Si las Farc, a partir de hoy, dejan de ser un grupo armado ilegal, la celeridad en términos legislativos urge más que nunca. El Congreso, sin embargo, no citó a sesiones extras en momentos en que la guerrilla necesita seguridad jurídica y, especialmente, garantías que aseguren que sus miembros podrán hacer su tránsito a la vida civil sin tropiezos.
Por eso, estas tres semanas de receso en el Capitolio serán claves para que el Gobierno confeccione los ajustes que debe hacer a los proyectos para implementar los acuerdos de La Habana y, sobre todo, asegurarse de que supere los debates sin complicaciones.
La ley estatuaria que reglamentará la Jurisdicción Especial de Paz será la primera tarea por definir. Se trata del eje central de los textos de paz dado que tendrá a su cargo definir cómo va a operar el sistema de justicia transicional para juzgar a los actores involucrados con el conflicto armado.
Faltan varios aspectos. Por ejemplo, el que aclara que se trata de un régimen legal propio —separado de las tres ramas del poder público—, que conocerá exclusivamente de los delitos cometidos con anterioridad al 1° de diciembre de 2016 y que el ejercicio de sus funciones no perdurará por más de 15 años. También falta definir las consecuencias para quienes se sometan a la JEP si no cumplen con el objetivo de este sistema: la reparación integral a las víctimas.
Otro punto tiene que ver con tener claras las reglas frente a la aplicación de indultos, amnistías y acciones que permitan dar a agentes del Estado un tratamiento penal diferenciado. En pocas palabras, falta mucha tela por cortar y el Gobierno tendrá la difícil tarea de mantener cohesionado al Legislativo en pleno año electoral.
Por eso la necesidad de reconfigurar las fuerzas. La U advierte rebeldía en el próximo período y los asuntos de la paz —que serán tramitados vía fast track— no serán ajenos al tsunami político que se avecina.
Y de eso dará fe el debate sobre la reforma política, otro punto pendiente en la implementación del Acuerdo de Paz. En diálogo con este diario, varios congresistas anunciaron su inconformismo con el Ejecutivo por intentar modificar las reglas del juego faltando tan poco para las elecciones, al punto que el partido del presidente Santos promoverá una propuesta que permita abandonar el barco sin sanciones. Varios, incluso, han comenzado a hacer acercamientos con el Centro Democrático.
Todas estas situaciones que, poco a poco, desdibujan la gobernabilidad del jefe de Estado en el Congreso que, finalmente, tiene en sus manos la implementación del Acuerdo de Paz. La reforma política, se supone, comenzará a ser discutida por primera vez el próximo mes. La estatutaria de la JEP ni siquiera ha sido radicada y todo ello implicará un desgaste enorme para el ministro del Interior, Guillermo Rivera. Antes de cualquier decisión tendrá que reunirse, como en otras ocasiones, con los voceros de todos los partidos para asegurarse, al menos, unos votos suficientes que no pongan en riesgo lo pactado.
¿Qué más falta? La luz verde para el proyecto que crea 16 circunscripciones especiales de paz en la Cámara de Representantes, un asunto que se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para los caciques de región. Excluir la participación de partidos políticos —incluido el que surja de las Farc— para lograr una de estas curules significó un rechazo de marca mayor entre aquellos que ven amenazados sus votos en esas zonas.
Finalmente, quedan otros proyectos igualmente importantes para el Gobierno y las Farc: el que aclara que el Estado tiene el monopolio de las armas, el ingreso de miembros de la guerrilla a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para brindar seguridad a sus jefes y, por supuesto, el que reglamenta el primer punto de la agenda de paz de Cuba: la reforma rural integral.
Por Redacción Politíca
