Juan Camilo Restrepo: Hubo una feria de adjudicaciones

Restrepo dijo a El Espectador que el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) denunció ante la Fiscalía a antiguos funcionarios del Incoder, contratistas y terceros que pudieron haber estado involucrados en adjudicaciones mal hechas.

Este problema del robo de baldíos ha tomado grandes dimensiones...

Lo que se está documentando todos los días con casos como este es que, además del despojo del que fueron víctimas los campesinos por parte de los grupos armados, hubo otro gran despojado, aunque no lo fue por la violencia: el propio Estado. Le arrebataron baldíos y se adjudicaron mal.

¿Qué hallaron el Ministerio de Agricultura, la Procuraduría y el Incoder en Antioquia?

Lo que se encontró luego de analizar 1.500 expedientes es que en Urabá y otras regiones de Antioquia hubo una feria de adjudicaciones ilícitas de tierras baldías entre 2008 y 2010.

Estos terrenos no se dieron a campesinos de pocos recursos y sin tierra —como lo manda la ley—, sino que se otorgaron títulos a personas pudientes que no calificaban con las condiciones que la ley requiere para que sean receptores de baldíos, gente de altos patrimonios que tenía otras actividades. Es un uso realmente delictivo y abusivo en la titulación.

Esto demuestra que, además del despojo a los campesinos, que es lo que se está recuperando a través de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, hubo otras maneras de despojo. En este caso se trata de las tierras baldías del Estado que se adjudicaron a quienes no las necesitan ni tienen derecho a recibirlas.

Esas resoluciones se están revocando y el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural puso la respectiva denuncia penal ante la Fiscalía contra antiguos funcionarios del Incoder, contratistas de la entidad y terceros que estuvieron en concierto para delinquir.

¿Cuál fue el modus operandi de esta forma de despojo?

Simplemente fueron títulos otorgados de forma dolosa. Cuando la ley decía que sólo se podía adjudicar una Unidad Agrícola Familiar (UAF), se adjudicaban ocho o diez. La ley dice que sólo se puede dar a campesinos pobres. Se hizo una investigación cuidadosa gracias a la cooperación de la Procuraduría General de la Nación.

Los funcionarios señalados, ¿aún se encuentran en la entidad?

Entiendo que la mayoría han salido, y si hay alguno que falte por salir, lo hará. Todos van a ser denunciados penalmente.

Restrepo dijo a El Espectador que el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) denunció ante la Fiscalía a antiguos funcionarios del Incoder, contratistas y terceros que pudieron haber estado involucrados en adjudicaciones mal hechas.

Este problema del robo de baldíos ha tomado grandes dimensiones...

Lo que se está documentando todos los días con casos como este es que, además del despojo del que fueron víctimas los campesinos por parte de los grupos armados, hubo otro gran despojado, aunque no lo fue por la violencia: el propio Estado. Le arrebataron baldíos y se adjudicaron mal.

¿Qué hallaron el Ministerio de Agricultura, la Procuraduría y el Incoder en Antioquia?

Lo que se encontró luego de analizar 1.500 expedientes es que en Urabá y otras regiones de Antioquia hubo una feria de adjudicaciones ilícitas de tierras baldías entre 2008 y 2010.

Estos terrenos no se dieron a campesinos de pocos recursos y sin tierra —como lo manda la ley—, sino que se otorgaron títulos a personas pudientes que no calificaban con las condiciones que la ley requiere para que sean receptores de baldíos, gente de altos patrimonios que tenía otras actividades. Es un uso realmente delictivo y abusivo en la titulación.

Esto demuestra que, además del despojo a los campesinos, que es lo que se está recuperando a través de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, hubo otras maneras de despojo. En este caso se trata de las tierras baldías del Estado que se adjudicaron a quienes no las necesitan ni tienen derecho a recibirlas.

Esas resoluciones se están revocando y el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural puso la respectiva denuncia penal ante la Fiscalía contra antiguos funcionarios del Incoder, contratistas de la entidad y terceros que estuvieron en concierto para delinquir.

¿Cuál fue el modus operandi de esta forma de despojo?

Simplemente fueron títulos otorgados de forma dolosa. Cuando la ley decía que sólo se podía adjudicar una Unidad Agrícola Familiar (UAF), se adjudicaban ocho o diez. La ley dice que sólo se puede dar a campesinos pobres. Se hizo una investigación cuidadosa gracias a la cooperación de la Procuraduría General de la Nación.

Los funcionarios señalados, ¿aún se encuentran en la entidad?

Entiendo que la mayoría han salido, y si hay alguno que falte por salir, lo hará. Todos van a ser denunciados penalmente.