Varios analistas han dicho que la “amenaza” de aprobar cambios laborales mediante una consulta popular —mecanismo que caló muy pronto en sindicatos y grupos de trabajadores— movilizó al Senado a aprobar la reforma con rapidez inusual. Para usted, ¿la posibilidad (aun cuando fuera remota) de que los ciudadanos decidieran en lugar del Congreso incentivó al Legislativo a darle vida?
Sin lugar a dudas, la consulta popular y la movilización social fueron fundamentales para agilizar su trámite y, también, para asegurar que no terminaran aprobando una contrarreforma. No hay que olvidar que en la Comisión Cuarta, presidida por la senadora Angélica Lozano, se intentó introducir, de contrabando, varios artículos regresivos que, por fortuna, logramos eliminar o corregir en la plenaria de Senado. Por eso he sostenido que la consulta popular y la movilización social constituyeron el seguro de vida de la reforma.
Tras la aprobación de la reforma en el Congreso, el presidente derogó, como lo había prometido, el decreto de convocatoria a consulta popular con preguntas de carácter laboral. ¿Ustedes, están satisfechos con el texto definitivo o, si pudieran, cambiarían algo y qué?
Aunque el articulado aprobado no es exactamente igual al proyecto original que el Gobierno radicó hace casi dos años, la ley recientemente sancionada conserva el carácter progresista de nuestra reforma laboral; sin embargo, nos quedaron tareas pendientes.
¿Cuáles?
Una tarea pendiente es la de los derechos colectivos de los trabajadores, todo un capítulo de nuestra reforma que fue eliminado del proyecto en la Cámara de Representes. Sobre este tema, el ministerio ya tiene listos decretos reglamentarios que se ajustan a los compromisos internacionales en la materia; serán emitidos en las próximas semanas. Hay otro asunto que tomó fuerza durante el debate y que será eje de un proyecto de ley que esperamos radicar después del 20 de julio: un plan de alivios e incentivos para la micro y pequeña empresa.
La senadora Angélica Lozano, que usted acaba de mencionar, se ha movido mucho en las redes para promocionar la agilidad del trámite de la reforma en la Comisión Cuarta, que ella presidió. ¿A cuáles artículos regresivos de esa comisión se refiere cuando afirma que lograron eliminarlos en la plenaria de Senado?
Hay que repetir que nuestra reforma resucitó gracias a la consulta popular y a la movilización constante de los trabajadores y la ciudadanía. Sin ello, no se hubiera aprobado la apelación al archivo del proyecto gubernamental, que llevaba engavetada diez semanas en el escritorio del presidente del Senado. A Angélica Lozano se le reconoce que ayudó a agilizar el trámite del proyecto en la Comisión Cuarta, en momentos en que los tiempos eran estrechos. Pero ella coparticipó en la aprobación de varios artículos que eliminaban el carácter progresista del proyecto, como los que permitían el trabajo por horas, la jornada semanal de cuatro días de trabajo por tres de descanso (conocido como 4 x 3) y la eliminación de la base mínima de protección social.
¿Por qué el Gobierno se opuso a esas tres propuestas?
No solo el Gobierno estaba en desacuerdo: también los trabajadores y sus organizaciones sindicales. Le explico: En el caso del trabajo por horas, esta modalidad afecta la estabilidad laboral y el salario mínimo porque sustituye el contrato a término indefinido como regla general, y precariza, aún más, las condiciones laborales de los trabajadores; en cuanto a la segunda propuesta, para poder descansar 3 días a la semana, se proponía trabajar cuatro días seguidos durante más de 8 horas, en cada jornada, con el objeto de cumplir con el número semanal de horas laboradas y sin derecho al pago de recargos ni horas extras; y en cuanto a la eliminación de la base mínima de protección social, se pretendía eliminar la protección en salud, pensión y riesgos laborales a cientos de miles de trabajadores que hoy devengan menos de un salario mínimo. Mención especial merece la pretensión que tuvo la Comisión Cuarta de impedir el derecho de los aprendices del Sena a contar con un contrato laboral.
Me desvío un momento del tema central sobre reforma laboral para preguntarle por un hecho inusual: Efraín Cepeda, presidente del Senado, quien reclama la falta de entendimiento y respeto del Ejecutivo frente al Congreso, terminó haciendo lo mismo: firmó tres leyes que el jefe de Estado no sancionó. Cepeda argumentó que la Casa de Nariño se demoró unas horas en comunicarle esa decisión. ¿Cree que fue un desquite de Cepeda por el pulso que Petro pareció ganar con la reforma laboral?
Más que un desquite, se trata de un quiebre institucional, un atentado contra la Constitución, las leyes, la figura presidencial, la democracia y las mayorías que nos expresamos en las urnas cuando votamos por Gustavo Petro. Es curiosa la forma en que los medios han registrado esa noticia que usted menciona en su pregunta: casi al final de los informativos, como si fuera un chisme de farándula. ¿Usted se imagina lo que habrían publicado muchos medios si el presidente hubiera sancionado una ley saltándose al presidente del Senado? Habrían descalificado, de inmediato, al mandatario y lo habrían llamado “dictador”. Nuestros renombrados opinadores habrían gastado litros de tinta en los impresos o espacios virtuales en las plataformas, haciéndole señalamientos y críticas al presidente.
Su reclamo se parece mucho al que el presidente del Senado le hace al jefe de Estado y al Gobierno, por ejemplo, cuando rechazaba la propuesta de consulta popular sin pasar por el Congreso. La firma de leyes por parte del senador Efraín Cepeda no tiene precedentes y es una actitud grosera y desafiante, pero ¿cómo se explica que la Presidencia de la República, en medio de semejante rifirrafe institucional, dé papaya demorándole la comunicación oficial al Legislativo?
La Secretaría Jurídica de Presidencia va a responderle sobre ese tema al presidente del Congreso.
Precisamente, a usted y al ministro del Interior les ha tocado lidiar con la pelea Petro y Cepeda y con las consecuencias negativas de esa confrontación en las votaciones del Senado. ¿En qué medida incidió esa diferencia institucional en el trámite y contenido de la reforma laboral?
Hemos tenido que lidiar con un bloqueo institucional promovido desde el Senado. La conducta de Efraín Cepeda no es aislada; es una acción más en el marco de ese bloqueo. Y, desde luego, afectó el trámite de la reforma. Todo lo que aconteció alrededor de la iniciativa gubernamental así lo confirma. Pero a pesar de las contradicciones y discusiones en el Capitolio, logramos mantener el respeto mutuo con el presidente del Senado y con los congresistas de la oposición, lo cual nos permitió contar con una ley de la República que dignificará el trabajo.
Bueno, pero, entonces, vencieron el bloqueo o, al final, no existió, puesto que se aprobó la reforma. Según su interpretación, ¿cuáles fueron los congresistas más caracterizados en contra del debate y la aprobación de la nueva ley laboral?
Con la aprobación de la reforma, que no habría sido posible, insisto, sin la movilización popular, pudimos romper el bloqueo, pero la amenaza de obstrucción persiste. Ya veremos qué ocurre con la reforma a la salud que, en su segunda versión, llegó a la Comisión Séptima del Senado, la misma en la que ocho senadores de la oposición de derecha pretendieron hundir la laboral sin discutir un solo artículo, en marzo de este año. El país conoce bien las bancadas que han protagonizado ese bloqueo. Fueron lideradas por Cambio Radical, el Centro Democrático y un “liberal” (escrito con unas comillas bien grandes): el senador Pinto.
¿Las doce preguntas que incluyó el Gobierno en su convocatoria de consulta popular quedaron resueltas en el articulado de la reforma conciliada y aprobada por el Legislativo?
No todas, pero sí más de la mitad de las preguntas de la consulta popular fue integrada a la nueva Ley 2466 de Reforma Laboral.
Una de las preguntas que más llamaba la atención de los trabajadores, eventuales votantes de la consulta a juzgar por el interés que despertó en las centrales obreras y sindicatos, fue la primera de ellas, referida a la jornada diaria de trabajo máximo de ocho horas y solo hasta las 6 de la tarde. ¿Cómo quedó el artículo aprobado y cuál es el beneficio obtenido sobre el régimen actual?
Ese artículo reconoce la jornada nocturna desde las 7:00 de la noche, no desde las 6:00 de la tarde, como proponía el Gobierno. Fue el producto de la concertación a la que se tuvo que llegar para lograr un texto consensuado que permitiera su aprobación. El mayor beneficio que se obtiene de él es que los trabajadores recibirán, al menos, el reconocimiento de un recargo nocturno por dos horas adicionales frente a lo que actualmente se da, que solo opera a partir de las 9:00 de la noche. Es decir, se ganarán dos horas de remuneración para los trabajadores. Se reconoce, así, la mayor carga laboral y humana que implica desarrollar actividades en jornadas nocturnas.
Un tema importante para quienes viven de su salario y segunda pregunta que se iba a votar en la consulta era la remuneración extra por trabajo realizado durante los días dominicales, festivos o de descanso obligatorio. ¿En cuál proporción salarial sobre lo recibido en jornadas ordinarias lo reconoce la ley aprobada?
Efectivamente se logró el reconocimiento del recargo del 100 % por trabajo en domingos y festivos. Durante el debate hubo proposiciones que apuntaban a mantener el reconocimiento actual del 75 % por laborar esos días. Sin embargo, se consiguió reconocer el recargo del 100 % por hora en dichos días, el cual se implementará en forma gradual: este año, el aumento será del 75 % al 80 %; en 2026, llegará al 90 %, y en 2027, al 100 %, alcanzando así el recargo que se buscaba incrementar en la iniciativa gubernamental. De esta manera se compensan las labores realizadas en jornadas en las que usualmente los ciudadanos deben estar descansando.
Otra pregunta incluida en la fenecida consulta aludía a la obligación de darles a los estudiantes del SENA, que hoy trabajan gratis a cambio de poder practicar su oficio, un contrato de aprendizaje con remuneración y otros beneficios laborales. Esa propuesta tuvo una férrea oposición, pero logró incluirse. ¿De qué manera respondió la plenaria del Senado a ese interrogante?
La recuperación del carácter laboral del contrato de aprendizaje era otra de las apuestas del proyecto inicial del Gobierno. Fue uno de los temas más debatidos en el Congreso, pero al final se aceptó la laboralidad del contrato de aprendizaje por los beneficios que conlleva. Primero, porque implica el reconocimiento del carácter de trabajadores a los aprendices del SENA cuando desarrollan ese contrato; segundo, porque, de ese modo podrán acreditar ciertos niveles de experiencia para que, en el momento de buscar empleo, superen lo que se ha denominado la “trampa de la inexperiencia” en la inserción laboral juvenil. Es decir, esa conocida paradoja de “no consigo empleo porque no tengo experiencia”, pero “si no me dan la oportunidad, no puedo obtenerla”. Se puede afirmar que el contrato de aprendizaje incluido en la nueva ley laboral ha sido la política de primer empleo más eficaz del Estado colombiano.
En la aceptación del punto específico del contrato para aprendices del SENA, ¿qué incidencia tuvieron las protestas de los estudiantes frente del Capitolio?
Gracias a la movilización de los estudiantes del SENA, que demostraron que luchar por los derechos vale la pena y da frutos, finalmente la composición de fuerzas en el Congreso permitió que prevaleciera ese reconocimiento. La visibilidad de la situación de los aprendices por medio de la organización y de la manifestación social, produjo respuestas en los poderes públicos que mostraron una mayor disposición a escuchar, impulsados por esos elementos amplificadores de las problemáticas sociales.
La séptima pregunta incluida en la propuesta de consulta se refería al derecho de contrato laboral y seguridad social para los trabajadores de las plataformas que prestan servicios y quienes laboran por una remuneración, casi a destajo, pero sin ninguna protección. El texto aprobado por el Congreso, ¿qué dice al respecto?
Respecto de los trabajadores de las plataformas de reparto, la de Colombia es una norma pionera en el mundo. De hecho, en la OIT se está debatiendo, actualmente, una regulación sobre esta temática. Lo aprobado en la nueva ley fue el resultado de un acuerdo entre la agremiación de las plataformas de reparto, las organizaciones de trabajadores de dichas plataformas y las distintas bancadas del Congreso. Se garantiza la firma del contrato laboral en que se incluye seguridad social y protección en riesgos laborales para los 440 mil trabajadores del sector.
¿Qué pasó con el régimen laboral especial para los trabajadores del agro?
Es una de las tareas pendientes que nos quedan. El Gobierno apostaba al reconocimiento de un contrato agropecuario para llevar formalidad a los sectores rurales de Colombia, en donde, infortunadamente, se supera el 85 % de informalidad según todos los indicadores que conocemos. Esta alarmante situación merece una intervención y mejoras urgentes. Se proponían dos normas que, lamentablemente, fueron eliminadas del texto final. Queda la tarea de buscar mecanismos que permitan corregir la inequidad laboral del campo, incentivando la formalidad con el propósito de revertir los estímulos actuales que terminan favoreciendo la informalidad.
¿Cuáles temas de la propuesta inicial quedaron por fuera y cuáles que ya venían admitidos por la Cámara fueron eliminados en el Senado?
No todas las preguntas que contenía la consulta tuvieron respuesta en el texto de la ley. Nos queda pendiente la deuda que tenemos con nuestros campesinos; o sea, la regulación del trabajo en el sector del agro. También continúa sin resolver el reconocimiento de la licencia menstrual o por períodos menstruales incapacitantes, propuesta que no fue acogida y demanda un enfoque de género orientado a reducir las brechas que persisten en el mundo laboral.
El sector privado ha estado distante de la actual administración, al punto que podría decirse que ha representado a otro opositor no solo económico sino también político. ¿Cree que sus voceros estarán interesados en hablar con el Gobierno?
Pues en el trámite de la reforma en la Cámara de Representantes, los sectores empresariales participaron activamente e hicieron parte de los acuerdos. Infortunadamente, ellos mismos modificaron su actitud en los debates del Senado. ¡Hasta llegaron a aplaudir el pretendido hundimiento del proyecto! El Gobierno espera que el empresariado comprenda que estamos en otro momento y que la implementación de la nueva legislación laboral merece un diálogo social tripartito entre empleadores, trabajadores y Estado.
La otra gran crítica a la reforma es que no contempla estrategia alguna para disminuir el trabajo informal, “la mayoría en el mercado laboral”, según se afirma, ese que no responde sino a las leyes del hambre y la necesidad. ¿Qué contesta su Ministerio a este gran interrogante?
Es otra narrativa de engaño sobre la reforma, pues la nueva ley contempla mecanismos de formalización para diversos sectores, como ya se ha mencionado: para trabajadores de plataformas, trabajadores y trabajadoras domésticas, madres comunitarias, periodistas, deportistas y artistas; poblaciones que, al sumarlas, podrían llegar, fácilmente, a un millón de personas. A este hecho se suma la estrategia de formalización que está desarrollando del Ministerio del Trabajo en otros sectores, como el agropecuario.
La Casa de Nariño y el Ministerio de Trabajo, que usted preside, han anunciado reiteradamente que tendrán funcionarios vigilando la aplicación de la nueva ley. ¿Por qué?
Muy sencillo: con la nueva ley laboral, tenemos el reto de superar la costumbre, muy colombiana, que se resume en el dicho que reza que “hecha la ley, hecha la trampa”, que, expresado de otra manera, indica que la ley es letra muerta. Por eso haremos un gran esfuerzo desde el Ministerio de Trabajo en las funciones de inspección, vigilancia y control sobre la real aplicación de la nueva ley laboral, con la vinculación de 1.000 nuevos inspectores de trabajo que vigilarán su cumplimiento.
Una cosa es el anuncio y otra su realización. ¿Cuánto se demorará usted en contratar 1.000 especialistas, de dónde los va a sacar y cómo los seleccionará?
El Ministerio ya tiene un estudio técnico para vincular a los primeros 470 inspectores este año. Su vinculación obedecerá a un proceso de selección meritocrática. Y la otra mitad de los 1.000 programados se contratará en el primer semestre del próximo año.
“Esta reforma laboral no va a destruir empleo ni tejido empresarial”
Los empresarios y los propietarios de pequeños y medianos negocios sostienen que la nueva ley laboral no incentivará el empleo sino que destruirá muchos puestos de trabajo. El Gobierno, ¿ha contemplado reunirse con estos sectores?
Antes de responder su pregunta digo, enfáticamente, que esta reforma no va a destruir el empleo ni el tejido empresarial. Todo lo contrario: según el Observatorio del Mercado Laboral del ministerio de Trabajo, se espera un aumento promedio del ingreso de los asalariados cercano al 3%; se produciría un incremento del empleo total en aproximadamente 91 mil personas adicionales a los producidos por la actividad económica habitual, y un crecimiento de la actividad económica del 0,37%. Los sectores con mayor creación de empleo serían la agricultura, con un 19,2%; el comercio, con cerca del 19%; los servicios de entretenimiento y recreación, con el 13,4% y la industria, con un 13%. En resumen, habrá una redistribución del ingreso en favor de los trabajadores mediante un aumento salarial que incentivará el consumo. Sobre su pregunta, le recuerdo que el propio presidente Petro ha hecho público su interés en convocar al empresariado para dialogar con este sector sobre la reforma laboral y su implementación.
“Ya no se podrán prorrogar, en forma libre, los contratos a término fijo”
El contrato a término indefinido que se aprobó en la reforma laboral que, hoy, es ley, ¿cómo avanza respecto de la reglamentación actual?
El contrato a término indefinido va a ser la regla general. Es decir, todos debemos estar vinculados a un contrato a término indefinido a partir de esta reforma. Sin embargo, subsiste y se mantiene el reconocimiento de otras modalidades, como el contrato a término fijo y el contrato por duración de la obra o labor. La base de la reforma es que ya no se podrán pactar, en forma libre, los contratos a término fijo que se prorrogan sucesivamente y que crean condiciones de inestabilidad en los trabajadores, sin garantizar la vocación de permanencia a la que todos aspiramos. Por esa razón, se establece que un contrato a término fijo no podrá prorrogarse por más de cuatro años, caso en el cual se convertirá en indefinido. Así, la regla general se orienta hacia la vinculación indefinida que es, reitero, la que garantiza la permanencia, la estabilidad en el empleo y la seguridad en el ingreso para las y los trabajadores.
