Juan Carlos Esguerra y la protección de derechos fundamentales en la Constitución de 1991

Uno de los momentos que Juan Carlos Esguerra dice no olvidar de la Asamblea Nacional Constituyente ocurrió a las 11:29 minutos de la noche del 3 de julio de 1991. “Cuando terminamos la tarea, nos salió del alma a los constituyentes llamar al señor encargado del sonio para que pusiera el himno nacional y nos paramos a cantar”, relata el exministro. Al día siguiente, el 4 de julio, se promulgaría la nueva constitución política que, desde entonces, rige los caminos de la nación.

Juan Carlos Esguerra ha estado inmiscuido en los laberintos del derecho desde 1977 y su trasegar profesional ha hecho ronda por las consultorías, los litigios y arbitrajes nacionales o internacionales y varias áreas del derecho. También ha recorrido los caminos de la burocracia y ha puesto sus conocimientos al servicio del Estado desde varios ministerios, viceministerios o embajadas.

Fue por ese bagaje profesional que llegó, en 1990, a integrar la lista que fue presentada por el Movimiento de Salvación Nacional (MSN) para integrar la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), una instancia política e histórica que la que se construyó la Carta Magna que reemplazó a la centenaria Constitución de 1886. Llegó de la mano del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado, asesinado en Bogotá cuatro años más tarde.

Esguerra integró la Comisión Primera, que tenía a su cargo la discusión de los pilares sobre los que se soportaría la nueva norma de normas colombiana. Tras 30 años de la promulgación de la Constitución de 1991, para el exministro no hay dudas de que era necesario hacer una reforma orgánica de la Constitución vigente hasta entonces, un asunto que se le pedía a gritos al Congreso de la República porque, a su juicio, tenía “graves defectos y pecados que estaban complicando la política en el país”.

Sin embargo, reconoce que, en el ejercicio de su actividad como constituyente, y producto de muchos debates, tanto él como muchos otros de quienes ocuparon un asiento en la Asamblea se percataron de que, si bien se necesitaba esa reforma orgánica, lo más importante que se logró fue la reforma dogmática.

“Era urgente revisar los principios fundamentales de la Constitución, revisar el papel de la persona humana, la carta de derechos, crear más y mejores mecanismos para la protección de estos, recordarles a los ciudadanos que, además de derechos, tenían deberes y obligaciones y, por último, abrirle las puertas a la democracia participativa”, recuerda Esguerra.

Y fue justo en esos puntos en los que desempeñó su intervención en la edificación de la nueva constitución. “Hay artículos en los que intervine personalmente, básicamente en los relacionados con la protección de los derechos, como la acción de tutela”, comenta.

Incluso, subraya que el proyecto que se convirtió en norma constitucional fue el que él mismo puso a consideración de la Asamblea, no obstante, dice no ser el dueño de nada. “Había muchos otros que buscaban una figura parecida a la tutela, pero con otros nombres, como acción o derecho de amparo, que era bastante semejante. De manera que no puedo decir que yo me inventé la figura”, señala.

De algo es bastante consciente el exconstituyente y es que la Constitución de 1991 no es la deudora de las fallas que tiene el país, sino que hay otros actores sobre los que recae la culpa de que esta aún sea insuficiente para solucionar problemas estructurales. “El Congreso de la República es el deudor. No ha desarrollado ni reglamentado muchas cosas que creó la Constitución y hoy son letra muerta por su inacción”, acusa Esguerra.

En ese sentido, acepta que hubo muchos errores cometidos por los constituyentes y que hoy merecen una reforma, como la politización de la justicia. “Nos equivocamos al darles a los altos tribunales poderes de postulación de candidatos para la Contraloría o la Procuraduría. En ese momento dijimos: quedan en manos de los más altos tribunales, imposible mejor. Pero eso politizó a las cortes, con los inconvenientes que eso ha traído”, aduce.

Pero, haciendo un balance general, cree que son más los beneficios que los inconvenientes que trajo la Constitución de 1991 y que los detalles que puedan generar algún problema pueden todavía solucionarse a través de las reformas que sean necesarias vía Congreso. Por eso echa a la basura cualquier propuesta que los políticos hagan para convocar a una nueva asamblea constituyente.

Uno de los momentos que Juan Carlos Esguerra dice no olvidar de la Asamblea Nacional Constituyente ocurrió a las 11:29 minutos de la noche del 3 de julio de 1991. “Cuando terminamos la tarea, nos salió del alma a los constituyentes llamar al señor encargado del sonio para que pusiera el himno nacional y nos paramos a cantar”, relata el exministro. Al día siguiente, el 4 de julio, se promulgaría la nueva constitución política que, desde entonces, rige los caminos de la nación.

Juan Carlos Esguerra ha estado inmiscuido en los laberintos del derecho desde 1977 y su trasegar profesional ha hecho ronda por las consultorías, los litigios y arbitrajes nacionales o internacionales y varias áreas del derecho. También ha recorrido los caminos de la burocracia y ha puesto sus conocimientos al servicio del Estado desde varios ministerios, viceministerios o embajadas.

Fue por ese bagaje profesional que llegó, en 1990, a integrar la lista que fue presentada por el Movimiento de Salvación Nacional (MSN) para integrar la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), una instancia política e histórica que la que se construyó la Carta Magna que reemplazó a la centenaria Constitución de 1886. Llegó de la mano del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado, asesinado en Bogotá cuatro años más tarde.

Esguerra integró la Comisión Primera, que tenía a su cargo la discusión de los pilares sobre los que se soportaría la nueva norma de normas colombiana. Tras 30 años de la promulgación de la Constitución de 1991, para el exministro no hay dudas de que era necesario hacer una reforma orgánica de la Constitución vigente hasta entonces, un asunto que se le pedía a gritos al Congreso de la República porque, a su juicio, tenía “graves defectos y pecados que estaban complicando la política en el país”.

Sin embargo, reconoce que, en el ejercicio de su actividad como constituyente, y producto de muchos debates, tanto él como muchos otros de quienes ocuparon un asiento en la Asamblea se percataron de que, si bien se necesitaba esa reforma orgánica, lo más importante que se logró fue la reforma dogmática.

“Era urgente revisar los principios fundamentales de la Constitución, revisar el papel de la persona humana, la carta de derechos, crear más y mejores mecanismos para la protección de estos, recordarles a los ciudadanos que, además de derechos, tenían deberes y obligaciones y, por último, abrirle las puertas a la democracia participativa”, recuerda Esguerra.

Y fue justo en esos puntos en los que desempeñó su intervención en la edificación de la nueva constitución. “Hay artículos en los que intervine personalmente, básicamente en los relacionados con la protección de los derechos, como la acción de tutela”, comenta.

Incluso, subraya que el proyecto que se convirtió en norma constitucional fue el que él mismo puso a consideración de la Asamblea, no obstante, dice no ser el dueño de nada. “Había muchos otros que buscaban una figura parecida a la tutela, pero con otros nombres, como acción o derecho de amparo, que era bastante semejante. De manera que no puedo decir que yo me inventé la figura”, señala.

De algo es bastante consciente el exconstituyente y es que la Constitución de 1991 no es la deudora de las fallas que tiene el país, sino que hay otros actores sobre los que recae la culpa de que esta aún sea insuficiente para solucionar problemas estructurales. “El Congreso de la República es el deudor. No ha desarrollado ni reglamentado muchas cosas que creó la Constitución y hoy son letra muerta por su inacción”, acusa Esguerra.

En ese sentido, acepta que hubo muchos errores cometidos por los constituyentes y que hoy merecen una reforma, como la politización de la justicia. “Nos equivocamos al darles a los altos tribunales poderes de postulación de candidatos para la Contraloría o la Procuraduría. En ese momento dijimos: quedan en manos de los más altos tribunales, imposible mejor. Pero eso politizó a las cortes, con los inconvenientes que eso ha traído”, aduce.

Pero, haciendo un balance general, cree que son más los beneficios que los inconvenientes que trajo la Constitución de 1991 y que los detalles que puedan generar algún problema pueden todavía solucionarse a través de las reformas que sean necesarias vía Congreso. Por eso echa a la basura cualquier propuesta que los políticos hagan para convocar a una nueva asamblea constituyente.