La conservatización del país

Fue a mediados del siglo XIX, entre 1848 y 1849, al calor de los debates políticos que ya arrastraban al país a sangrientas guerras civiles, mientras se controvertía por la opción del federalismo, el estado confesional o las ideas librecambistas, que se sentaron las primeras bases ideológicas de las doctrinas liberal y conservadora. A las ideas del pueblo soberano, las libertades civiles o el máximo límite al poder coactivo de los gobiernos sobre las personas, se opuso el pensamiento del poder como una extensión de origen divino, regido por una política de bases morales y religiosas con orden y autoridad.

En otras palabras, el liberalismo como concepción filosófica para una república en formación, frente al conservatismo como modelo de Estado para una sociedad urgida de principios. En el manifiesto de creación del Partido Conservador de 1849, Mariano Ospina Rodríguez y José Eusebio Caro plasmaron la esencia de ese pensamiento: orden constitucional, legalidad contra las vías de hecho, moral cristiana, libertad racional contra el despotismo, igualdad contra el privilegio aristocrático, propiedad contra el robo y la usurpación, seguridad contra la barbarie”.

Con distintos matices, esta pugna ideológica caracterizó las guerras y constituciones del siglo XIX, hasta que se impuso el régimen de la Regeneración de Rafael Núñez y con él la centenaria Constitución de 1886 que facilitó la llamada “hegemonía conservadora”. Un modelo con principios tales como la unión de la Iglesia y el Estado, la Presidencia con fuertes atribuciones y posibilidad de reelección inmediata y límites a los derechos individuales. Colombia se convirtió en el país del Sagrado Corazón, se establecieron severos controles a la prensa y la figura del Estado de Sitio emergió como la forma de contrarrestar futuras revoluciones.

Con algunas reformas en 1910, el esquema se mantuvo hasta 1930, en que el liberalismo accedió por primera vez al poder político en el siglo XX. En parte, la razón de la victoria fue el ejercicio de la prensa liberal que cooptó la proliferación de ideas revolucionarias, en consonancia con la Revolución Rusa de 1917. La consecuencia inmediata fue la reforma constitucional de 1936 de López Pumarejo, que entre otros aspectos le impuso obligaciones sociales al Estado. Este mandato se convirtió en un punto de honor del liberalismo y en el motivo de la discordia para el pensamiento conservador.

Lo que vino después fue una larga violencia partidista, en buena parte animada por los discursos incendiarios que defendían una u otra forma de Estado. Una guerra no declarada que dejó miles de muertos y que ya en tiempos recientes, por efecto de la violencia guerrillera o el narcotráfico, derivó en una amalgama de ideas donde se perdió la esencia liberal o conservadora y se impuso el clientelismo político. En buena medida, el letargo del Frente Nacional desplazó el debate por la burocracia. Cuando la violencia llegó a su punto más alto en el narcoterrorismo, la Constitución de 1991 obró como un paliativo en favor de las libertades públicas.

Desde entonces, la controversia ideológica, sin los principios rectores de otros tiempos, revive bajo la forma de los defensores y detractores de la Carta de 1991, pero en el trasfondo de los últimos años —más allá de cuotas políticas y del renacimiento del conservatismo como partido—, ha renacido el pensamiento conservador que, de la mano del presidente Álvaro Uribe Vélez, invoca la concepción de un Estado con seguridad y orden, límites a ciertas conductas, control a algunas tendencias de la vida contemporánea y protagonismo de la Iglesia católica.

En criterio de Adolfo Chaparro, profesor de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario y experto en filosofía política, más que una conservatización ideológica del país, la clave está en el énfasis que ha puesto el Gobierno en el tema de la seguridad: “Los individuos ponen por encima de otros criterios, como el de la libre expresión, el de la seguridad, lo cual se han ido confundiendo con tradiciones culturales y familiares porque finalmente no es sólo problema de orden público, sino que está ligada a la forma como las familias se sienten respaldadas por esa política”, señaló.

En este sentido, Chaparro cree que para los colombianos todo lo que esté por fuera de esa tradición puede atentar contra los valores. “Estamos organizando la vida pública alrededor de una tradición conservadora. El hecho de que los partidos de izquierda no tengan una aceptación política hace que los valores que ellos representan pasen a un segundo plano y se consideren atentatorios o poco convenientes. La diferencia se volvió un peligro para esa concepción de seguridad”.

De lo que no cabe duda es de que en ese pulso ideológico entre conservatismo y liberalismo existen posiciones de Estado estratégicas y que en la actualidad colombiana comprueban el rumbo que lleva el país. Por ejemplo, la Procuraduría, encargada de la defensa de los intereses de la sociedad, que hoy está en manos de Alejandro Ordóñez, católico ortodoxo de posiciones radicales frente a temas como el aborto y los derechos civiles de los homosexuales, quien mandó un mensaje claro cuando nombró como procuradora delegada para la Familia a Ilva Myriam Hoyos, principal contradictora de Mónica Roa, líder de la despenalización del aborto.

Otros, parados en la misma orilla del conservatismo, como Juan Gabriel Uribe, director del diario El Nuevo Siglo, piensan que lo que sucede en realidad es que el país está buscando el centro y ese centro en Colombia es conservador. “El país está teniendo más aprecio por los valores y las tradiciones que han sido fundamentales en la sociedad. La gente quiere orden, lo que pasa es que lo están desordenando y lo están desinstitucionalizando con propuestas como una segunda reelección”.

Alguien de pensamiento liberal, como el ex magistrado Carlos Gaviria, considera que, efectivamente, durante el mandato Uribe es indudable que el conservatismo se ha concentrado y que las políticas de seguridad democrática y autoritarias de su gobierno han sido un catalizador positivo en ese proceso de conservatización del país. “Pero en Colombia es más lo que hay por cambiar que por conservar. En una sociedad donde todo marcha bien debe haber empeño en conservarse. Aquí, la Constitución del 91 quería cambiar cosas en derecho, buscando la manera de ejercerlos para que no hubiera exclusión y en lugar de haber avances estamos retrocediendo”, enfatizó.

El ex canciller Fernando Araújo, conservador de espíritu y de partido, está convencido de que después de una época en la que la base fue el liberalismo ideológico, “el país entendió que para el progreso se requiere primero la seguridad y el orden, esencia del conservatismo”. Sin embargo, en todo este debate, llama la atención la opinión de Gustavo Petro, senador de izquierda, quien dice que la sociedad colombiana se comenzó a conservatizar no en virtud del presidente  Uribe —que era una minoría política—, sino en virtud de las Farc: “Los excesos, la degradación de la guerra y la burla que le hicieron en el Caguán a la posibilidad de dejar las armas y acabar la guerra, trasladó hacia la extrema derecha a un gran sector de la sociedad colombiana, que acogió el mensaje de seguridad de Uribe”.

El talante conservador del presidente Uribe

Los análisis que se han hecho sobre la llegada de Álvaro Uribe al poder concluyen que la clave fue en saber aprovechar el viraje hacia la derecha que produjo el fracaso de las negociaciones con las Farc en el Cagüán. Dicen también que conquistó la falta de liderazgo político que dejó el proceso 8.000 y la crisis moral de un país sumido en un espiral de violencia guerrillera y paramilitar.

En la Presidencia, Uribe ha mostrado su talante conservador cuando, por ejemplo, apela en sus discursos a la religión o insiste en la penalización de la dosis personal de alucinógenos y se opone al matrimonio de parejas homosexuales, posturas que riñen con los lineamientos de una Constitución pluralista, ajena a confesiones religiosas y garante de la libertad de conciencia.