Justicia reformada

Con la preservación de la temida figura de pérdida de investidura, para castigar las malas acciones de los legisladores, la eliminación de la Comisión de Acusación y la entrega de facultades jurisdiccionales para que el Congreso de la República adelante juicios de responsabilidad política contra altas dignidades del Estado, avanzaba anoche en el pleno de la Cámara el último debate de la polémica reforma a la justicia.

Es un hecho la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura y de la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara, que será reemplazada por una Comisión de Aforados Constitucionales que se encargará de investigar y presentar, ante la Corte Suprema de Justicia, el escrito de acusación contra los funcionarios contra quienes se adelante un juicio político.

Como se había previsto, la aplanadora legislativa se impuso a un pequeño grupo de opositores que presentaron una proposición de archivo que sólo alcanzó 13 votos de apoyo contra 89 adversos.

El cuerpo de la reforma se mantuvo tal cual venía en la ponencia. Se otorgaron funciones jurisdiccionales a empleados judiciales, notarios y abogados. Artículo que ha sido denominado por los representantes del Gobierno como el “instrumento de la descongestión” de la rama. Sin embargo, Germán Navas Talero, representante del Polo Democrático, levantó su voz de protesta: “Ahora habrá unos señores que en la mañana serán jueces y en la tarde abogados litigantes. Esto vulnera notablemente la autonomía de la justicia”.

A su vez, el pleno de la Cámara aceptó una medida que permitiría la detención preventiva hasta por 36 horas de los ciudadanos que se encuentren en estados alterados de conciencia o bajo conductas violentas.

En cuanto a la pérdida de investidura, que en la Comisión Primera de la corporación había incluido sanciones graduales, generó profunda incomodidad entre los congresistas, pues la ponencia eliminó la suspensión y mantuvo como única sanción la pérdida de investidura.

A pesar de la oposición de un grueso número de parlamentarios, se aprobó el texto presentado en la ponencia. Asimismo, se reglamentan las causales para la pérdida de investidura separándolas de las inhabilidades para ser congresista.

Al cierre de esta edición el debate continuaba y se habían aprobado 15 artículos, de los 30 que componen el acto legislativo. Quedaban para estudio de la Cámara algunos de los más polémicos, como la ampliación del período de los actuales magistrados a 12 años, así como la ampliación de la edad de retiro forzoso, de 65 a 70 años.

De igual manera, se dejaron para la sesión de hoy los artículos que reglamentan la doble instancia de los congresistas, el blindaje de éstos ante la Procuraduría, los términos para la detención de legisladores, así como el tema de aumento de presupuesto de la rama, entre otros.