La tensión entre el presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, y las directivas del partido de La U tomó un nuevo rumbo tras el reciente pronunciamiento del Juzgado 38 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá.
La jueza ordenó que la dirigencia del partido resuelva de manera definitiva, en un plazo máximo de 48 horas, la solicitud de aval presentada por el congresista. La petición, radicada desde el mes pasado, llevaba semanas sin respuesta, situación que el equipo jurídico de López considera una dilación injustificada.
El representante, quien había radicado la petición desde el 13 de noviembre, valoró el pronunciamiento judicial como un avance en la protección de sus garantías políticas. En palabras del propio congresista, “la jueza le ordenó al Partido de la U que, en un plazo de dos (2) días, tome una decisión de fondo sobre mi solicitud de aval que había sido dilatada sin ninguna explicación”.
El fallo también exhortó al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que atienda la impugnación radicada por el presidente de la Cámara. Según López, esta determinación “deja claro que ningún partido puede evadir indefinidamente su responsabilidad ni usar herramientas disciplinarias para afectar la participación política de un congresista elegido por el pueblo”.
El motivo central de la pelea entre Julián López y el Partido de La U fue la acusación de las directivas de que el congresista estaba intentando crear una disidencia interna, a la que incluso habría dado el nombre de “La Nueva U”.
Para la dirigencia del partido —incluidos Clara Luz Roldán, Alexander Vega y la gobernadora Dilian Francisca Toro— esa iniciativa violaba los estatutos y representaba un desafío directo a su autoridad. Por eso el Comité de Ética decidió sancionarlo, suspendiéndole por tres meses la voz y el voto dentro de la colectividad.
En resumen, la pelea estalló porque La U consideró que López estaba formando un movimiento interno paralelo, lo que interpretó como un intento de dividir o restarle poder a la dirección del partido.
La defensa del presidente de la Cámara denuncia que se ha intentado “fabricar un proceso disciplinario liviano”, cuyo propósito sería castigar una posición política y no una falta real. Señalan que la autonomía partidista tiene límites claros en la Constitución.
Tras este nuevo capítulo entre el partido de La U y López este último busca la suspensión de las sanciones internas que había impuestas por la colectividad y la intervención directa de la Procuraduría General de la Nación, en miras de buscar la reelección a la Cámara por el departamento del Valle en las contiendas electorales del 2026.
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