEP recalcó que el régimen contractual y pensional de los magistrados es el mismo que aplica para la Rama Judicial, mientras que los funcionarios de la Unidad de Investigación y Acusación, y la Secretaría Ejecutiva están cobijados por el mismo sistema que rige a la Fiscalía.

Tanto Linares como Bahamón recordaron que, adicional a la página web, la rendición de cuentas se puede consultar en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop), disponible para toda la ciudadanía. Ante el derecho de petición, la presidenta de la JEP solicitó una visita preventiva a la Procuraduría y Contraloría para hacer revisión de todo el tema de contratación.

El pasado 7 de marzo, el presidente del Senado, Ernesto Macías, envió un derecho de petición a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para acceder a la información administrativa de la organización de justicia. Casi un mes después, el tribunal transicional respondió a dicha solicitud esclareciendo, punto por punto, las dudas del congresista.

“En la JEP cumplimos con ese mandato constitucional (rendición de cuentas), porque lo entendemos como una práctica de transparencia y publicidad, ineludibles para cualquier servidor cuando se tratan de recursos públicos. Por eso y con el ánimo de precisar algunas informaciones que han estado circulando, queremos compartir la esencia del contenido de la respuesta en cumplimiento del derecho de petición del presidente del Senado”, dijo Patricia Linares, presidenta del tribunal.

Lea más: Senador Ernesto Macías le pide cuentas a la JEP.

Tanto ella como la secretaría ejecutiva de la JEP, María del Pilar Bahamón, en un video de más de 12 minutos, precisaron que el 1º de abril radicaron la respuesta al derecho de petición ante la Secretaría del Senado, explicando, a su vez, el funcionamiento interno del tribunal y el número de contratos celebrados, e invitando a la ciudadanía a consultar su página web, en donde facilitan el acceso, la lectura y la descarga de dicha información.

La información está discriminada por años, con recuadros con nombres propios de los contratos por prestación de servicios de  los profesionales que cumplen funciones dentro del Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa, impacto territorial (consultas previas), acompañamiento psicosocial y asesoría jurídica a las víctimas, apoyo a la Salas, Comisiones y Secciones, proyectos de inversión del Estado y actividades administrativas de la entidad.  

En cada uno de los recuadros se especifica el profesional que atendió “x” labor, la fecha de la firma del compromiso de trabajo, la fuente de recursos, la modalidad de selección, el objeto contractual, la vigencia y el valor del convenio laboral.

En el video, la secretaría Ejecutiva le resume a Macías y a la ciudadanía en general que en 2018 se celebraron 235 y este año 159. Explicó, además, que la división interna del organismo está compuesta por las Salas de Justicia y el Tribunal para la Paz; la Unidad de Investigación y Acusación; y la Secretaría Ejecutiva.

Bahamón continúa aclarando que hay unos documentos de inversión relacionadas con funciones misionales de la JEP como contratar abogados para la defensa técnica de los comparecientes cuando estos demuestran que no tienen los recursos económicos para pagar un profesional particular, además de estos, también emplean personas idóneas para la representación de las víctimas.

Por otro lado, correspondiente a las actividades que influyen en las comunidades étnicas, la JEP cumple con las consultas previas establecidas basándose en los presupuestos correspondientes a este tema ejecutados por el Ministerio del Interior y otras entidades del Estado.

“Es así como la JEP, al inicio de sus actividades acordó con el Ministerio de Hacienda y del Interior, y Departamento Nacional de Planeación (DNP) la realización de consultas previas. Por eso fueron incorporados en el presupuesto los recursos necesarios para esta actividad, así como el formulario del proyecto ante el DNP correspondiente para ejecutar los recursos”, precisó Bahamón.

Por último, la encargada de los asuntos administrativos de la JEP recalcó que el régimen contractual y pensional de los magistrados es el mismo que aplica para la Rama Judicial, mientras que los funcionarios de la Unidad de Investigación y Acusación, y la Secretaría Ejecutiva están cobijados por el mismo sistema que rige a la Fiscalía.

Tanto Linares como Bahamón recordaron que, adicional a la página web, la rendición de cuentas se puede consultar en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop), disponible para toda la ciudadanía. Ante el derecho de petición, la presidenta de la JEP solicitó una visita preventiva a la Procuraduría y Contraloría para hacer revisión de todo el tema de contratación.