Justicia, delito político y paz

A pocos días de que se cumplan dos años de funcionamiento de la mesa de diálogos de La Habana, el país empieza a presenciar el debate esencial del proceso de paz: el problema de la justicia y la discusión sobre cómo guerrilleros y militares pagarán sus cuentas con ella. Un problema que pasa por el reconocimiento internacional y que de ser solucionado nos pondrá en el camino hacia la reconciliación.

Es precisamente por la importancia de la temática que la Universidad de El Rosario propició un foro en el que participaron críticos y defensores de los diálogos entre Gobierno y Farc. Abrió el debate el exministro Humberto de la Calle, jefe del equipo de paz del Ejecutivo, y planteó la necesidad de que los tribunales internacionales flexibilicen sus estándares para permitir que el conflicto colombiano encuentre un final.

El exvicepresidente expresó que el proceso de paz sigue como “estrella polar” la satisfacción de las víctimas y que se trabaja en un modelo que obtenga lo máximo de justicia que se pueda. En este contexto hizo un llamado para que las Farc reconozcan, sin ambages, sus responsabilidades con ellas, pues tendrá que convencer a la ciudadanía de que les den la oportunidad de participar en política y de acceder a penas alternativas.

Y en este punto, De la Calle planteó su más atrevida propuesta: “No es posible un acuerdo sin considerar las circunstancias en las que cuales se vieron envueltos miembros de la Fuerza Pública. Es necesario volver a discutir algunos actos de delitos políticos. Rediscutamos la línea jurisprudencial alrededor del delito político. Ningún acuerdo como este se ha logrado en vigencia del Estatuto de Roma. Sabiendo que no habrá amnistías, estamos hablando de un conflicto vivo. Esto es inédito. Cumpliremos los compromisos para el tratamiento de los crímenes internacionales, pero esperamos que se entiendan las particularidades de lo que estamos haciendo los colombianos”, concluyó.

La respuesta la hizo el procurador Alejandro Ordóñez, quien se ha perfilado como uno de los más fuertes detractores del proceso de paz. El jefe del Ministerio Público lanzó fuertes dardos. Sostuvo que se estaba negociando con el principal “grupo económico” del país, refiriéndose a la información de la revista Forbes sobre que las Farc son el tercer grupo terrorista más rico del mundo.

También señaló que el “epílogo” de la gira del presidente Santos debió haber sido a La Habana, señalando que las Farc deben entregar el dinero conseguido “a través del narcotráfico y la extorsión” para reparar a sus víctimas. También criticó al Gobierno por calificarlo como enemigo de la paz . “Si quienes hoy detentan el Gobierno quieren arrasar con quienes disienten sobre el proceso de paz, ¿cómo decir que quiere la paz si no se oye las opiniones de quienes tienen reparos a las negociaciones?”, señaló.

La tesis central de Ordóñez fue la necesidad de que las Farc paguen con cárcel sus deudas con la justicia. Y presentó, argumentando que son principios del ordenamiento jurídico creado por la Corte Constitucional, una serie de inamovibles: “Los derechos de las víctimas; la terminación del conflicto armado, la dejación de armas; la obligación del Estado de investigar y juzgar todas las violaciones a los derechos humanos; que las Farc entreguen el dinero y reparen a sus víctimas. Deben pagar cárcel, así sea penas reducidas, pero penas privativas de la libertad. Vana ilusión la de quienes creen que pagarán las masacres haciendo trabajo social”, concluyó el Procurador.

Le siguió en turno el fiscal Eduardo Montealegre. El jefe del ente acusador lanzó sus tesis sobre el modelo de justicia transicional que el Estado debe adoptar. Para Montealegre, el ejemplo de Alemania muestra que investigar todos los delitos no es posible. “No podemos durar décadas actuando sobre lo ocurrido en el conflicto. Nuestro modelo debe conseguir un cierre definitivo de los procesos judiciales. No es una ley de punto final sino de cosa juzgada universal”, propuso.

Explicó que lo que se busca es que una vez investigadas las causas, se tienen que cerrar las deudas de todos los actores del conflicto armado. Montealegre también lanzó una arriesgada propuesta que consiste en crear modelos de justicia transicional diferenciales para miembros de la Fuerza Pública y guerrilleros. Y enfatizó: “En el caso de la insurgencia hay que recordar tres pilares: un modelo que esta construido sobre el concepto de máximos responsables, selectividad y cesación de la persecución penal condicional”.

Para el Fiscal, se deben aplicar tres herramientas: el concepto de delitos de sistema, que significan que aquellas violaciones masivas a los derechos humanos deben ser asumidas como una responsabilidad no individual, sino de las estructuras a las que pertenecen; el concepto de la doble imputación, que consiste en que primero se imputé al grupo y luego al individuo; y el tercer elemento es la autoría mediata en virtud de aparatos organizados de poder, que significa que cuando se han definido delitos como el secuestro deben ser imputados a la organización y no a los combatientes.

Finalmente, Montealegre expresó que para los miembros de la Fuerza Pública debe haber un marco de la justicia transicional diferente al de las Farc y la aplicación de esta justicia incluye delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, siempre y cuando se pruebe que estos hechos tienen una relación directa con el conflicto armado. El Fiscal también propuso alternatividad penal para ellos, así como juzgarlos de manera individual, pero sin descartar que se pueda adoptar el principio de máximos responsables.

En conclusión, el proceso de paz ha llegado al momento de los debates públicos, en el que Colombia discutirá qué modelo de justicia transicional está dispuesta a adoptar y qué tanto de verdad, de justicia y de reparación le va ofrecer a las partes del conflicto que buscan una paz negociada.

A pocos días de que se cumplan dos años de funcionamiento de la mesa de diálogos de La Habana, el país empieza a presenciar el debate esencial del proceso de paz: el problema de la justicia y la discusión sobre cómo guerrilleros y militares pagarán sus cuentas con ella. Un problema que pasa por el reconocimiento internacional y que de ser solucionado nos pondrá en el camino hacia la reconciliación.

Es precisamente por la importancia de la temática que la Universidad de El Rosario propició un foro en el que participaron críticos y defensores de los diálogos entre Gobierno y Farc. Abrió el debate el exministro Humberto de la Calle, jefe del equipo de paz del Ejecutivo, y planteó la necesidad de que los tribunales internacionales flexibilicen sus estándares para permitir que el conflicto colombiano encuentre un final.

El exvicepresidente expresó que el proceso de paz sigue como “estrella polar” la satisfacción de las víctimas y que se trabaja en un modelo que obtenga lo máximo de justicia que se pueda. En este contexto hizo un llamado para que las Farc reconozcan, sin ambages, sus responsabilidades con ellas, pues tendrá que convencer a la ciudadanía de que les den la oportunidad de participar en política y de acceder a penas alternativas.

Y en este punto, De la Calle planteó su más atrevida propuesta: “No es posible un acuerdo sin considerar las circunstancias en las que cuales se vieron envueltos miembros de la Fuerza Pública. Es necesario volver a discutir algunos actos de delitos políticos. Rediscutamos la línea jurisprudencial alrededor del delito político. Ningún acuerdo como este se ha logrado en vigencia del Estatuto de Roma. Sabiendo que no habrá amnistías, estamos hablando de un conflicto vivo. Esto es inédito. Cumpliremos los compromisos para el tratamiento de los crímenes internacionales, pero esperamos que se entiendan las particularidades de lo que estamos haciendo los colombianos”, concluyó.

La respuesta la hizo el procurador Alejandro Ordóñez, quien se ha perfilado como uno de los más fuertes detractores del proceso de paz. El jefe del Ministerio Público lanzó fuertes dardos. Sostuvo que se estaba negociando con el principal “grupo económico” del país, refiriéndose a la información de la revista Forbes sobre que las Farc son el tercer grupo terrorista más rico del mundo.

También señaló que el “epílogo” de la gira del presidente Santos debió haber sido a La Habana, señalando que las Farc deben entregar el dinero conseguido “a través del narcotráfico y la extorsión” para reparar a sus víctimas. También criticó al Gobierno por calificarlo como enemigo de la paz . “Si quienes hoy detentan el Gobierno quieren arrasar con quienes disienten sobre el proceso de paz, ¿cómo decir que quiere la paz si no se oye las opiniones de quienes tienen reparos a las negociaciones?”, señaló.

La tesis central de Ordóñez fue la necesidad de que las Farc paguen con cárcel sus deudas con la justicia. Y presentó, argumentando que son principios del ordenamiento jurídico creado por la Corte Constitucional, una serie de inamovibles: “Los derechos de las víctimas; la terminación del conflicto armado, la dejación de armas; la obligación del Estado de investigar y juzgar todas las violaciones a los derechos humanos; que las Farc entreguen el dinero y reparen a sus víctimas. Deben pagar cárcel, así sea penas reducidas, pero penas privativas de la libertad. Vana ilusión la de quienes creen que pagarán las masacres haciendo trabajo social”, concluyó el Procurador.

Le siguió en turno el fiscal Eduardo Montealegre. El jefe del ente acusador lanzó sus tesis sobre el modelo de justicia transicional que el Estado debe adoptar. Para Montealegre, el ejemplo de Alemania muestra que investigar todos los delitos no es posible. “No podemos durar décadas actuando sobre lo ocurrido en el conflicto. Nuestro modelo debe conseguir un cierre definitivo de los procesos judiciales. No es una ley de punto final sino de cosa juzgada universal”, propuso.

Explicó que lo que se busca es que una vez investigadas las causas, se tienen que cerrar las deudas de todos los actores del conflicto armado. Montealegre también lanzó una arriesgada propuesta que consiste en crear modelos de justicia transicional diferenciales para miembros de la Fuerza Pública y guerrilleros. Y enfatizó: “En el caso de la insurgencia hay que recordar tres pilares: un modelo que esta construido sobre el concepto de máximos responsables, selectividad y cesación de la persecución penal condicional”.

Para el Fiscal, se deben aplicar tres herramientas: el concepto de delitos de sistema, que significan que aquellas violaciones masivas a los derechos humanos deben ser asumidas como una responsabilidad no individual, sino de las estructuras a las que pertenecen; el concepto de la doble imputación, que consiste en que primero se imputé al grupo y luego al individuo; y el tercer elemento es la autoría mediata en virtud de aparatos organizados de poder, que significa que cuando se han definido delitos como el secuestro deben ser imputados a la organización y no a los combatientes.

Finalmente, Montealegre expresó que para los miembros de la Fuerza Pública debe haber un marco de la justicia transicional diferente al de las Farc y la aplicación de esta justicia incluye delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, siempre y cuando se pruebe que estos hechos tienen una relación directa con el conflicto armado. El Fiscal también propuso alternatividad penal para ellos, así como juzgarlos de manera individual, pero sin descartar que se pueda adoptar el principio de máximos responsables.

En conclusión, el proceso de paz ha llegado al momento de los debates públicos, en el que Colombia discutirá qué modelo de justicia transicional está dispuesta a adoptar y qué tanto de verdad, de justicia y de reparación le va ofrecer a las partes del conflicto que buscan una paz negociada.