El proyecto que crearía la jurisdicción agraria camina en el Congreso. En plenaria de Senado fue aprobado este acto legislativo en su cuarto debate. Así, la iniciativa cumple su cuarto debate y finaliza la primera ronda de discusiones. En marzo de 2023 deberá pasar por la segunda vuelta, es decir, por otros cuatro debates, para volverse ley de la República.
Aunque todavía le falta bastante trecho a la propuesta, es importante su avance porque tener una jurisdicción agraria es una deuda que tiene el país con la población rural y los conflictos sobre el uso y tenencia de la tierra que allí ocurren.
Crear esta jurisdicción significa que dentro de la estructura de administración de justicia se tendrán jueces especializados para que resuelvan estos problemas, teniendo en cuenta la realidad del campo. Distintas organizaciones, como el Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria, han insistido en que tener una jurisdicción agraria suma a construir una paz estable y duradera, y a cumplir un punto del Acuerdo de Paz firmado en La Habana.
Al respecto, congresistas propaz aplaudieron el avance de esta iniciativa. “Hoy logramos aprobar en 4 debate la creación de la jurisdicción agraria que pondrá fin a los conflictos agrarios y sobre la tierra que han desencadenado la guerra en Colombia. ¡Vamos por un país en paz en donde los campesinos cuenten con la tierra!”, escribió el senador Alexander López (Polo Democrático).
No obstante, otros parlamentarios, principalmente de la oposición, rechazaron una vez más este proyecto. “La jurisdicción agraria y rural solo crea mas burocracia, y si seguimos creando burocracia, a Colombia no le va alcanzar para invertir en los ciudadanos pobres”, afirmó la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático.
Proyectos que buscan crear esta jurisdicción especializada fueron presentados anteriormente en el Congreso, pero no tuvieron éxito. Tal es el caso del proyecto que en la legislatura pasada promovió la entonces representante verde Juanita Goebertus: la iniciativa era de autoría del Gobierno, pero Goebertus fungió de ponente. Aunque la propuesta avanzó, en su último debate la congresista señaló boicot por parte del ejecutivo pues no le metió acelerador y esta terminó hundiéndose.
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