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La designación de Julio Cesar Valencia Copete como nuevo ministro de Justicia, llega a menos de un año de que termine el gobierno de Petro y tendrá la tarea de adelantar los proyectos de Ley que la cartera tiene pendientes en el Congreso, como lo es: la ley de sometimiento y la jurisdicción agraria.
La designación de Valencia ocurre en un escenario legislativo complejo, con mayorías fragmentadas y profundas resistencias políticas frente a las iniciativas del Ejecutivo.
Jurisdicción Agraria: un proyecto estancado
Uno de los retos inmediatos del nuevo ministro será unir fuerzas con la ministra de Agricultura Martha Carvajalino, e impulsar el trámite de la Ley de la Jurisdicción Agraria, una iniciativa considerada fundamental para la justicia rural y que hace parte de los compromisos derivados del Acuerdo de Paz.
Pese a su importancia, el proyecto ha quedado detenido en la plenaria de la Cámara de Representantes. Ha sido incluido en más de cinco sesiones como un tema principal en el orden del día, pero la ausencia de consenso entre varios sectores políticos y las divisiones alrededor de la figura de la extinción de dominio agrario continúan impidiendo que el debate arranque formalmente.
La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, ha insistido en la necesidad de abrir el debate legislativo, por lo que Valencia Copete deberá trabajar conjuntamente con esta cartera para evitar que el tiempo legislativo se agote y la iniciativa se hunda.
Ley de sometimiento: un panorama adverso
La otra gran tarea del nuevo ministro tiene que ver con la Ley de sometimiento, cuyo objetivo es establecer un marco jurídico para que organizaciones criminales se acojan a la justicia bajo condiciones verificables.
Sin embargo, la propuesta enfrenta una mayoría opositora en la Comisión Primera de la Cámara. Varios parlamentarios han expresado preocupación por la posibilidad de que la norma derive en beneficios excesivos para actores criminales, lo que ha frenado el trámite y dejado el proyecto al borde de ser archivado.
Con Valencia Copete al frente de la cartera, el Gobierno busca darle un nuevo impulso a dos de sus apuestas más ambiciosas en materia de justicia. No obstante, el tiempo es limitado y la resistencia política es considerable.
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