Sin embargo, a partir de la década de los 90 la situación comenzó a cambiar con la puesta en marcha de planes de modernización de las Fuerzas Militares y la Policía para hacerle frente, precisamente, a la amenaza de los grupos armados ilegales.
Pero aún así, señala el estudio, “si bien las cifras de gasto en seguridad y defensa aumentaron sustancialmente 90, la capacidad militar de Colombia frente al entorno suramericano no cambió sustancialmente, debido a la especialización del gasto en la lucha contrainsurgente. La inversión en seguridad y defensa se concentró en la conformación del componente de helicópteros más fuerte y operativo de la región, el fortalecimiento de la infantería de marina y de las unidades contraguerrilleras, el mejoramiento de los recursos y los procesos para inteligencia al interior del país y la modernización de la cadena logística, dejando de lado el componente de defensa nacional representado por aeronaves de combate, embarcaciones para el control del mar territorial y el fortalecimiento de la presencia militar en las zonas fronterizas”.
Con la llegada del presidente Álvaro Uribe al poder, en 2002, el gobierno colombiano inició una nueva etapa de fortalecimiento de sus fuerzas militares, con base en la política de seguridad democrática. El llamado impuesto al patrimonio permitió el pie de fuerza del Ejército, la profesionalización de la tropa y el aumento de la capacidad operativa del Ejército Nacional y la Infantería de Marina.
Hacia finales de 2006, señala la Fundación Seguridad y Democracia, el Gobierno habló de la consolidación de la seguridad democrática y el Ministerio de Defensa planteó la necesidad de llevar a cabo importantes inversiones en aeronaves de apoyo aéreo cercano, submarinos, armada de guerra, vehículos tácticos terrestres, sin dejar de lado la línea de mayor acción sobre la amenaza interna: helicópteros, infantería de marina, inteligencia y aumento del pie de fuerza.
El documento revela que Colombia es el segundo país de Suramérica que más recursos ha destinado a gasto militar en la última década, con 38,6 millones de dólares. Además, gracias al apoyo de Estados Unidos en la financiación de la lucha contra el narcotráfico, se cuenta con la mayor flota de helicópteros de transporte de la región en línea de vuelo.
Por otra parte, durante los últimos diez años, Colombia ha aumentado en más de 100.000 hombres su pie de fuerza, pasando de 154.878 en 1998 a 257.728 en 2007.
Entre 1998 y 2002, el Gobierno aprobó aumentos de los presupuestos militares superiores al 10por ciento -más del doble que el promedio de la década-, los cuales estuvieron relacionados con esfuerzos de inversión. Es con estos recursos que el gobierno colombiano compró más de 12 helicópteros UH-60 Black Hawk, helicópteros de transporte rusos MI-17 y respaldó la modernización de equipo aeronáutico, fluvial y de combate terrestre, de forma paralela con la cooperación de Estados Unidos.
El lado venezolano
Venezuela, bajo el gobierno de Hugo Chávez, ha puesto en marcha un ambicioso plan de modernización del equipamiento militar apoyado en los altos precios internacionales del petróleo. Chávez considera el plan de modernización y equipamiento militar una necesidad urgente para hacerle frente a la que considera la mayor amenaza contra su gobierno revolucionario: la posibilidad de una intervención militar de los Estados Unidos.
El gasto militar venezolano supera los 4.000 millones de dólares desde 2004, la mayoría de éste concentrado en compra de equipos y armas. Estas compras incluyen “24 aviones de combate SU-30, 53 helicópteros de transporte y ataque, un sistema antiaéreo de corto y mediano alcance M1-Tor, 100 mil fusiles de asalto 7,62 AK103 y el montaje de dos plantas industriales en Venezuela para la fabricación de estos y de su munición”; así como planes de compra de otros sistemas de armas, específicamente el sistema de misiles antiaéreos de largo alcance SS-300 de fabricación rusa.
Venezuela ha aumentado también considerablemente el número de reservistas a partir de la creación del cuerpo de Reserva Nacional, una formación compuesta por civiles que se entrenan periódicamente en el uso de las armas, para certificar su disponibilidad en caso de ser necesario su llamado a filas para hacer frente a una agresión extranjera o cualquier otra necesidad del gobierno nacional, y que Chávez ambiciona sobrepase el millón de integrantes.
De otra parte, el presidente Chávez ha anunciado públicamente la compra de sistemas de vigilancia fronteriza (radares) al gobierno chino y la intención de desarrollar con Irán un programa de producción de aeronaves no tripuladas de observación y otro de modernización de aeronaves F-5 de fabricación estadounidense, ya que ese país mantiene un veto a las ventas militares al gobierno venezolano, lo que afecta directamente el mantenimiento y grado de alistamiento de estas. Dicho veto ha obligado al gobierno venezolano a concentrar sus compras en Rusia y China.
Adicionalmente, el mandatario venezolano ha expresado su interés por el desarrollo de un conglomerado industrial militar en Venezuela con el fin de adquirir alguna independencia del mercado internacional de armas, específicamente con respecto a Estados Unidos.
El lado ecuatoriano
En diez años, Ecuador ha tenido un gasto militar cercano a los 6.000 millones de dólares, recursos que se han concentrado en reforzar la seguridad de la frontera con Colombia, lo que ha implicado un aumento del pie de fuerza.
Sin embargo, el presupuesto militar ecuatoriano no se ha destinado a compras militares de mayor importancia. El equipamiento y entrenamiento más moderno que ha recibido en los últimos diez años corresponde a la cooperación brindada por el gobierno de Estados Unidos, en el marco de la iniciativa andina contra el narcotráfico.
En cifras, Ecuador cuenta con unas fuerzas militares de 56.500 efectivos. Y en materia de equipamiento, posee 24 tanques ligeros, 30 tanques pesados, 15 aviones, 36 helicópteros y 2 submarinos.
Por El Espectador
