La proliferación de las acciones de las bandas criminales, conocidas como bacrim, llevó al Gobierno Nacional a tomar cartas en el asunto para diseñar nuevas estrategias frente a las actuaciones de estas organizaciones delincuenciales.
Luego del paro armado del clan Úsuga que llevó a un cese de todas las actividades en algunos municipios de Antioquia, Córdoba, Cesar y Bolívar, y la latente preocupación en desarrollo del proceso de paz de La Habana por el despliegue de estos grupos armados, el propio presidente Juan Manuel Santos lidera este lunes un comité de seguimiento a la lucha contra las bacrim.
El Jefe de Estado toma nota de lo que viene aconteciendo en el país por el terror que representan para los ciudadanos las bandas criminales. La mezcla mafiosa entre delincuencia común y narcotraficantes ha llevado el pánico a las regiones y de ahí que el mandatario busque salidas a esta problemática.
Para el Gobierno es claro que el Estado no se dejará coger más más ventaja en el combate a las bandas criminales, organizaciones consideradas delincuencia común, las cuales demostraron su ‘poder’ armado en la estela de violencia y asesinatos de civiles, policías y militares hace pocos días.
Siendo actualmente las bandas criminales la principal fuente de inseguridad del país –por encima de las Farc y el Eln–, la prioridad ahora para el Estado es combatirlas. Sin embargo, no es clara la estrategia pues se trata de civiles que, por ejemplo, no pueden ser bombardeados.
Y es que aunque hay toda la intención para poder ir a la ofensiva contra las bandas criminales, sigue siendo materia de análisis y estudio cómo proceder con contundencia por su tipología de delincuencia común. Se espera que el presidente Santos entregue los resultados del encuentro sobre las medidas a seguir en el combate a estas organizaciones.
De tal orden es la intranquilidad por las bacrim que seis organizaciones la semana pasada denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el surgimiento de una "nueva fase" del paramilitarismo en Colombia.
Las organizaciones hicieron una petición para que el Gobierno colombiano reconozca a estos grupos armados como paramilitares y dejen de llamarse solamente bandas criminales. Vale recordar que el clan Úsuga, al que las autoridades han vinculado con el cartel de Sinaloa, liderado por el mexicano Joaquín el ‘Chapo’ Guzmán, nació después de la desmovilización de las ya disueltas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que llegaron a un acuerdo para dejar las armas en 2006.
Por Redacción Política
