La batalla del pueblo awá

Un extenso historial de violaciones a los derechos humanos, entre las que se encuentran asesinatos selectivos, masacres, violaciones, desplazamientos y confinamientos, así como víctimas de minas antipersonas, sustentan la visita del pueblo awá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el sábado en Washington. Se trata de una misión de seguimiento a las medidas cautelares otorgadas por este organismo internacional en marzo de 2011, que le advirtió al Gobierno que “el pueblo awá se encuentra entre los que más víctimas de homicidios” han sufrido.

Un año después de que la CIDH le solicitara al Estado colombiano “la adopción de medidas cautelares para proteger la vida e integridad personal de los miembros del pueblo awá de los departamentos de Nariño y Putumayo”, nada ha pasado. Hoy, con dos autos de la Corte Constitucional y una solicitud de protección de un organismo internacional, tan sólo han recibido la promesa de una estrategia de educación en riesgo, “sin que se considere el desminado humanitario, que es el que quedó consignado en las medidas”, explicó Álex Guanga, uno de los representantes de la comunidad indígena que estarán este fin de semana en la capital norteamericana.

“El problema por el que atraviesa el pueblo awá en el departamento de Nariño —en los municipios de Tumaco, Barbacoas, Ricaurte y Samaniego—, así como en el departamento de Putumayo, es la grave situación humanitaria que ha golpeado a nuestras familias y hoy nos tiene en riesgo de extinción social y cultural”, señaló el joven líder indígena.

Los antecedentes de la adopción de la medida cautelar son evidentes. En febrero de 2009, 17 miembros de la comunidad fueron asesinados, incluyendo a dos mujeres y un menor de edad. En agosto de ese mismo año, otra incursión criminal dejó como saldo 12 awás muertos, de los cuales ocho eran niños. Por ese entonces, la Corte Constitucional ya había identificado a los awás como uno de los 34 pueblos indígenas en riesgo de extinción.

Pero el memorial de agravios no paró allí. El 23 de diciembre de 2011, tres mujeres indígenas fueron violadas por miembros de grupos al margen de la ley, dos de ellas menores de edad. Y nunca recibieron atención médica y sicológica. Dos días después, un grupo paramilitar retuvo a siete indígenas y produjo el desplazamiento de 200 personas. El 26 de febrero de 2012, los combates entre el Ejército y las Farc obligaron a 850 indígenas a abandonar sus tierras. Y el 13 de marzo de este año, por el grave riesgo en que viven por la cantidad de minas antipersonas sembradas en su territorio, 40 familias se vieron obligadas a salir de su resguardo en La Hormiga, Putumayo.

“Nosotros creemos que los ataques a nuestro pueblo, que es de cerca de 40 mil indígenas, se deben a que estamos ubicados en un sitio estratégico para el tráfico de armas y de drogas. Las agresiones han venido de las Farc, el Eln, los paramilitares, ‘Los Rastrojos’ y la misma Fuerza Pública. Todos actúan de manera violenta, vulnerando los derechos tanto individuales como colectivos del pueblo awá”, expresó con serena indignación Guanga.

El problema es que, y lo dirá este sábado en Washington, a pesar de todos los pronunciamientos jurídicos, éstos no se han materializado en acciones concretas. “El Gobierno no lo ha tomado en serio y por eso son todas estas situaciones. El conflicto armado en nuestro territorio se ha agudizado en los últimos tiempos”, advirtió.

El otro problema que afecta a esta comunidad, que se extiende hasta el Ecuador, es la implementación de la Ley de Víctimas. Pues según ellos, desde que ésta entró en vigencia, han sufrido tres desplazamientos masivos, con la dificultad de que las instituciones estatales mostraron falta de coordinación y conocimiento de los procesos legales. Además, con esta historia negra, el miedo entre los líderes de la comunidad se ha incrementado con las amenazas a quienes participen en los procesos de reclamación para la restitución de tierras.

Sin embargo, ellos tienen una interpretación de fondo de lo que han tenido que vivir: “Creemos que la razón de los ataques al pueblo awá es por el territorio que ocupamos, ya que es fronterizo: pasa al Ecuador y también tiene salida al mar. Eso ha hecho que haya una disputa territorial por la riqueza de nuestros territorios, en los que también se encuentra oro, el cual hoy está siendo explotado de manera ilegal. Se dice que hay muchas concesiones mineras en trámite para ser otorgadas. Y esas concesiones están en territorio awá”, concluye Guanga.

Un extenso historial de violaciones a los derechos humanos, entre las que se encuentran asesinatos selectivos, masacres, violaciones, desplazamientos y confinamientos, así como víctimas de minas antipersonas, sustentan la visita del pueblo awá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el sábado en Washington. Se trata de una misión de seguimiento a las medidas cautelares otorgadas por este organismo internacional en marzo de 2011, que le advirtió al Gobierno que “el pueblo awá se encuentra entre los que más víctimas de homicidios” han sufrido.

Un año después de que la CIDH le solicitara al Estado colombiano “la adopción de medidas cautelares para proteger la vida e integridad personal de los miembros del pueblo awá de los departamentos de Nariño y Putumayo”, nada ha pasado. Hoy, con dos autos de la Corte Constitucional y una solicitud de protección de un organismo internacional, tan sólo han recibido la promesa de una estrategia de educación en riesgo, “sin que se considere el desminado humanitario, que es el que quedó consignado en las medidas”, explicó Álex Guanga, uno de los representantes de la comunidad indígena que estarán este fin de semana en la capital norteamericana.

“El problema por el que atraviesa el pueblo awá en el departamento de Nariño —en los municipios de Tumaco, Barbacoas, Ricaurte y Samaniego—, así como en el departamento de Putumayo, es la grave situación humanitaria que ha golpeado a nuestras familias y hoy nos tiene en riesgo de extinción social y cultural”, señaló el joven líder indígena.

Los antecedentes de la adopción de la medida cautelar son evidentes. En febrero de 2009, 17 miembros de la comunidad fueron asesinados, incluyendo a dos mujeres y un menor de edad. En agosto de ese mismo año, otra incursión criminal dejó como saldo 12 awás muertos, de los cuales ocho eran niños. Por ese entonces, la Corte Constitucional ya había identificado a los awás como uno de los 34 pueblos indígenas en riesgo de extinción.

Pero el memorial de agravios no paró allí. El 23 de diciembre de 2011, tres mujeres indígenas fueron violadas por miembros de grupos al margen de la ley, dos de ellas menores de edad. Y nunca recibieron atención médica y sicológica. Dos días después, un grupo paramilitar retuvo a siete indígenas y produjo el desplazamiento de 200 personas. El 26 de febrero de 2012, los combates entre el Ejército y las Farc obligaron a 850 indígenas a abandonar sus tierras. Y el 13 de marzo de este año, por el grave riesgo en que viven por la cantidad de minas antipersonas sembradas en su territorio, 40 familias se vieron obligadas a salir de su resguardo en La Hormiga, Putumayo.

“Nosotros creemos que los ataques a nuestro pueblo, que es de cerca de 40 mil indígenas, se deben a que estamos ubicados en un sitio estratégico para el tráfico de armas y de drogas. Las agresiones han venido de las Farc, el Eln, los paramilitares, ‘Los Rastrojos’ y la misma Fuerza Pública. Todos actúan de manera violenta, vulnerando los derechos tanto individuales como colectivos del pueblo awá”, expresó con serena indignación Guanga.

El problema es que, y lo dirá este sábado en Washington, a pesar de todos los pronunciamientos jurídicos, éstos no se han materializado en acciones concretas. “El Gobierno no lo ha tomado en serio y por eso son todas estas situaciones. El conflicto armado en nuestro territorio se ha agudizado en los últimos tiempos”, advirtió.

El otro problema que afecta a esta comunidad, que se extiende hasta el Ecuador, es la implementación de la Ley de Víctimas. Pues según ellos, desde que ésta entró en vigencia, han sufrido tres desplazamientos masivos, con la dificultad de que las instituciones estatales mostraron falta de coordinación y conocimiento de los procesos legales. Además, con esta historia negra, el miedo entre los líderes de la comunidad se ha incrementado con las amenazas a quienes participen en los procesos de reclamación para la restitución de tierras.

Sin embargo, ellos tienen una interpretación de fondo de lo que han tenido que vivir: “Creemos que la razón de los ataques al pueblo awá es por el territorio que ocupamos, ya que es fronterizo: pasa al Ecuador y también tiene salida al mar. Eso ha hecho que haya una disputa territorial por la riqueza de nuestros territorios, en los que también se encuentra oro, el cual hoy está siendo explotado de manera ilegal. Se dice que hay muchas concesiones mineras en trámite para ser otorgadas. Y esas concesiones están en territorio awá”, concluye Guanga.