La directiva de la discordia
Debate por la directriz diseñada por el entonces ministro de Defensa, Camilo Ospina, que podría prestarse para alianzas entre uniformados y civiles para cobrar dádivas. La Fiscalía pidió revisar la política de recompensas.
El Espectador
Desde San Salvador, donde se celebra la XVIII Cumbre Iberoamericana, el presidente Álvaro Uribe Vélez salió a la defensa de la política de recompensas de su gobierno, argumentando que los beneficios son entregados exclusivamente a los civiles que contribuyen con información para desmontar la criminalidad. Desmintió que los pagos por colaborar con las autoridades estén destinados a integrantes de las Fuerzas Militares, luego de que el fiscal general Mario Iguarán Arana, solicitara la revisión de la directiva ministerial 029 de 2005, por considerar que “puede haber una interpretación desafortunada y, en últimas, que lleva a lo delincuencial”.
El documento secreto expedido el 17 de noviembre de 2005 por el entonces ministro de Defensa, Camilo Ospina, actual embajador ante la OEA, declara que quien informe de armamento, de elementos logísticos y de cabecillas de grupos al margen de la ley, podrá cobrar dineros al Ministerio de Defensa, que van desde 3 millones 815 mil pesos hasta cinco mil millones de pesos.
Según la W radio, que reveló el documento, el Gobierno, con el fin de desarticular los grupos violentos paga por información encontrada en el campo de batalla, donde valen como pruebas desde computadores hasta aviones. Además, en medio del debate por los falsos positivos, surgió la inquietud de que tras las ejecuciones extrajudiciales podría existir una mafia de cazarrecompensas aliados con militares.
El primero en refutar los señalamientos fue el ex ministro Ospina, quien, de la misma manera que el Presidente, defendió la transparencia del documento y manifestó que, “no estimula de ninguna forma ni autoriza la muerte fuera de contexto”.
Al conocer las declaraciones sobre el particular, el Presidente no titubeó en pedirle a Iguarán Arana que reflexione, por lo que calificó como declaraciones ligeras. “El señor Fiscal tiene que entender que un procedimiento legal y legítimo como el de las recompensas, no puede justificar ningún hecho ilegal”, sostuvo.
Uribe aseguró que el Gobierno ha tomado muchas decisiones para hacer más eficaces las Fuerzas Armadas y agregó que hay 1.678 miembros de dicha institución presos, de los que 1.157 están en el Inpec y 521 en guarniciones militares. Y agregó que el cuestionamiento a la política de recompensas es injusto y perverso, a la vez que solicitó evitar que haya un desgano o pérdida de moral en las Fuerzas Militares, luego del llamado a calificar servicios de 27 oficiales y suboficiales.
Desde San Salvador, donde se celebra la XVIII Cumbre Iberoamericana, el presidente Álvaro Uribe Vélez salió a la defensa de la política de recompensas de su gobierno, argumentando que los beneficios son entregados exclusivamente a los civiles que contribuyen con información para desmontar la criminalidad. Desmintió que los pagos por colaborar con las autoridades estén destinados a integrantes de las Fuerzas Militares, luego de que el fiscal general Mario Iguarán Arana, solicitara la revisión de la directiva ministerial 029 de 2005, por considerar que “puede haber una interpretación desafortunada y, en últimas, que lleva a lo delincuencial”.
El documento secreto expedido el 17 de noviembre de 2005 por el entonces ministro de Defensa, Camilo Ospina, actual embajador ante la OEA, declara que quien informe de armamento, de elementos logísticos y de cabecillas de grupos al margen de la ley, podrá cobrar dineros al Ministerio de Defensa, que van desde 3 millones 815 mil pesos hasta cinco mil millones de pesos.
Según la W radio, que reveló el documento, el Gobierno, con el fin de desarticular los grupos violentos paga por información encontrada en el campo de batalla, donde valen como pruebas desde computadores hasta aviones. Además, en medio del debate por los falsos positivos, surgió la inquietud de que tras las ejecuciones extrajudiciales podría existir una mafia de cazarrecompensas aliados con militares.
El primero en refutar los señalamientos fue el ex ministro Ospina, quien, de la misma manera que el Presidente, defendió la transparencia del documento y manifestó que, “no estimula de ninguna forma ni autoriza la muerte fuera de contexto”.
Al conocer las declaraciones sobre el particular, el Presidente no titubeó en pedirle a Iguarán Arana que reflexione, por lo que calificó como declaraciones ligeras. “El señor Fiscal tiene que entender que un procedimiento legal y legítimo como el de las recompensas, no puede justificar ningún hecho ilegal”, sostuvo.
Uribe aseguró que el Gobierno ha tomado muchas decisiones para hacer más eficaces las Fuerzas Armadas y agregó que hay 1.678 miembros de dicha institución presos, de los que 1.157 están en el Inpec y 521 en guarniciones militares. Y agregó que el cuestionamiento a la política de recompensas es injusto y perverso, a la vez que solicitó evitar que haya un desgano o pérdida de moral en las Fuerzas Militares, luego del llamado a calificar servicios de 27 oficiales y suboficiales.