La discriminación laboral

El caso de discriminación de las personas discapacitadas en la iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional prendió un arduo debate en torno a este tipo de situaciones en algunas de las iglesias cristianas que pululan en el país. Pero más allá de ese caso puntual y del rechazo generalizado de la sociedad colombiana, un informe de la Agencia de Información Laboral (ENS) revela que esta exclusión no es sólo por parte de las iglesias y que la población en situación de discapacidad sufre una discriminación incluso peor: la del mercado de trabajo.

Según el VI Informe de Trabajo Decente, elaborado por la ENS, las cifras del Censo de 2005 advierten que el 6.3% de la población colombiana tiene por lo menos una limitación permanente. Esto quiere decir que, proyectado a 2012, 2´943.971 personas se encontraban con alguna discapacidad permanente. De este total, el 71,2% presenta una limitación, el 14,5% dos limitaciones, el 5,7% tres limitaciones y el 8,7% tres o más limitaciones permanentes.

En este sentido, Colombia es el segundo país con mayor prevalencia de personas con discapacidad, después de Brasil (14, 5%), y seguido de Costa Rica, con 5.4%. A su vez, otro informe del Observatorio de Asuntos de Género de la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer de 2012, basado en datos del Ministerio de Salud y Protección Social, señala que en Colombia el 53% de las personas con discapacidad son mujeres, y éstas superan ampliamente a los hombres a partir de los 40 años de edad.

Una de las principales conclusiones del estudio de la ENS es que “las personas con discapacidad han estado tradicionalmente excluidas de la plena participación en la vida social y económica de nuestro país. Barreras actitudinales y prácticas discriminatorias asociadas a la discapacidad de las personas, impiden el acceso y la permanencia en trabajos formales en condiciones de trabajo decente”.

En este sentido, está comprobado que la discriminación se produce, bien deliberadamente o bien como resultado de la existencia de barreras intrínsecas o estructurales en el entorno de trabajo, que impiden que una persona con discapacidad pueda desenvolverse en condiciones de igualdad con las demás personas. “Por la falta de oportunidades están ‘condenadas’ a no encontrar trabajo, o se ven obligadas a trabajar de una forma que no es adecuada para ellas, y que además no cumple con las garantías legales”.

Lo preocupante es que supuestamente la población discapacitada es sujeto de especial protección otorgada por la Constitución Política y ampliamente desarrollada a nivel jurisprudencial y legal. Además, Colombia es parte de la convención que reconoce los derechos de las personas con discapacidad (CDPD), que entre otras palabras habla del derecho de las personas con discapacidad a trabajar en igualdad de condiciones con las demás; ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado, en entornos laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad.

No obstante los compromiso que ha contraído el Estado colombiano, la información disponible sobre las condiciones laborales de esta población son incompletas y no están actualizadas, un factor que refleja la voluntad política predominante para desarrollar políticas pública que promuevan los derechos humanos y laborales de los discapacitados en Colombia.

El informe del Observatorio de Asuntos de Género de la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer de 2012, señala que el 91% de las personas en situación de discapacidad tiene un bajo nivel de ingresos que no supera el valor de un salario mínimo legal vigente, el 42% cuenta apenas con educación básica primaria, y el 54% está en el rango de edad definido como etapas productivas.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el desempleo afecta con mayor rigor a la población con discapacidad y en los casos de empleabilidad las remuneraciones son considerablemente más bajas que las de las personas sin discapacidad, un fenómeno que afecta más a las mujeres que a los hombres. Esto obedece al imaginario que aún existe en la sociedad y en el sector empresarial, de que una persona en esta condición no puede desempeñar adecuadamente algún trabajo, o que de hacerlo no lo haría con los mismos criterios de calidad de aquella que no tiene discapacidad. La OMS concluye que la tendencia mundial es que la población con discapacidad y sus familias presentan unos niveles más altos de pobreza.

Las estadísticas revelan que de las 615.274 personas discapacitadas registradas en la encuesta del MInisterio de Protección Social de 2010, apenas el 16.6% se encontraban trabajando; el 4,3% buscaban un trabajo y sólo el 1.6% estaba pensionada. El dato más preocupante es que, en promedio, el 25.5% de estas personas se encontraba en una situación de discapacidad permanente, y no recibía ninguna pensión, con la situación más grave en los departamentos de Córdoba y Vichada, donde más del 40% se encontraban en esta situación.

Sobre las condiciones de protección social que tienen las personas discapacitadas que se encuentran ocupadas, no existen datos precisos, pues la información es muy general: sobre afiliación en salud, prevalece la afiliación al régimen subsidiado, 72%, y un 4% no se encuentra afiliada al sistema. Los datos sobre afiliación al régimen contributivo no diferencian entre afiliados cotizantes y afiliados beneficiarios, una información clave para identificar cuántos de ellos están vinculados al mercado laboral en condiciones de trabajo decente.

Tampoco existe información a nivel nacional sobre las categorías ocupacionales que predominan en la población con discapacidad, pero los datos de Bogotá y Antioquia permiten inferir algunas conclusiones. La primera es que predomina el trabajo por cuenta propia: 48% en Bogotá y 43% en Antioquia, categoría ocupacional en la que el grado de informalidad es del 80% a nivel nacional. En Bogotá, los empleados particulares o trabajadores asalariados apenas son el 4.7% del total, y en Antioquia el 18.3%. En Bogotá, los discapacitados que figuran como empleados domésticos representan el 10.7% del total, y en Antioquia el 4.7%.

Respecto a los ingresos percibidos por la población con discapacidad, cerca del 60% no se percibe ingreso alguno. “No es casual, por tanto, que el 70% de las personas registradas como discapacitados pertenezcan a los estratos 1 y 2, y que menos del 1% sean de los estratos 5 y 6”, concluye el informe.