La arremetida de Sofía Gaviria contra Yolanda Pinto

“Yolanda Pinto bajo sospecha”. Así se titula la columna escrita por la senadora liberal Sofía Gaviria, hermana del exgobernador de Antioquia Guillermo Gaviria, secuestrado y asesinado por las Farc, en la que se va lanza en ristre contra la recién nombrada directora de la Unidad de Víctimas, Yolanda Pinto, esposa del inmolado exmandatario, a quien señala de nunca haber actuado en favor de los que padecieron el conflicto por culpa de la guerrilla y de tener demandado al Estado por cerca de $1.500 millones.

“Mientras nosotros hemos repetido sin cesar que víctimas y victimarios no pueden recibir el mismo trato, Pinto ha asumido una actitud complaciente y condescendiente con los victimarios.  Recuerdo que, durante el secuestro de mi hermano Guillermo, cuando le enviábamos mensajes a través de Voces del Secuestro (dirigido por mi compañero de la lucha por las víctimas, Herbin Hoyos), me sorprendió siempre la familiaridad de Pinto con los secuestradores y posteriores asesinos de Guillermo: ella los llamaba ‘comandantes’ y ‘camaradas’, en una actitud casi cómplice, que indignaba a toda mi familia”, dice la asenadora en uno de los apartes de su escrito.

Gaviria, quien actualmente es presidenta honoraria de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, asegura además que ha notado la frustración de las víctimas por el nombramiento de Yolanda Pinto como directora de la Unidad de Víctimas y que a ella, personalmente, la desilusiona. “Hasta su reciente nombramiento, Pinto nunca desarrolló activismo alguno por la defensa de las víctimas, mientras yo, desde el secuestro de mi hermano Guillermo, inicié un intenso trabajo de sensibilización para la reparación y justicia a las víctimas, en eventos en distintos países. Recuerdo especialmente que, en Bogotá, acompañé a Diana Sofía Giraldo en el primer evento nacional por las víctimas (que fue insumo efectivo para la creación de la Ley de Víctimas) y que, a pesar de que este tuvo lugar en el Congreso y de que Yolanda Pinto en ese momento era senadora, no participó del mismo”, agrega.

Asimismo, señala que Pinto nunca ha sido promotora del reconocimiento del derecho de las víctimas a la justicia, ni se ha pronunciado por la dignidad de las víctimas ante el atropello a las mismas que constituye el grueso del punto de Víctimas de los Acuerdos  de La Habana con las Farc, ni ha dado señal de alarma ante las amenazas y el daño a la integridad física a importantes líderes de las víctimas y a sus familias.

“Pinto no reconoce que la atención y reparación a las víctimas debe priorizar a las más necesitadas, mientras nosotros somos firmes defensores de este principio.  Valga anotar que, al tiempo que mi familia y yo, como víctimas, renunciamos a cualquier reparación material para contribuir a una más veloz reparación de las víctimas que deben ser priorizadas, la señora Pinto demandó al Estado por 2.000 salarios mínimos mensuales (casi $1.500 millones).  La demanda, actualmente en segunda instancia, en el Consejo de Estado, entró al despacho del consejero ponente, Carlos Alberto Zambrano Barrera, pocos días antes del nombramiento de Pinto en la Unidad de Víctimas”, anota la columna.

Para la senadora Sofía Gaviria, la llegada de Yolanda Pinto a la dirección de la Unidad de Víctimas preocupa “no solamente por su nula trayectoria en el campo de servicio a las víctimas, sino por el panorama más que sombrío en el que se encuentra actualmente la entidad”. Y revela que en el informe que, hace unos días presentó al Congreso la Comisión de Monitoreo a la Ley de Víctimas (integrada por la Procuraduría General, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General y la Mesa Nacional de Víctimas), el incumplimiento es general, no sólo en la implementación de las medidas de atención, asistencia y reparación integral, sino también en lo relacionado con el derecho a la participación y la restitución de derechos territoriales, siendo la situación todavía más dramática cuando se trata de reconocer los derechos de las minorías étnicas, de los adultos mayores y de las personas en condición de discapacidad a causa del conflicto.

“Dice el informe que los recursos para las víctimas que no dependen del Sistema General de Participaciones, en vez de aumentar han disminuido. Y las cifras hablan por sí solas: según la Procuraduría, ninguno de los 522 procesos de reparación colectiva incluidos en el registro ha culminado. Y, en cuanto a la reparación individual, el 93% de las víctimas registradas no han accedido a esta, mientras a sus victimarios el Gobierno sí les está cumpliendo”, indica el escrito.

El agua sucia le cae también a Alan Jara, saliente director de la Unidad de Víctimas. Según Gaviria, durante los catorce meses que estuvo al frente de la entidad, no se suscribió ni un solo contrato para operar los 108 planes acordados con las víctimas, además de la negligencia mostrada a la hora de velar por la protección de los líderes de víctimas en las regiones. “Estamos entrando en la bicicleta estática. Estamos sacando el quinto informe de Seguimiento a la Ley de Víctimas y este es el mismo informe de hace un año, de hace tres años, de hace cuatro y de hace cinco años”.

Al final, la senadora liberal dice que espera que en su nuevo puesto, Yolanda Pinto no se dedique a utilizar la institución “para comprar conciencias con la entelequia de un proceso de paz que en nada ha tenido en cuenta a las víctimas”. Y enfatiza: “Ojalá nuestro pronóstico falle, y la nueva directora se consagre con diligencia a mejorar la coordinación entre la Unidad y las organizaciones de víctimas; a amainar el suplicio que para estas representa la tramitología; a defender como sagrados los recursos para que estos vayan a las víctimas y no se sigan quedando en gastos en burocracia y en publicidad; a priorizar a las víctimas más vulnerables y a exigir del Gobierno que ella representa protección pronta y adecuada para las víctimas amenazadas”.

Por último, Gaviria advierte que como la trayectoria de Pinto no les da tranquilidad a las víctimas de las Farc, ella, como una de sus voceras “que no ha sido comprada” se convertirá en la veedora “más rigurosa de la gestión".

“Yolanda Pinto bajo sospecha”. Así se titula la columna escrita por la senadora liberal Sofía Gaviria, hermana del exgobernador de Antioquia Guillermo Gaviria, secuestrado y asesinado por las Farc, en la que se va lanza en ristre contra la recién nombrada directora de la Unidad de Víctimas, Yolanda Pinto, esposa del inmolado exmandatario, a quien señala de nunca haber actuado en favor de los que padecieron el conflicto por culpa de la guerrilla y de tener demandado al Estado por cerca de $1.500 millones.

“Mientras nosotros hemos repetido sin cesar que víctimas y victimarios no pueden recibir el mismo trato, Pinto ha asumido una actitud complaciente y condescendiente con los victimarios.  Recuerdo que, durante el secuestro de mi hermano Guillermo, cuando le enviábamos mensajes a través de Voces del Secuestro (dirigido por mi compañero de la lucha por las víctimas, Herbin Hoyos), me sorprendió siempre la familiaridad de Pinto con los secuestradores y posteriores asesinos de Guillermo: ella los llamaba ‘comandantes’ y ‘camaradas’, en una actitud casi cómplice, que indignaba a toda mi familia”, dice la asenadora en uno de los apartes de su escrito.

Gaviria, quien actualmente es presidenta honoraria de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, asegura además que ha notado la frustración de las víctimas por el nombramiento de Yolanda Pinto como directora de la Unidad de Víctimas y que a ella, personalmente, la desilusiona. “Hasta su reciente nombramiento, Pinto nunca desarrolló activismo alguno por la defensa de las víctimas, mientras yo, desde el secuestro de mi hermano Guillermo, inicié un intenso trabajo de sensibilización para la reparación y justicia a las víctimas, en eventos en distintos países. Recuerdo especialmente que, en Bogotá, acompañé a Diana Sofía Giraldo en el primer evento nacional por las víctimas (que fue insumo efectivo para la creación de la Ley de Víctimas) y que, a pesar de que este tuvo lugar en el Congreso y de que Yolanda Pinto en ese momento era senadora, no participó del mismo”, agrega.

Asimismo, señala que Pinto nunca ha sido promotora del reconocimiento del derecho de las víctimas a la justicia, ni se ha pronunciado por la dignidad de las víctimas ante el atropello a las mismas que constituye el grueso del punto de Víctimas de los Acuerdos  de La Habana con las Farc, ni ha dado señal de alarma ante las amenazas y el daño a la integridad física a importantes líderes de las víctimas y a sus familias.

“Pinto no reconoce que la atención y reparación a las víctimas debe priorizar a las más necesitadas, mientras nosotros somos firmes defensores de este principio.  Valga anotar que, al tiempo que mi familia y yo, como víctimas, renunciamos a cualquier reparación material para contribuir a una más veloz reparación de las víctimas que deben ser priorizadas, la señora Pinto demandó al Estado por 2.000 salarios mínimos mensuales (casi $1.500 millones).  La demanda, actualmente en segunda instancia, en el Consejo de Estado, entró al despacho del consejero ponente, Carlos Alberto Zambrano Barrera, pocos días antes del nombramiento de Pinto en la Unidad de Víctimas”, anota la columna.

Para la senadora Sofía Gaviria, la llegada de Yolanda Pinto a la dirección de la Unidad de Víctimas preocupa “no solamente por su nula trayectoria en el campo de servicio a las víctimas, sino por el panorama más que sombrío en el que se encuentra actualmente la entidad”. Y revela que en el informe que, hace unos días presentó al Congreso la Comisión de Monitoreo a la Ley de Víctimas (integrada por la Procuraduría General, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General y la Mesa Nacional de Víctimas), el incumplimiento es general, no sólo en la implementación de las medidas de atención, asistencia y reparación integral, sino también en lo relacionado con el derecho a la participación y la restitución de derechos territoriales, siendo la situación todavía más dramática cuando se trata de reconocer los derechos de las minorías étnicas, de los adultos mayores y de las personas en condición de discapacidad a causa del conflicto.

“Dice el informe que los recursos para las víctimas que no dependen del Sistema General de Participaciones, en vez de aumentar han disminuido. Y las cifras hablan por sí solas: según la Procuraduría, ninguno de los 522 procesos de reparación colectiva incluidos en el registro ha culminado. Y, en cuanto a la reparación individual, el 93% de las víctimas registradas no han accedido a esta, mientras a sus victimarios el Gobierno sí les está cumpliendo”, indica el escrito.

El agua sucia le cae también a Alan Jara, saliente director de la Unidad de Víctimas. Según Gaviria, durante los catorce meses que estuvo al frente de la entidad, no se suscribió ni un solo contrato para operar los 108 planes acordados con las víctimas, además de la negligencia mostrada a la hora de velar por la protección de los líderes de víctimas en las regiones. “Estamos entrando en la bicicleta estática. Estamos sacando el quinto informe de Seguimiento a la Ley de Víctimas y este es el mismo informe de hace un año, de hace tres años, de hace cuatro y de hace cinco años”.

Al final, la senadora liberal dice que espera que en su nuevo puesto, Yolanda Pinto no se dedique a utilizar la institución “para comprar conciencias con la entelequia de un proceso de paz que en nada ha tenido en cuenta a las víctimas”. Y enfatiza: “Ojalá nuestro pronóstico falle, y la nueva directora se consagre con diligencia a mejorar la coordinación entre la Unidad y las organizaciones de víctimas; a amainar el suplicio que para estas representa la tramitología; a defender como sagrados los recursos para que estos vayan a las víctimas y no se sigan quedando en gastos en burocracia y en publicidad; a priorizar a las víctimas más vulnerables y a exigir del Gobierno que ella representa protección pronta y adecuada para las víctimas amenazadas”.

Por último, Gaviria advierte que como la trayectoria de Pinto no les da tranquilidad a las víctimas de las Farc, ella, como una de sus voceras “que no ha sido comprada” se convertirá en la veedora “más rigurosa de la gestión".