La Constitución como acuerdo de paz con las guerrillas

Aunque el principal objetivo de la Constitución de 1991 fue modernizar el centenario ordenamiento de Colombia, también sirvió como acuerdo de paz. Así se contempló desde el principio y fue una de las justificaciones para que la Corte Suprema avalara el decreto para contar los votos a favor de la Asamblea Constituyente y el decreto presidencial para su convocatoria. Dicho enfoque también sirvió para congregar a las guerrillas que operaban en el país, debido a que desde un principio se abrió la posibilidad a que tuvieran participación en la Asamblea. Tanto así, que cuatro movimientos guerrilleros que dejaron sus armas tuvieron delegatarios en la Constituyente: M-19, Ejército Popular de Liberación (Epl), Partido Revolucionario de los Trabajadores (Prt) y Movimiento Quintín Lame (guerrilla indígena).

El movimiento constituyente estuvo muy relacionado con el devenir de las guerrillas en el país durante la década de los años 80 y principios de los 90. Los primeros en hablar de la necesidad de una asamblea fueron los guerrilleros del Epl; lo hicieron en 1984. “Desde los diálogos de Belisario Betancur, que se frustraron completamente, nosotros planteamos la Asamblea Constituyente como una forma de apertura democrática y participación política”, comentó a El Espectador Jaime Fajardo Landaeta, exmiembro de dicha guerrilla. La propuesta de este grupo, que operó principalmente en los departamentos de Antioquia y Córdoba, apuntaba a dar paso a una nueva constitución, e incluso llegaron a hacer “pedagogía” sobre esta propuesta en los territorios que en ese momento controlaban.

Con el fracaso de las conversaciones de paz del gobierno de Belisario Betancur, el conflicto se recrudeció y ejemplos sobran: la toma del Palacio de Justicia o el exterminio de la Unión Patriótica. En medio de la violencia, acrecentada por la acción del narcotráfico, nacieron las negociaciones del M-19. Contrario a otros intentos, se dieron avances exitosos, que incluso abrieron la puerta a la participación política de los entonces guerrilleros. Esos acuerdos fueron incluidos en el intento de reforma constitucional de 1988, que se debatió en el Congreso y buscaba modernizar la Carta Magna de 1886. Un “narcomico”, que pedía un referendo contra la extradición, tumbó los esfuerzos reformistas en 1989, sin afectar la mayoría de acuerdos a los que se había llegado con el M-19.

Aunque dicha guerrilla siguió en su proceso de dejación de armas, Antonio Navarro Wolff y otros de sus miembros llamaron la atención sobre la necesidad de recurrir a otras instancias para reformar la Constitución Nacional: “Si no se podía hacer reformas constitucionales por el Congreso, había que hacer otra cosa, una asamblea constituyente”. Estas posturas fueron recogidas por el movimiento de la Séptima Papeleta, que puso sobre la mesa la necesidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la Carta Política. Asimismo, este movimiento, conformado casi en su totalidad por estudiantes universitarios, propuso que fueran los colombianos los que en las urnas decidieran la convocatoria o no de este cuerpo colegiado, que fue integrado por 70 constituyentes.

El gobierno de Virgilio Barco atendió el llamado y abrió la posibilidad para que en las elecciones presidenciales de 1990 se habilitara una papeleta especial que decidiera sobre la convocatoria a la Asamblea Constituyente. Esto sirvió para que el movimiento guerrillero volviera a hablar de paz. Desde el proceso con el M-19 se habían mantenido diálogos con la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (Farc, Epl, Eln, Prt, Quintín Lame), pero habían caído en el letargo. Por eso, con la posibilidad de una constituyente, tres guerrillas de la Coordinadora (Epl, Prt y Quintín Lame) expresaron su interés en hacer la paz y aterrizar en ella, mientras que los otros dos grupos, Eln y Farc, mantuvieron sus dudas tanto con los diálogos como en el proceso constituyente.

El Epl, el Prt y el Quintín Lame enviaron cartas en las que manifestaron su intención de iniciar negociaciones formales de paz y expresaron su interés en la convocatoria de la Constituyente. En junio, cuando la propuesta ya había ganado en las urnas y César Gaviria era el presidente electo, las tres guerrillas se reunieron con el saliente gobierno para acordar el inicio de los diálogos.

Aunque se estableció que las negociaciones con cada grupo iban a desarrollarse por separado, mesas en diferentes zonas del país, uno de los puntos en común, e inamovibles, fue la participación en la Asamblea Nacional que se iba a convocar. Luego se reunieron con el gobierno Gaviria, y volvieron a insistir en las negociaciones y la importancia de participar.

El 23 de agosto de 1990, Gaviria emitió un decreto en el que oficializó la convocatoria a las urnas para que el país definiera los delegatarios que los representarían en la Asamblea y fijó un temario que restringía las reformas a solo unos aspectos. Este limitante desilusionó al Quintín Lame y lo hizo bajarse del proceso de paz por unos meses. Además, sirvió para que las Farc presentaran sus objeciones al proceso, y así lo hicieron saber en boca de su líder histórico, Manuel Marulanda: “Le pretenden dar trámite a posproyectos que se hundieron en el Parlamento. Va a remendar lo que no pudo hacer el Parlamento (…) Una Asamblea Constituyente debe ser autónoma y soberana para que redacte una nueva Constitución. Atemperada a la realidad del país y las fuerzas políticas y productivas que han surgido”.

De modo contrario, el Epl y el Prt se mantuvieron en su interés en aterrizar en la Constituyente, incluso hicieron llegar cartas a la Corte Suprema, que debía decidir sobre la constitucionalidad del decreto de Gaviria. En las misivas se expuso la importancia de darle vía libre al proceso constituyente como un impulso para su reinserción. Precisamente este argumento fue usado por la Corte para habilitar la Asamblea: “Es evidente que la convocación de una Asamblea facilita la reincorporación de grupos alzados en armas a la vida civil, puesto que antiguos grupos guerrilleros, como el M-19, manifestaron como elemento trascendental para ese significativo paso (…) y que otros grupos alzados en armas han manifestado formalmente su intención de acogerse al régimen civil por medio de su integración al proceso de cambio institucional a cargo de la Asamblea Constitucional”.

Además de habilitar el proceso, la Corte tumbó los limitantes expuestos por Gaviria, por lo que se le dio carta blanca a la Asamblea para que reformara lo que considerara, lo que abrió la puerta a una nueva Constitución. Esto volvió a prender el interés del Quintín Lame. Por otro lado, el Epl y Prt siguieron su proceso de negociación con el gobierno. A pesar de algunas diferencias de las propuestas, el grueso apuntó a la creación de un movimiento político y a la participación garantizada en la Asamblea Constituyente. Ambas negociaciones llegaron a buen puerto y, en el caso del Ejército Popular de Liberación, se les dieron dos curules con voz y voto, mientras que el Partido Revolucionario de los Trabajadores tuvo participación con un escaño, que podía participar de los debates, pero no de las votaciones. La entrega de las armas y la designación de los delegatarios fue distinta entre ambas guerrillas. El 25 de enero de 1991, una semana antes del comienzo de las discusiones constituyentes, el Prt firmó la paz en el municipio de Ovejas, Sucre, y designaron al líder de la organización, José Matías Ortiz, como vocero ante la Constituyente. El armamento no fue entregado a las autoridades, sino que, en un acto casi poético, fueron arrojadas al mar Caribe. Nueve tulas fueron lanzadas al océano, en una ceremonia que contó con la presencia de delegatarios que ya había sido elegidos como Antonio Navarro Wolff, exguerrillero del M-19, y Lorenzo Muelas, líder indígena que asistió con su vestimenta tradicional y brilló por sus pasos a ritmo de cumbia en la celebración del evento.

Por los lados del Epl, los fusiles tampoco fueron entregados al Gobierno, sino que, con el grito “¡Armas a discreción de la Constituyente!”, fueron dejados y fundidos para hacer un monumento. En cuanto a sus representantes en la Asamblea, aunque en un primer momento se definió que serían las cabezas las que irían, luego se determinó que sería por vía democrática. “Yo llegué de una decisión de los combatientes en los campamentos. Se presentó una especie de tarjetón. Estuvimos ocho candidatos y yo salí elegido”, comentó Darío Mejía, que fue delgado del Epl junto con Jaime Fajardo Landaeta, el primero de la línea militar y el segundo más del ámbito político de la organización.

En total fueron 10 los exguerrilleros que estuvieron en la Asamblea: dos del Epl (Darío Mejía y Jaime Fajardo), uno del Prt (José Matías Ortiz), uno del Quintín Lame (Alfonso Peña Chepe) -que negoció de forma tardía y entró como un delegado sin voto- y seis del M-19 (Antonio Navarro, Héctor Pineda, Rosemberg Pabón, Marcos Chalita, Germán Rojas y Otty Patiño). El pasado guerrillero sirvió para que estos se coordinaran y sacaran adelante proyectos, como lo reconoce Jaime Fajardo, del Epl: “Nosotros funcionábamos como bancada, aunque no lo decíamos así. Discutíamos los temas y nos coordinábamos mucho, a tal punto que generamos mayorías importantes”.

Pero las alianzas no fueron solo entre exguerrilleros, sino que permearon a todas las colectividades, pues, según comentó Otty Patiño, “hubo muy poca gente que lo miraba a uno feo, una o dos personas. Los demás no tenían animadversión hacia nosotros. Había una carencia de odio y una intención de cambiar este país”. Un ejemplo de ese recibimiento positivo fue la reconocida sinergia entre Álvaro Gómez y el exmiembro del Epl Jaime Fajardo Landaeta. “Fue significativo ese aspecto, esa reconciliación entre él y yo. Éramos para arriba y para abajo, hablando, y la gente se asombraba que dos personas que venían de lados ideológicos muy distintos, pero que nos entendimos”, contó Fajardo, haciendo énfasis en que de esa amistad nacieron importantes proyectos que definieron la justicia del país.

Y es que, como comentó Fajardo Landaeta a este diario, la dupla presentó siete proyectos como las reformas a la Procuraduría y la creación de la Defensoría, la Fiscalía y la Corte Constitucional. Los logros de los exguerrilleros en la Asamblea se cuentan por montones. Por ejemplo, Navarro fue uno de sus presidentes y trabajó en el capítulo de los derechos de los afros; Darío Mejía formó parte de la subcomisión, con Jaime Arias y Juan Carlos Esguerra, que ajustó los temas de los mecanismos de participación y fue esencial en los debates sobre el Estado de Sitio; Alfonso Chepa Peña entró a reforzar los proyectos y peticiones de los dos representantes indígenas (Lorenzo Muelas y Francisco Rojas Birry), y, como se dijo anteriormente, Jaime Fajardo tuvo un especial trabajo en los temas de justicia.

La participación de los exguerrilleros marcó buena parte del crisol que implicó la Constituyente y su producto, la Constitución de 1991. En palabras del exintegrante del M-19 Otty Patiño, “la Constituyente fue un aterrizadero (sic) de todas las personas que estaban marginadas de la política institucional”. Esta participación de varios grupos guerrilleros fue la que le dio a la nueva Carta Magna la esencia de acuerdo de paz. Sin embargo, no fue del todo así, pues en su redacción hicieron falta las Farc y el Eln, las dos guerrillas más fuertes para ese entonces. Esa ausencia fue responsabilidad tanto del gobierno de César Gaviria como de las propias guerrillas.

Justo el día que se eligieron a los delegatarios, el 9 de diciembre de 1990, el Ejército bombardeó Casa Verde, principal campamento de las Farc. A pesar de que las muertes no fueran muchas, el ataque fue interpretado como un portazo en la cara a cualquier posibilidad de que dicha guerrilla participara. Luego, cuando la Asamblea entró en funcionamiento, se reanudaron las conversaciones con las Farc, el Eln y una disidencia del Epl, a través de la Coordinadora Simón Bolívar. Para este fin, incluso hubo un debate si la Asamblea era la que debía negociar o solo el Gobierno. Al final, varios delegatarios, como Iván Marulanda, sirvieron de garantes de las negociaciones y hasta participaron del transporte de los exguerrilleros a Caracas para los diálogos con el Ejecutivo.

Sobre este hecho puntual, Marulanda le contó a El Espectador que dicho traslado fue desde las selvas colombianas hasta Venezuela. Allí tuvo la oportunidad de hablar con varios miembros de las Farc, como Iván Márquez, que le comentó la intención de la guerrilla de negociar y el deseo que la Asamblea recibiera a su líder, Manuel Marulanda, para que diera su visión del conflicto. A su regreso, según el ahora senador, redactó la proposición para que el máximo jefe de las Farc pudiera asistir al Centro de Convenciones donde llevaban a cabo las sesiones, pero el Gobierno nunca habilitó dicha posibilidad.

Por otro lado, vale decir que las conversaciones en Venezuela fueron pantanosas. A pesar de que pedían entrar a la Constituyente, las Farc y las otras guerrillas no tuvieron en cuenta que la Asamblea solo duraba cuatro meses y no apretaron el acelerador de los diálogos. Además, las exigencias eran casi imposibles de cumplir. Los guerrilleros pedían 20 curules de la Constituyente (ocho de las Farc, ocho del Eln, y cuatro de las disidencias del Epl). Al final, los diálogos se dilataron hasta después de la proclamación de la Carta Magna, fueron trasladados a Tlaxcala (México), y concluyeron sin ningún acuerdo. Tuvieron que pasar más de 20 años para alcanzar la paz con las Farc. A pesar de los cambios introducidos por los acuerdos de la Habana, sus insumos vinieron de la Constitución de 1991.