A las 5:35 de la tarde, menos de diez horas después de que iniciaran las votaciones, se conoció que Jhon Gabriel Molina será el gobernador de Putumayo hasta el 31 de diciembre de 2027. Se trata de las primeras elecciones atípicas de esa magnitud que realiza la Registraduría de Hernán Penagos en un momento en el que la entidad ya se prepara para las elecciones de 2026 en Congreso y Presidencia.
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Pese a las dudas y a las múltiples alertas por la presencia en el departamento del narcogrupo Comandos de Frontera, dirigido por el recién capturado Geovany Andrés Rojas, alias “Araña”, los comicios se realizaron con normalidad, tanto en Mocoa, la capital, como en los municipios de Puerto Leguízamo y Puerto Guzmán, donde tiene más fuerza el grupo criminal. En el segundo, además, se eligió a William Castillo como alcalde, durante la misma jornada.
Molina se impuso al segundo candidato, Johnny Fernando Portilla, por más del 12 %, al obtener 29.352 votos (27,39 % de los votos). Jhon Fredy Peña y Miguel Ángel Rubio -candidato del oficialista Pacto Histórico- obtuvieron, respectivamente, 23.986 votos (22,38 %) y 8.083 (7,49 %). Molina, avalado por el MAIS, el Partido Conservador y AICO, se había presentado sin éxito en 2019 y 2023 al mismo cargo.
En Puerto Guzmán, con el 100 % de las mesas procesadas, el gandaor fue William Castillo, también con el aval de los conservador, con 3.263 votos (50,6 %). El segundo candidato con más votos fue Andrés Felipe Angulo con 1.987 votos (30,81 %). La participación fue del 51,46 % con 6.624 votos registrados de 12.871 posibles.
Se trataron de las primeras elecciones atípicas de 2025, de entre 19 y 30 que, según Penagos, se realizarán durante todo el año. Fueron, también, los primeros comicios no municipales en los que se puso a prueba el sistema de biometría facial, que será clave para evitar el fraude y la suplantación de identidad el año entrante cuando 39 millones de colombianos sean llamados a las urnas para elegir al nuevo presidente.
Pese a que en comparación, en Putumayo solo había 260 mil personas habilitadas para votar y de las que apenas 109.475 (el 42,11 %) salieron a las urnas, resaltó que en la capital durante la mañana y hasta entrada la tarde estuvo presente un importante grupo de funcionarios de alto nivel.
Se trató del registrador Penagos; el procurador general, Gregorio Eljach, y el ministro (e) del Interior, Gustavo García. También estuvieron representantes de la Fuerza Pública, como el brigadier general Yor William Cotua, comandante de la 27° Brigada de Selva.
El ministro encargado García estuvo hasta poco antes del mediodía cuando regresó a Bogotá, donde se espera que se formalice su salida del encargo en las próximas horas para que la cartera política quede en las manos de Armando Benedetti, quien, en apenas tres meses de su regreso a Colombia, se convirtió en la mano derecha y voz de confianza del presidente Gustavo Petro.
De hecho, la presencia de los altos funcionarios llamó la atención de los habitantes de Mocoa. Varias personas y periodistas locales con los que conversó El Espectador, que estuvo en la capital putumayense durante parte de la jornada, comentaban en voz baja que era la primera vez que veían que hasta su ciudad se desplazaban el registrador y el procurador. “Son unas elecciones para solo dentro de dos años, ¿por qué están acá?”, se preguntaba un periodista, luego de que Penagos, sobre las 11 de la mañana entregara el primer reporte de las votaciones en la sala de prensa de la Cámara de Comercio del departamento.
Incluso, algunos comentaron con desconfianza que si había alertas de posibles irregularidades, ante las acusaciones de que dos candidatos habrían contado supuestamente con el respaldo del grupo criminal de “Araña”, como habría ocurrido, presuntamente, con el nuevo gobernador Molina, de acuerdo a información de ONG que lo relacionarían, supuestamente, con Comandos de Frontera.
Molina, quien ha ocupado varios cargos públicos como la secretaría de Educación, Cultura y Deporte de Mocoa entre 2008 y 2012 y la Empresa de Energía del Putumayo, ha dicho que, pese a su origen conservador, no se considera opositor del Gobierno de Gustavo Peto y que está dispuesto a trabajar de manera mancomunada, en asuntos como la seguridad y el acceso a servicios públicos en su departamento.
Según el jefe de la Registraduría, antes del mediodía solo el 30 % de las personas habilitadas habían acudido a las urnas. Y aunque dijo que era un número menor al del promedio, era muestra de que las elecciones avanzaban sin contratiempos. Al final, la tendencia se mantuvo y la abstención aumentó en comparación con las elecciones de 2023.
En contraste con esos comicios, cuando Carlos Marroquín fue elegido gobernador, en los realizados este domingo, hubo alrededor de 50 mil votos menos. Mientras que en las elecciones regionales de hace cerca de dos años hubo 154.307 votos registrados, en las atípicas de este 23 de febrero se llegó a 107.092. Es decir, se pasó de una asistencia a las urnas del 59 % a poco más del 41 %.
Sobre la nutrida presencia de funcionarios de alto rango, Penagos resaltó que “para este proceso electoral de Putumayo, que es muy importante porque se trata de un departamento, estoy satisfecho porque nos ha acompañado la Fuerza Pública, representada en las Fuerzas Militares y la Policía También han estado atentos el Ministerio del Interior y la Defensoría del Pueblo”.
Estas elecciones, además, fueron importantes para la Registraduría porque se convirtieron en el laboratorio, más grande hasta la fecha, del uso de biometría facial. Con esta herramienta, que funcionó en Mocoa, la identidad de los votantes será verificada, con el propósito de evitar la suplantación de identidad. Según Penagos, la expectativa es que en 2026, haya alrededor de 60.000 mesas en todo el país aplicando esta tecnología, lo que implica un importante aparato logístico, toda vez que en cada mesa tendría que haber un funcionario del ente electoral revisando la identidad de los votantes.
En todo caso, según pudo confirmar este medio, en el Puesto de Mando Unificado (PMU) hubo incomodidad por las alertas emitidas por la Defensoría del Pueblo. En un informe de la entidad de Iris Marín al ministro (e) García, al que tuvo acceso El Espectador, se alertó que “la fuerte presencia y la imposición de mecanismos de gobernanza armada ilegal de este actor armado sobre los procesos organizativos, sociales, económicos y políticos en estos territorios podrían afectar el ejercicio de las campañas políticas y determinar riesgos sobre candidaturas”.
Sin embargo, un funcionario de la Procuraduría presente en el departamento para hacer seguimiento a las elecciones aseguró que “nada de eso ha pasado, generó solo dudas”.
Sobre esta situación, Penagos, quien se mostró diplomático con las alertas emitidas por la entidad, aseguró que desde la Registraduría se aplicaron las recomendaciones hechas por la Defensoría en la alerta temprana de 2023 por los riesgos en las elecciones de ese año en Putumayo.
“Todos los puestos, incluso los más complejos como Puerto Guzmán y Puerto Leguízamo, donde en el pasado se advirtieron posibles confinamientos o desplazamientos, están operando de manera normal”, afirmó antes de volver a Bogotá, en compañía de Eljach, sobre las tres de la tarde.
Así las cosas, la Registraduría llevó a cabo, sin inconvenientes y en lo que calificó como “tiempo récord”, la primera elección atípica de 2025 que, a su vez, empieza a marcar la ruta que seguirá la entidad para organizar las elecciones legislativas y presidenciales del próximo año.
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