“La Constitución del 91, el mejor legado del M-19”

Sólo 49 días duró en la vida civil Carlos Pizarro Leongómez. El 8 de marzo de 1990 se desmovilizó junto con cerca de 900 hombres y mujeres que hasta ese momento hicieron parte del grupo guerrillero M-19, y el 16 de abril fue víctima de 13 proyectiles en un vuelo comercial que cubría la ruta Bogotá-Barranquilla. Una hora y media después del atentado murió en la clínica de la Caja de Previsión Social, en la capital de la República.

Con la muerte del candidato presidencial de la Alianza Democrática M-19 se puso en duda la celebración de los comicios del 27 de mayo de ese año, en los que se elegiría al nuevo jefe de Estado. El asesinato de tres aspirantes presidenciales (Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro Leongómez) convirtió la campaña del 90 en la peor pesadilla para la democracia del país.

Tras el asesinato de Pizarro, Antonio Navarro Wolf tomó las banderas de la AD M-19 y además de ser el candidato presidencial para las elecciones de 1990 —en las que César Gaviria obtuvo la victoria—, fue la cabeza de la lista del naciente movimiento político en los comicios en los que se eligieron los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. En ese proceso, el “Eme” obtuvo 19 curules, sólo cuatro menos que el oficialista Partido Liberal.

Para antiguos dirigentes del M-19, como Vera Grabe, Gustavo Petro y el mismo Antonio Navarro, dos décadas después de la desmovilización y del magnicidio de Pizarro, el legado más importante que le ha dejado el movimiento al país es su participación en la redacción de la Carta Magna de 1991. Lo mismo piensa el ex guerrillero Otty Patiño: “Creo que quedan muchas cosas, pero lo más importante es la utopía de una democracia por construir que empezó a crearse con la Constitución del 91”.

 En lo que también coinciden los dirigentes entrevistados es en el reconocimiento de la decisión política de Pizarro Leongómez por entregar las armas y jugársela a fondo por un proceso de paz. Vera Grabe, quien militó como guerrillera y también fue senadora de la AD M-19, reconoce que al aporte a la Constitución del 91 se le suma el deponer las armas. “Para mí, el legado más importante es la paz, la manera como se hizo esa paz y ese liderazgo que tuvo Pizarro para decidir que ya no necesitábamos la guerra”.

El proceso que culminó con esa Constitución del 91 se inició el 17 de enero de 1974, cuando nació oficialmente el Movimiento 19 de Abril (M-19), que ese día se dio a conocer mediante el robo de la espada de Simón Bolívar. Su gestación se dio en las elecciones del 19 de abril de 1970, cuando Misael Pastrana derrotó en las urnas al general Gustavo Rojas Pinilla, en unos comicios marcados por la sombra de fraude.

Ante esa situación, miembros del ala socialista de la derrotada Alianza Nacional Popular (Anapo), como Carlos Toledo Plata e Israel Santamaría, iniciaron contactos con ex militantes de las Farc, como Álvaro Fayad y Jaime Bateman, para crear un nuevo grupo guerrillero. La alianza dio origen al M-19, que antes de dar su primer golpe en 1974, inició una campaña de expectativa con la publicación de avisos en los principales diarios del país.

 Mensajes como “¿parásitos... gusanos?, espere M19”, o “¿decaimiento... falta de memoria? espere M19” empezaron a generar expectativas entre los colombianos, que en su mayoría se sorprendieron al comprobar que se trataba de un grupo al margen de la ley.

La historia del movimiento subversivo estuvo marcada por golpes que conmocionaron a la opinión pública. Al hurto de la espada del Libertador le siguió el secuestro y asesinato del líder sindical José Raquel Mercado en 1976, lo que a juicio de muchos de los simpatizantes de esa guerrilla fue un “error”, como lo señala el propio Israel Santamaría en el libro Sueños de abril, de Darío Villamizar. “Cuando una organización es grande y prestigiosa, no necesita hacer una ejecución”.

Después vino el robo de cinco mil armas del Ejército colombiano en el Cantón Norte en Bogotá, durante los dos últimos días de 1978 y el primero de 1979.

Pero fue la toma a la Embajada de la República Dominicana, el 27 de febrero de 1980, lo que puso a esta guerrilla en el radar internacional. Después de 61 días, guerrilleros y secuestrados viajaron a Cuba, donde los rehenes recuperaron la libertad y los secuestradores recibieron asilo.

Entre 1981 y 1985, el “Eme” recibió diferentes golpes, como la muerte en 1983 en un accidente aéreo de Jaime Bateman, uno de sus fundadores; el asesinato de su dirigente Carlos Toledo (1984) y la muerte en combate de Iván Marino Ospina (1985), hasta cuando el 6 de noviembre de 1985, un comando de 35 subversivos se tomó el Palacio de Justicia en Bogotá.

Este acto violento dejó cerca de 100 muertos, entre ellos 11 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La toma generó una fuerte reacción de la opinión pública nacional e internacional, y en una época en la que el terrorismo tenía connotaciones muy diferentes a las de hoy, puso en el ojo del huracán las acciones de los entonces subversivos, que hoy lo reconocen como un error. Tal es el caso de Darío Villamizar. “Antes y después de la desmovilización hubo muchos errores y eso se ha dicho públicamente como el caso del Palacio de Justicia”.

El siguiente y último gran golpe de los guerrilleros del M-19 se produjo el 29 de mayo de 1988, con el secuestro del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado. Su liberación se dio el 20 de julio de ese año después de la firma de un acuerdo con el gobierno del entonces presidente Virgilio Barco Vargas, con quien se dio el proceso de paz que concluyó con la desmovilización de esta guerrilla el 8 de marzo de 1990, en un acto que se cumplió en Santodomingo (Cauca). A los 49 días se presentó el magnicidio de Pizarro Leongómez.

La Constituyente de 1991  fue el mayor éxito electoral y moral de la ADM19, pues ya en  la conformación del Congreso de ese mismo año las curules obtenidas se redujeron a nueve. Los grandes “golpes” que el Eme dio durante su periodo de guerra nunca más se evidenciaron en tiempos de paz.

Hoy, sus únicos militantes reconocidos y activos políticamente son Gustavo Petro, candidato presidencial del Polo Democrático, y Antonio Navarro, gobernador de Nariño. Para ambos, el movimiento fue la “demostración práctica de que la reconciliación es posible”, un mensaje directo para un país al que le falta recorrer el camino definitivo de la paz, la que siempre soñó Carlos Pizarro, cuyo asesinato ocurrió un 26 de abril de 1990. Mañana habrán pasado 20 años.  

El asesinato de Pizarro: crimen de lesa humanidad

Cinco días antes de cumplirse los 20 años del asesinato de Carlos Pizarro Leongómez, la Fiscalía General de la Nación declaró el crimen como de lesa humanidad, lo que evitará que se cierren las investigaciones sobre el caso por vencimiento de términos.

El objetivo con esta declaratoria es llegar hasta la verdad de los hechos, que hasta ahora sólo ha tenido dos certezas: que el autor material fue Gerardo Gutiérrez Uribe, quien murió en el propio avión donde atentó contra Pizarro, y que uno de los autores intelectuales fue el también desaparecido jefe paramilitar Carlos Castaño.

Este año la Fiscalía vinculó a la investigación por el magnicidio al entonces director de inteligencia del DAS, Alberto Romero, y a otro funcionario de la entidad: Jaime Ernesto Gómez. Asimismo, todo el cuerpo de seguridad de Pizarro fue llamado a declarar en el proceso.

‘Memorias de abril’, literatura sobre el ‘Eme’

Memorias de abril es la más reciente publicación dentro de la nutrida lista de títulos que se han escrito en el país sobre el M-19.

En esta obra de Planeta, el ex militante del movimiento guerrillero Diego Arias relata su recorrido desde que se enlistó como combatiente del grupo subversivo hasta su acercamiento a Dios.

La obra finaliza con una frase de Albert Einstein, que se refiere a lo que Arias denomina “experiencia mística”. “Quiero conocer a Dios. No estoy interesado en tal o cual fenómeno, o en el aspecto de este o de aquel elemento. Yo quiero conocer de Dios sus pensamientos... el resto son sólo detalles”.

Además del relato sobre su lucha en Colombia, en el libro de 217 páginas hay capítulos dedicados a su participación en conflictos en Nicaragua y El Salvador. Hoy, Arias es asesor del Programa Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.