“La autorregulación no ha logrado su propósito”

El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció que investigará 15 firmas encuestadoras. ¿Qué los llevó a abrir esa investigación a escasas dos semanas de las votaciones?

La Constitución (art. 265) señala que el CNE debe, entre otros aspectos, velar por el cumplimiento de las normas sobre “publicidad y encuestas de opinión política” y la ley (130 de 1994) fija los parámetros que deben cumplir las firmas que las realizan. Este control es una garantía para que el debate electoral se adelante en condiciones de equilibrio. Al CNE le corresponde también, y de manera principal, proteger la libertad de los electores y promover la transparencia en la formación de su opinión. En cuanto a su pregunta, el Consejo abrió investigación a varias firmas por sus eventuales incumplimientos y este proceso se inicia justo ahora porque, siendo un período de actividad electoral, también lo es de una mayor publicación de encuestas.

¿En cuáles aspectos se enfocó la revisión que ustedes hicieron de 253 mediciones publicadas y cómo empezaron a dudar de que unas cumplían la regulación y otras no?

Los requisitos mínimos que debe contener la publicación de encuestas han sido establecidos en la ley que le cité y en una resolución (23 de 1996). Tales requisitos deben incluirse en una ficha técnica que en otros países llaman la “vitrina metodológica”, en donde se da información exacta sobre las variables que se tuvieron en cuenta para su aplicación. La revisión se enfocó en determinar si al momento de publicación de las encuestas se cumplían los requerimientos legales. La reacción que ha producido el anuncio de la investigación indica que se trata de un aspecto sensible de la democracia electoral sobre el cual existe poca deliberación.

Es cierto que este tema se discute poco, aunque tal vez las reacciones adversas también tienen que ver con que se percibe que los controles sobre divulgación de cualquier información es censura…

Esa percepción no corresponde a la realidad.

¿En qué se equivocaron las encuestadoras que, según el CNE, serán investigadas?

Existe información preliminar que justifica la apertura de las investigaciones. Las faltas que se habrían cometido comprenden desde la realización de encuestas por firmas no inscritas ante el Consejo Electoral hasta el tamaño de la muestra, que no coincide con el porcentaje de error, además de la publicación incompleta de las mismas, la omisión de datos relevantes en las fichas técnicas, entre otras. Si adelantadas las investigaciones se encuentran incumplimientos, corresponde imponer sanciones de 25 a 40 salarios mínimos mensuales, o la suspensión o prohibición del ejercicio de estas actividades. Estas sanciones fueron establecidas en la ley y en la resolución que ya le mencioné.

Entre las firmas que fueron cuestionadas por el Consejo se incluyeron las más conocidas del país: Centro Nacional de Consultoría, Gallup, Ipsos Napoleón Franco, Datexco, Cifras y Conceptos… ¿No teme el CNE que el anuncio de la investigación lesione el buen nombre de esas empresas?

El anuncio responde al principio de la publicidad en las actuaciones de las autoridades y no significa, en manera alguna, que se afecte el buen nombre de nadie. Tiene también tienen una finalidad persuasiva: el CNE busca evitar la divulgación masiva de resultados de encuestas sin el suficiente rigor técnico, que pueden terminar desorientando o deformando la voluntad electoral. Un daño de esa naturaleza es irreparable para la legitimidad institucional. La Corte Constitucional señaló (sentencia C-089 de 1994) que la vigilancia y las sanciones en mención no violan la Carta y que, por el contrario, buscan garantizar la objetividad de las encuestas. Si las firmas que se mencionan han observado las normas, no tienen de qué preocuparse.

También se anunció que investigarán a algunos diarios por la divulgación incompleta de datos. Esos medios son tan prestigiosos como las encuestadoras: “El Tiempo”, “El Colombiano”, “El País”… ¿Ustedes no excedieron los controles o realmente encuentran que se desbordó la actividad de información electoral?

Toda encuesta de carácter electoral publicada debe acompañarse de su respectiva ficha técnica. En modo alguno verificar el cumplimiento de este requisito legal puede interpretarse como una exageración ni como una obstrucción a la libertad de prensa e información. El Consejo de Estado ha señalado que dicho control no es una opción sino una obligación del CNE. Que la encuesta se publique en su totalidad e indique la persona natural o jurídica que la realizó, su financiación, el tamaño de la muestra, los temas a que se refiere, los candidatos por los que se indagó, la fecha de su realización, el margen de error estadístico de los resultados y otros tecnicismos, no es una arbitrariedad. Es garantía de protección al ciudadano.

Ha habido mucha inquietud porque se dijo que el Consejo está pensando en realizar una especie de censura previa con la revisión de los resultados de las encuestas. Pese a que se ha insistido en que eso no es cierto, la duda queda. ¿Hay o no discusión sobre este punto?

El CNE no realiza control previo de los resultados de las encuestas. Eso sí constituiría una afectación grave a la libertad de información. La confusión se generó porque en la rueda de prensa que se convocó hace unos días se hizo alusión a la necesidad de que la autoridad electoral tuviera conocimiento de la ficha técnica junto con el resultado de la encuesta que debe remitirse a este organismo. Pero, se lo digo en forma categórica, no tenemos discusión alguna sobre este aspecto. De tiempo atrás, este organismo ha adoptado una posición en favor de la autorregulación en cuanto a la ficha técnica que, a mi juicio, no ha logrado su propósito. Pero este es un tema que deberá discutirse más adelante.

¿Qué deberá discutirse en cuanto a la ficha técnica y por qué? ¿Qué les preocupa?

A mí, personalmente, me inquieta la distorsión que puede generarse dependiendo del peso que el encuestador les dé a ciertos aspectos de la ficha técnica. Esa preocupación debería discutirse entre los actores de los procesos electorales en un escenario amplio, técnico y democrático al que todos concurramos.

Se dijo que el Consejo expediría una resolución para obligar a los medios a llevar a los debates a todos los candidatos inscritos sin tener en cuenta la seriedad o viabilidad de su aspiración. ¿Por qué imponerle a un canal o cadena radial la presencia de un desconocido que no representa a nadie, en lugar de que los electores oigan a quienes sí ocuparán las alcaldías y gobernaciones?

Los debates entre los candidatos contribuyen al voto informado, a partir del contraste entre los distintos programas y posiciones. Por lo general, son los propios medios los que los organizan, auspician y conducen, pero en algunos países se le confieren a la autoridad electoral atribuciones en la materia. En nuestro caso, no hemos llegado hasta allá. Sin embargo, al CNE le corresponde, como dije, asegurar que los procesos electorales se adelanten en condiciones de plenas garantías. En la circular a la que usted alude se exhorta a los medios concesionarios de espacios a invitar a todos los candidatos inscritos. Es una garantía para cumplir el principio de pluralismo, pero no tiene carácter sancionatorio.

¿No será una exageración?

¿Cómo asegurar plenas garantías, si no puede exhortarse a los medios a un compromiso con los principios constitucionales? Recientemente, once aspirantes del Partido Republicano en Estados Unidos, incluido el señor Trump, se enfrentaron en varios debates. Un ejemplo de apertura informativa.

Pero no invitaron a los 17 aspirantes a ese debate. A los seis restantes, que no tienen ninguna oportunidad de ser elegidos, los llevaron a otro espacio y a una hora de muy baja audiencia. Esto no es discriminatorio, como parece, sino sentido de la realidad…

Hay una línea muy delgada y fácil de traspasar que puede afectar la información adecuada e imparcial a que tienen derecho los electores.

Se sabe que la mayoría de las campañas, no ahora sino desde hace años, suelen contratar sus propias encuestas. Y que, aunque no las publiquen, las usan para tomar decisiones y construir estrategias. Para el Consejo, ¿es perturbador el vínculo comercial y el compromiso entre las encuestadoras y la campaña de un candidato?

En esta respuesta no comprometo al CNE: los debates informados y de carácter programático atractivos para la opinión pública se han ido supliendo por un pugilato que se libra a través de las mediciones y de las encuestadoras. Algunos candidatos, por lo general los más pudientes, al tiempo que contratan encuestas, abandonan los debates electorales y, en cambio, utilizan los resultados, no para construir estrategias de atracción al elector sino para distorsionar su opinión. Si esa práctica se traslada a la prensa, por ejemplo, con avisos pagados, se puede afectar la formación de la voluntad colectiva. A mi manera de ver, se trata de una conducta indeseable que vulnera los cimientos de la representación política. Al CNE, repito, le corresponde velar por las garantías a los partidos y los candidatos, y, lo que es más importante, por los derechos de la ciudadanía. En ocasiones, lo admito, estos derechos pueden entrar en controversia con la libertad de información.

Así es. Se presenta una colisión de derechos constitucionales: el de la libertad de información contra el derecho del elector a estar informado de manera adecuada e imparcial. ¿Cuál prima, en su opinión?

La Corte Constitucional ha dicho que en este tipo de casos debe encontrarse una solución que afecte lo menos posible los dos derechos.

Escuché a Darío Arizmendi decir que si el CNE ordena cancelar la publicación de resultados de las encuestas una semana antes de las elecciones, tal como sucede en las presidenciales, él no acatará esa orden. ¿Qué opina de este anuncio y qué harían ustedes en tal caso?

El CNE discutió un proyecto que extiende a las elecciones locales la restricción de publicar encuestas una semana antes de las elecciones, en este caso el 25 de octubre, tal como sucede en las presidenciales. ¿Por qué examinamos este asunto? Porque estamos viendo un desbordamiento en el número de encuestas que pueden afectar la libre formación del voto. Entiendo que esta discusión es compleja y no la debemos eludir. Tal vez, el momento más adecuado para hacerlo no es a dos semanas de las votaciones. Sin embargo, la resistencia no ha sido menor. Entiendo que el miércoles se hará una reunión con las encuestadoras y los medios con el fin de examinar sus inquietudes. Pero lo que no puede ocurrir es que esas resistencias lleven al CNE a declinar sus competencias constitucionales.

¿Cree que a los encuestadores y a los medios se les ha ido la mano en creer que nadie puede ejercer control de sus actos?

Tenemos que entender que estamos regidos por la misma Constitución y que todos debemos respetar los derechos de los demás, más aún aquellos que tienen mayores responsabilidades por su rol en la sociedad.

Me perdona la franqueza, magistrado, pero el Consejo no tiene la credibilidad que debe poseer un juez, porque sus miembros son representantes de los partidos y uno piensa que allí sólo existen intereses políticos. A su entender, ¿el CNE cuenta con legitimidad para adelantar la que será una “batalla” contra enormes poderes?

Comparto su comentario en el sentido de que el CNE debe ser un organismo autónomo e independiente, no sólo de las otras ramas del poder público, en especial del Ejecutivo, sino también de los partidos políticos. Esta entidad debería ser a la actividad electoral lo que el Banco de la República es a la monetaria, y no lo digo por el contenido de sus competencias, sino por la credibilidad de la institución. Con todo, “batallas” como la de la trashumancia, la revocatoria de inscripciones de cerca de mil candidatos inhabilitados y ahora este asunto, que involucra a protagonistas con mucho poder —como usted afirma—, hacen parte de las funciones que nos asigna la Carta. Tener elecciones limpias y transparentes es un bien público que debemos proteger sin vacilación. Y en esta batalla, las empresas que se mencionan deberían ser nuestras aliadas y no nuestras contradictoras.

“Examen neutral y ponderado”

Me gustaría que se sincerara con los lectores: ¿Qué ha notado el Consejo Electoral para hacer estos anuncios sobre controles a las encuestas, encuestadores y medios? A ustedes, los magistrados, ¿les parece que la frecuencia de las mediciones y sus resultados tan disímiles tienen la capacidad de distorsionar la voluntad popular?

Estamos verificando si es cierto, como se afirma en algunas quejas, que algunos medios han publicado encuestas electorales sin ninguna ficha técnica. Y que, sobre esa información, se ha editorializado induciendo a la opinión pública hacia un determinado candidato. Han llegado también al Consejo Nacional Electoral reportes que indican el número cada vez mayor de encuestas que se realizan en lapsos más breves, que reportan resultados contradictorios y que, a estas alturas, pueden afectar el discernimiento de los electores. Y existen varios reclamos ante este organismo en que se pide que se tomen medidas “preventivas”, como el caso de Clara López, o que se reglamenten las encuestas, como lo solicitó Marta Lucía Ramírez. Aunque a los candidatos les gustan sólo las mediciones que les son favorables, existen, ahí, argumentos que deben examinarse con neutralidad y ponderación.

El anuncio que dejó al sector político con la boca abierta

Esta semana, el anodino Consejo Nacional Electoral sorprendió a todo el mundo cuando anunció que abrirá investigaciones por presuntas irregularidades que habrían cometido las empresas encuestadoras y algunos medios de comunicación cuando las primeras no dieron los datos exigidos y los segundos no publicaron lo que debían sobre las fichas técnicas en que se basaron para elaborar los sondeos de intención de voto para candidatos a las elecciones del próximo 25 de octubre, día en que se renovarán los gobernantes locales y regionales en el territorio nacional. Las investigaciones reportadas se originan en denuncias presentadas por algunos aspirantes a alcaldías y gobernaciones, y también en la constatación de que se están divulgando encuestas realizadas por firmas que no cuentan con la autorización legal para desarrollar esa delicada actividad. Entre los defectos encontrados están, además de la publicación incompleta de las fichas técnicas y la falta de registro ante la CNE, la supuesta distorsión de la información en algunos casos. La mayoría de las encuestadoras y los medios que serán objeto de la lupa del CNE cuenta con gran prestigio y tradición en este campo, por lo que el asombro del mundo político y periodístico fue mayúsculo.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció que investigará 15 firmas encuestadoras. ¿Qué los llevó a abrir esa investigación a escasas dos semanas de las votaciones?

La Constitución (art. 265) señala que el CNE debe, entre otros aspectos, velar por el cumplimiento de las normas sobre “publicidad y encuestas de opinión política” y la ley (130 de 1994) fija los parámetros que deben cumplir las firmas que las realizan. Este control es una garantía para que el debate electoral se adelante en condiciones de equilibrio. Al CNE le corresponde también, y de manera principal, proteger la libertad de los electores y promover la transparencia en la formación de su opinión. En cuanto a su pregunta, el Consejo abrió investigación a varias firmas por sus eventuales incumplimientos y este proceso se inicia justo ahora porque, siendo un período de actividad electoral, también lo es de una mayor publicación de encuestas.

¿En cuáles aspectos se enfocó la revisión que ustedes hicieron de 253 mediciones publicadas y cómo empezaron a dudar de que unas cumplían la regulación y otras no?

Los requisitos mínimos que debe contener la publicación de encuestas han sido establecidos en la ley que le cité y en una resolución (23 de 1996). Tales requisitos deben incluirse en una ficha técnica que en otros países llaman la “vitrina metodológica”, en donde se da información exacta sobre las variables que se tuvieron en cuenta para su aplicación. La revisión se enfocó en determinar si al momento de publicación de las encuestas se cumplían los requerimientos legales. La reacción que ha producido el anuncio de la investigación indica que se trata de un aspecto sensible de la democracia electoral sobre el cual existe poca deliberación.

Es cierto que este tema se discute poco, aunque tal vez las reacciones adversas también tienen que ver con que se percibe que los controles sobre divulgación de cualquier información es censura…

Esa percepción no corresponde a la realidad.

¿En qué se equivocaron las encuestadoras que, según el CNE, serán investigadas?

Existe información preliminar que justifica la apertura de las investigaciones. Las faltas que se habrían cometido comprenden desde la realización de encuestas por firmas no inscritas ante el Consejo Electoral hasta el tamaño de la muestra, que no coincide con el porcentaje de error, además de la publicación incompleta de las mismas, la omisión de datos relevantes en las fichas técnicas, entre otras. Si adelantadas las investigaciones se encuentran incumplimientos, corresponde imponer sanciones de 25 a 40 salarios mínimos mensuales, o la suspensión o prohibición del ejercicio de estas actividades. Estas sanciones fueron establecidas en la ley y en la resolución que ya le mencioné.

Entre las firmas que fueron cuestionadas por el Consejo se incluyeron las más conocidas del país: Centro Nacional de Consultoría, Gallup, Ipsos Napoleón Franco, Datexco, Cifras y Conceptos… ¿No teme el CNE que el anuncio de la investigación lesione el buen nombre de esas empresas?

El anuncio responde al principio de la publicidad en las actuaciones de las autoridades y no significa, en manera alguna, que se afecte el buen nombre de nadie. Tiene también tienen una finalidad persuasiva: el CNE busca evitar la divulgación masiva de resultados de encuestas sin el suficiente rigor técnico, que pueden terminar desorientando o deformando la voluntad electoral. Un daño de esa naturaleza es irreparable para la legitimidad institucional. La Corte Constitucional señaló (sentencia C-089 de 1994) que la vigilancia y las sanciones en mención no violan la Carta y que, por el contrario, buscan garantizar la objetividad de las encuestas. Si las firmas que se mencionan han observado las normas, no tienen de qué preocuparse.

También se anunció que investigarán a algunos diarios por la divulgación incompleta de datos. Esos medios son tan prestigiosos como las encuestadoras: “El Tiempo”, “El Colombiano”, “El País”… ¿Ustedes no excedieron los controles o realmente encuentran que se desbordó la actividad de información electoral?

Toda encuesta de carácter electoral publicada debe acompañarse de su respectiva ficha técnica. En modo alguno verificar el cumplimiento de este requisito legal puede interpretarse como una exageración ni como una obstrucción a la libertad de prensa e información. El Consejo de Estado ha señalado que dicho control no es una opción sino una obligación del CNE. Que la encuesta se publique en su totalidad e indique la persona natural o jurídica que la realizó, su financiación, el tamaño de la muestra, los temas a que se refiere, los candidatos por los que se indagó, la fecha de su realización, el margen de error estadístico de los resultados y otros tecnicismos, no es una arbitrariedad. Es garantía de protección al ciudadano.

Ha habido mucha inquietud porque se dijo que el Consejo está pensando en realizar una especie de censura previa con la revisión de los resultados de las encuestas. Pese a que se ha insistido en que eso no es cierto, la duda queda. ¿Hay o no discusión sobre este punto?

El CNE no realiza control previo de los resultados de las encuestas. Eso sí constituiría una afectación grave a la libertad de información. La confusión se generó porque en la rueda de prensa que se convocó hace unos días se hizo alusión a la necesidad de que la autoridad electoral tuviera conocimiento de la ficha técnica junto con el resultado de la encuesta que debe remitirse a este organismo. Pero, se lo digo en forma categórica, no tenemos discusión alguna sobre este aspecto. De tiempo atrás, este organismo ha adoptado una posición en favor de la autorregulación en cuanto a la ficha técnica que, a mi juicio, no ha logrado su propósito. Pero este es un tema que deberá discutirse más adelante.

¿Qué deberá discutirse en cuanto a la ficha técnica y por qué? ¿Qué les preocupa?

A mí, personalmente, me inquieta la distorsión que puede generarse dependiendo del peso que el encuestador les dé a ciertos aspectos de la ficha técnica. Esa preocupación debería discutirse entre los actores de los procesos electorales en un escenario amplio, técnico y democrático al que todos concurramos.

Se dijo que el Consejo expediría una resolución para obligar a los medios a llevar a los debates a todos los candidatos inscritos sin tener en cuenta la seriedad o viabilidad de su aspiración. ¿Por qué imponerle a un canal o cadena radial la presencia de un desconocido que no representa a nadie, en lugar de que los electores oigan a quienes sí ocuparán las alcaldías y gobernaciones?

Los debates entre los candidatos contribuyen al voto informado, a partir del contraste entre los distintos programas y posiciones. Por lo general, son los propios medios los que los organizan, auspician y conducen, pero en algunos países se le confieren a la autoridad electoral atribuciones en la materia. En nuestro caso, no hemos llegado hasta allá. Sin embargo, al CNE le corresponde, como dije, asegurar que los procesos electorales se adelanten en condiciones de plenas garantías. En la circular a la que usted alude se exhorta a los medios concesionarios de espacios a invitar a todos los candidatos inscritos. Es una garantía para cumplir el principio de pluralismo, pero no tiene carácter sancionatorio.

¿No será una exageración?

¿Cómo asegurar plenas garantías, si no puede exhortarse a los medios a un compromiso con los principios constitucionales? Recientemente, once aspirantes del Partido Republicano en Estados Unidos, incluido el señor Trump, se enfrentaron en varios debates. Un ejemplo de apertura informativa.

Pero no invitaron a los 17 aspirantes a ese debate. A los seis restantes, que no tienen ninguna oportunidad de ser elegidos, los llevaron a otro espacio y a una hora de muy baja audiencia. Esto no es discriminatorio, como parece, sino sentido de la realidad…

Hay una línea muy delgada y fácil de traspasar que puede afectar la información adecuada e imparcial a que tienen derecho los electores.

Se sabe que la mayoría de las campañas, no ahora sino desde hace años, suelen contratar sus propias encuestas. Y que, aunque no las publiquen, las usan para tomar decisiones y construir estrategias. Para el Consejo, ¿es perturbador el vínculo comercial y el compromiso entre las encuestadoras y la campaña de un candidato?

En esta respuesta no comprometo al CNE: los debates informados y de carácter programático atractivos para la opinión pública se han ido supliendo por un pugilato que se libra a través de las mediciones y de las encuestadoras. Algunos candidatos, por lo general los más pudientes, al tiempo que contratan encuestas, abandonan los debates electorales y, en cambio, utilizan los resultados, no para construir estrategias de atracción al elector sino para distorsionar su opinión. Si esa práctica se traslada a la prensa, por ejemplo, con avisos pagados, se puede afectar la formación de la voluntad colectiva. A mi manera de ver, se trata de una conducta indeseable que vulnera los cimientos de la representación política. Al CNE, repito, le corresponde velar por las garantías a los partidos y los candidatos, y, lo que es más importante, por los derechos de la ciudadanía. En ocasiones, lo admito, estos derechos pueden entrar en controversia con la libertad de información.

Así es. Se presenta una colisión de derechos constitucionales: el de la libertad de información contra el derecho del elector a estar informado de manera adecuada e imparcial. ¿Cuál prima, en su opinión?

La Corte Constitucional ha dicho que en este tipo de casos debe encontrarse una solución que afecte lo menos posible los dos derechos.

Escuché a Darío Arizmendi decir que si el CNE ordena cancelar la publicación de resultados de las encuestas una semana antes de las elecciones, tal como sucede en las presidenciales, él no acatará esa orden. ¿Qué opina de este anuncio y qué harían ustedes en tal caso?

El CNE discutió un proyecto que extiende a las elecciones locales la restricción de publicar encuestas una semana antes de las elecciones, en este caso el 25 de octubre, tal como sucede en las presidenciales. ¿Por qué examinamos este asunto? Porque estamos viendo un desbordamiento en el número de encuestas que pueden afectar la libre formación del voto. Entiendo que esta discusión es compleja y no la debemos eludir. Tal vez, el momento más adecuado para hacerlo no es a dos semanas de las votaciones. Sin embargo, la resistencia no ha sido menor. Entiendo que el miércoles se hará una reunión con las encuestadoras y los medios con el fin de examinar sus inquietudes. Pero lo que no puede ocurrir es que esas resistencias lleven al CNE a declinar sus competencias constitucionales.

¿Cree que a los encuestadores y a los medios se les ha ido la mano en creer que nadie puede ejercer control de sus actos?

Tenemos que entender que estamos regidos por la misma Constitución y que todos debemos respetar los derechos de los demás, más aún aquellos que tienen mayores responsabilidades por su rol en la sociedad.

Me perdona la franqueza, magistrado, pero el Consejo no tiene la credibilidad que debe poseer un juez, porque sus miembros son representantes de los partidos y uno piensa que allí sólo existen intereses políticos. A su entender, ¿el CNE cuenta con legitimidad para adelantar la que será una “batalla” contra enormes poderes?

Comparto su comentario en el sentido de que el CNE debe ser un organismo autónomo e independiente, no sólo de las otras ramas del poder público, en especial del Ejecutivo, sino también de los partidos políticos. Esta entidad debería ser a la actividad electoral lo que el Banco de la República es a la monetaria, y no lo digo por el contenido de sus competencias, sino por la credibilidad de la institución. Con todo, “batallas” como la de la trashumancia, la revocatoria de inscripciones de cerca de mil candidatos inhabilitados y ahora este asunto, que involucra a protagonistas con mucho poder —como usted afirma—, hacen parte de las funciones que nos asigna la Carta. Tener elecciones limpias y transparentes es un bien público que debemos proteger sin vacilación. Y en esta batalla, las empresas que se mencionan deberían ser nuestras aliadas y no nuestras contradictoras.

“Examen neutral y ponderado”

Me gustaría que se sincerara con los lectores: ¿Qué ha notado el Consejo Electoral para hacer estos anuncios sobre controles a las encuestas, encuestadores y medios? A ustedes, los magistrados, ¿les parece que la frecuencia de las mediciones y sus resultados tan disímiles tienen la capacidad de distorsionar la voluntad popular?

Estamos verificando si es cierto, como se afirma en algunas quejas, que algunos medios han publicado encuestas electorales sin ninguna ficha técnica. Y que, sobre esa información, se ha editorializado induciendo a la opinión pública hacia un determinado candidato. Han llegado también al Consejo Nacional Electoral reportes que indican el número cada vez mayor de encuestas que se realizan en lapsos más breves, que reportan resultados contradictorios y que, a estas alturas, pueden afectar el discernimiento de los electores. Y existen varios reclamos ante este organismo en que se pide que se tomen medidas “preventivas”, como el caso de Clara López, o que se reglamenten las encuestas, como lo solicitó Marta Lucía Ramírez. Aunque a los candidatos les gustan sólo las mediciones que les son favorables, existen, ahí, argumentos que deben examinarse con neutralidad y ponderación.

El anuncio que dejó al sector político con la boca abierta

Esta semana, el anodino Consejo Nacional Electoral sorprendió a todo el mundo cuando anunció que abrirá investigaciones por presuntas irregularidades que habrían cometido las empresas encuestadoras y algunos medios de comunicación cuando las primeras no dieron los datos exigidos y los segundos no publicaron lo que debían sobre las fichas técnicas en que se basaron para elaborar los sondeos de intención de voto para candidatos a las elecciones del próximo 25 de octubre, día en que se renovarán los gobernantes locales y regionales en el territorio nacional. Las investigaciones reportadas se originan en denuncias presentadas por algunos aspirantes a alcaldías y gobernaciones, y también en la constatación de que se están divulgando encuestas realizadas por firmas que no cuentan con la autorización legal para desarrollar esa delicada actividad. Entre los defectos encontrados están, además de la publicación incompleta de las fichas técnicas y la falta de registro ante la CNE, la supuesta distorsión de la información en algunos casos. La mayoría de las encuestadoras y los medios que serán objeto de la lupa del CNE cuenta con gran prestigio y tradición en este campo, por lo que el asombro del mundo político y periodístico fue mayúsculo.