La avalancha de solicitudes de sometimiento ante la JEP

Nueve días han pasado desde que se concilió en el Congreso el Acto Legislativo que le da vida a la Justicia Especial para la Paz, desde entonces la Secretaría Técnica de dicha jurisdicción ha recibido un alud de solicitudes de sometimiento por parte de exintegrantes del gobierno Uribe vinculados a investigaciones judiciales, así como de miembros de la Fuerza Pública.

Precisamente en la mañana del jueves se conoció que el exsecretario jurídico de Presidencia, Alberto Velásquez, quien fue condenado por la Corte Suprema por el caso de la “Yidis política”, ya firmó el acta de sometimiento a la JEP.

De igual forma, El Espectador confirmó que el exministro Sabas Pretelt de la Vega, también condenado por la justicia por su intervención ilegal para aprobar la reelección del expresidente Álvaro Uribe, manifestó su interés en someterse a la naciente jurisdicción de paz.

El caso se suma al del exministro Diego Palacio, de quien esta semana se conoció el acta suscrita ante la Secretaría Técnica de la JEP, en busca de que su caso sea revisado por cuenta de su participación en el Gobierno de la Seguridad Democrática.  Estos hechos han desatado una fuerte polémica, pues para muchos resulta contradictorio que exfuncionarios del Gobierno del expresidente Uribe, feroz detractor de la JEP, sean los primeros en acogerse a los beneficios de la justicia transicional.

Pero además, este diario estableció que en las próximas semanas empezará el desfile ante la JEP de cientos de militares y policías involucrados en graves delitos relacionados con el conflicto armado interno. Hasta el momento, el Ministerio de Defensa ha hecho llegar a la Secretaría Técnica un listado de 817 solicitudes de uniformados que quieren beneficiarse de la justicia para la paz.

De estos, 347 miembros de la Fuerza Pública ya firmaron el acta de sometimiento; de los cuales 74 casos ya fueron revisados por la Secretaría y están en manos de los jueces para que en el trascurso del mes de abril se beneficien de la libertad condicional o la cesación de la persecución penal.

Según datos conocidos por El Espectador, de los 74 casos revisados, 54 pertenecen a soldados profesionales; seis a suboficiales enredados en graves crímenes; y 15 oficiales de alto rango, de los cuales dos son los conocidos generales (r) Jesús Armando Arias Cabrales, condenado por la retoma al Palacio de Justicia en 1985; y José Jaime Uscátegui, involucrado en la masacre de Mapiripan, ocurrida en 1997. Y finalmente, 12 casos fueron devueltos al Ministerio de Defensa por no tener la información requerida para continuar con su trámite ante la JEP.

Es así, como menos de 15 días después de que el Congreso le dio vía libre a la llamada Justicia para la Paz, la Secretaría Técnica Transitoria, encabezada por el exmagistrado Néstor Raúl Correa, ha venido trabajando en total reserva sobre un número importante de casos de militares, políticas y exfuncionarios públicos involucrados en crímenes o investigaciones judiciales que guardan una relación directa o indirecta con el conflicto armado colombiano.   

Nueve días han pasado desde que se concilió en el Congreso el Acto Legislativo que le da vida a la Justicia Especial para la Paz, desde entonces la Secretaría Técnica de dicha jurisdicción ha recibido un alud de solicitudes de sometimiento por parte de exintegrantes del gobierno Uribe vinculados a investigaciones judiciales, así como de miembros de la Fuerza Pública.

Precisamente en la mañana del jueves se conoció que el exsecretario jurídico de Presidencia, Alberto Velásquez, quien fue condenado por la Corte Suprema por el caso de la “Yidis política”, ya firmó el acta de sometimiento a la JEP.

De igual forma, El Espectador confirmó que el exministro Sabas Pretelt de la Vega, también condenado por la justicia por su intervención ilegal para aprobar la reelección del expresidente Álvaro Uribe, manifestó su interés en someterse a la naciente jurisdicción de paz.

El caso se suma al del exministro Diego Palacio, de quien esta semana se conoció el acta suscrita ante la Secretaría Técnica de la JEP, en busca de que su caso sea revisado por cuenta de su participación en el Gobierno de la Seguridad Democrática.  Estos hechos han desatado una fuerte polémica, pues para muchos resulta contradictorio que exfuncionarios del Gobierno del expresidente Uribe, feroz detractor de la JEP, sean los primeros en acogerse a los beneficios de la justicia transicional.

Pero además, este diario estableció que en las próximas semanas empezará el desfile ante la JEP de cientos de militares y policías involucrados en graves delitos relacionados con el conflicto armado interno. Hasta el momento, el Ministerio de Defensa ha hecho llegar a la Secretaría Técnica un listado de 817 solicitudes de uniformados que quieren beneficiarse de la justicia para la paz.

De estos, 347 miembros de la Fuerza Pública ya firmaron el acta de sometimiento; de los cuales 74 casos ya fueron revisados por la Secretaría y están en manos de los jueces para que en el trascurso del mes de abril se beneficien de la libertad condicional o la cesación de la persecución penal.

Según datos conocidos por El Espectador, de los 74 casos revisados, 54 pertenecen a soldados profesionales; seis a suboficiales enredados en graves crímenes; y 15 oficiales de alto rango, de los cuales dos son los conocidos generales (r) Jesús Armando Arias Cabrales, condenado por la retoma al Palacio de Justicia en 1985; y José Jaime Uscátegui, involucrado en la masacre de Mapiripan, ocurrida en 1997. Y finalmente, 12 casos fueron devueltos al Ministerio de Defensa por no tener la información requerida para continuar con su trámite ante la JEP.

Es así, como menos de 15 días después de que el Congreso le dio vía libre a la llamada Justicia para la Paz, la Secretaría Técnica Transitoria, encabezada por el exmagistrado Néstor Raúl Correa, ha venido trabajando en total reserva sobre un número importante de casos de militares, políticas y exfuncionarios públicos involucrados en crímenes o investigaciones judiciales que guardan una relación directa o indirecta con el conflicto armado colombiano.