La disputa por un lugar en el Consejo Nacional Electoral
El pasado 2 de octubre, el abogado Hollman Ibáñez, del partido cristiano Colombia Justa-Libres, se posesionó a la fuerza en una notaría como magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), pero no la tiene fácil. ¿Por qué?
Germán Gómez Polo - Twitter: @TresEnMil - ggomezp@elespectador.com
Hay pelea anunciada por la vacante que dejó el fallecido magistrado Heriberto Sanabria, del Consejo Nacional Electoral (CNE), quien murió a comienzos de septiembre pasado. El 2 de octubre, de manera sorpresiva y luego de posesionarse ante un notario, el abogado Hollman Ibáñez llegó a la sede del tribunal para tomar posesión del cargo que, dice, le pertenece porque es quien le seguía a Sanabria en la plancha por la que votó la plenaria del Legislativo en agosto de 2018, cuando se eligió a los nueve magistrados del CNE. Sin embargo, en la Gaceta 900 del Congreso se señala claramente que Ibáñez no cumple con los requisitos profesionales para ocupar dicho cargo.
Esa ha sido una de las razones más poderosas que ha demorado la elección del reemplazo de Sanabria, pues ha derivado en un dilema jurídico y, por supuesto, hay versiones encontradas. Según Ibáñez, nunca se le notificó que no cumplía lo que ordena la Constitución para ser magistrado del CNE, cuyos requisitos son los mismos para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. En entrevista con este diario, publicada el pasado viernes, Ibáñez defendió su posesión en notaría y argumentó que fue un instrumento legal que utilizó ante la falta de respuesta de la Presidencia de la República a una solicitud que envió. “Si usted lee la Gaceta, ahí hay un informe sin firmas de la Comisión de Acreditación”, se defendió el abogado, quien es ficha del partido cristiano Colombia Justa-Libres.
Ante esa situación, saltó quien le sigue a Ibáñez en la plancha: Juan Antonio Nieto Escalante, exdirector del Instituto Agustín Codazzi y ficha del Partido Liberal. La semana pasada Nieto envió comunicaciones al presidente del CNE, Hernán Penagos, y al registrador nacional, Juan Carlos Galindo, en las que les solicita que no se le asignen funciones a Ibáñez porque es inelegible al no acreditar la experiencia. “Solicito respetuosamente no habilitar para ejercer las funciones de magistrado del CNE para reemplazar la vacancia absoluta a nadie que no allegue a usted el llamamiento que debe hacer el presidente del Congreso. Esto por cuanto le corresponde procedimentalmente al Legislativo, en cabeza de su presidente, formular dicho llamado”, anotó Nieto a Penagos.
Al registrador Galindo le pidió que no incluyera en la nómina a Ibáñez y que esa posición le sea reservada a él. La operación parece sencilla: ante la muerte de Sanabria, debería reemplazarlo el siguiente en la lista, que es Ibáñez, pero como este, de acuerdo con la Gaceta, es inelegible, a ese cargo debe llegar el liberal Nieto: “(Ibáñez) no solo ha ejercido un acto que, a la fuerza y mediante su ilegítima posesión y nula de pleno derecho, pretende hacer valer, pese a su condición de inhabilitado, como consta en los documentos que así lo señalan (…) debe negarse cualquier acto administrativo que permita que el señor Ibáñez, posesionado fraudulentamente, pueda ejercer como magistrado de la misma forma, pues se estaría ante un riesgo de caos electoral, judicial y disciplinario sin precedentes, como quiera que los eventuales actos estarían viciados de nulidad”.
En el CNE hay desconcierto por la forma en que Ibáñez pretende hacerse al cargo y desde el tribunal ha sido claro que esperará que sea el Congreso el que tome la decisión. Sin embargo, como lo publicó El Espectador el viernes, el Legislativo está aguardando un concepto del Consejo de Estado en el que se dé claridad sobre la forma en que se debe suplir la vacante de Sanabria. Ese es un problema porque, según confirmó el presidente del Senado, Lidio García, la solicitud se debió hacer a través del Ministerio del Interior, pero al cierre de esta edición la ministra Nancy Patricia Gutiérrez no había enviado dicho documento al máximo tribunal de lo contencioso administrativo. ¿Qué está en juego en el CNE? Varias cosas, entre ellas la posibilidad de debatir la caducidad y reabrir la investigación a la campaña de Juan Manuel Santos en 2014 por presunta financiación de Odebrecht.
Contexto: El pasado de Hollman Ibáñez, quien se “posesionó” por notaría como magistrado del CNE
“Como mesa directiva, nos hemos basado en el concepto que ha enviado la Procuraduría y esperamos el del Consejo de Estado. La ministra del Interior, hábilmente y para favorecer o darle tiempo a Ibáñez, que es de un partido de Gobierno, no envió nuestra solicitud al Consejo de Estado en el tiempo que habíamos determinado. Me baso en la ley estrictamente para no cometer una arbitrariedad jurídica”, ha señalado García ante la dilación en el concepto.
Más allá de la batalla jurídica que se apresta, la demora perjudica porque, en plena recta final de la campaña a las elecciones regionales del próximo 27 de octubre, en este momento solo hay ocho magistrados. “Para tomar una decisión se necesitan mínimo seis votos. Si con nueve magistrados es difícil lograr seis votos, ahora imagínese con ocho”, agregó García.
También está otro elemento y es que, como la integración del CNE proviene de un acuerdo político entre los partidos, no escrito pero sí de palabra, los conservadores han pedido que se respete ese lugar para alguien que los represente. Eso podría conllevar a que en el Senado se dé una nueva votación y esa es una posibilidad que no descarta García; sin embargo, la ley no lo establece como camino para suplir la vacante en el CNE. Ahora, Nieto tiene todo el apoyo del expresidente César Gaviria, director del liberalismo, quien seguramente no se dejará quitar ese asiento en el tribunal electoral de una forma tan sencilla. El tiempo apremia y, a menos de veinte días para las elecciones, el CNE está a tope con decisiones sobre solicitudes de revocatoria de inscripciones y otros asuntos que, en teoría, se deben resolver con todos los magistrados.
Hay pelea anunciada por la vacante que dejó el fallecido magistrado Heriberto Sanabria, del Consejo Nacional Electoral (CNE), quien murió a comienzos de septiembre pasado. El 2 de octubre, de manera sorpresiva y luego de posesionarse ante un notario, el abogado Hollman Ibáñez llegó a la sede del tribunal para tomar posesión del cargo que, dice, le pertenece porque es quien le seguía a Sanabria en la plancha por la que votó la plenaria del Legislativo en agosto de 2018, cuando se eligió a los nueve magistrados del CNE. Sin embargo, en la Gaceta 900 del Congreso se señala claramente que Ibáñez no cumple con los requisitos profesionales para ocupar dicho cargo.
Esa ha sido una de las razones más poderosas que ha demorado la elección del reemplazo de Sanabria, pues ha derivado en un dilema jurídico y, por supuesto, hay versiones encontradas. Según Ibáñez, nunca se le notificó que no cumplía lo que ordena la Constitución para ser magistrado del CNE, cuyos requisitos son los mismos para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. En entrevista con este diario, publicada el pasado viernes, Ibáñez defendió su posesión en notaría y argumentó que fue un instrumento legal que utilizó ante la falta de respuesta de la Presidencia de la República a una solicitud que envió. “Si usted lee la Gaceta, ahí hay un informe sin firmas de la Comisión de Acreditación”, se defendió el abogado, quien es ficha del partido cristiano Colombia Justa-Libres.
Ante esa situación, saltó quien le sigue a Ibáñez en la plancha: Juan Antonio Nieto Escalante, exdirector del Instituto Agustín Codazzi y ficha del Partido Liberal. La semana pasada Nieto envió comunicaciones al presidente del CNE, Hernán Penagos, y al registrador nacional, Juan Carlos Galindo, en las que les solicita que no se le asignen funciones a Ibáñez porque es inelegible al no acreditar la experiencia. “Solicito respetuosamente no habilitar para ejercer las funciones de magistrado del CNE para reemplazar la vacancia absoluta a nadie que no allegue a usted el llamamiento que debe hacer el presidente del Congreso. Esto por cuanto le corresponde procedimentalmente al Legislativo, en cabeza de su presidente, formular dicho llamado”, anotó Nieto a Penagos.
Al registrador Galindo le pidió que no incluyera en la nómina a Ibáñez y que esa posición le sea reservada a él. La operación parece sencilla: ante la muerte de Sanabria, debería reemplazarlo el siguiente en la lista, que es Ibáñez, pero como este, de acuerdo con la Gaceta, es inelegible, a ese cargo debe llegar el liberal Nieto: “(Ibáñez) no solo ha ejercido un acto que, a la fuerza y mediante su ilegítima posesión y nula de pleno derecho, pretende hacer valer, pese a su condición de inhabilitado, como consta en los documentos que así lo señalan (…) debe negarse cualquier acto administrativo que permita que el señor Ibáñez, posesionado fraudulentamente, pueda ejercer como magistrado de la misma forma, pues se estaría ante un riesgo de caos electoral, judicial y disciplinario sin precedentes, como quiera que los eventuales actos estarían viciados de nulidad”.
En el CNE hay desconcierto por la forma en que Ibáñez pretende hacerse al cargo y desde el tribunal ha sido claro que esperará que sea el Congreso el que tome la decisión. Sin embargo, como lo publicó El Espectador el viernes, el Legislativo está aguardando un concepto del Consejo de Estado en el que se dé claridad sobre la forma en que se debe suplir la vacante de Sanabria. Ese es un problema porque, según confirmó el presidente del Senado, Lidio García, la solicitud se debió hacer a través del Ministerio del Interior, pero al cierre de esta edición la ministra Nancy Patricia Gutiérrez no había enviado dicho documento al máximo tribunal de lo contencioso administrativo. ¿Qué está en juego en el CNE? Varias cosas, entre ellas la posibilidad de debatir la caducidad y reabrir la investigación a la campaña de Juan Manuel Santos en 2014 por presunta financiación de Odebrecht.
Contexto: El pasado de Hollman Ibáñez, quien se “posesionó” por notaría como magistrado del CNE
“Como mesa directiva, nos hemos basado en el concepto que ha enviado la Procuraduría y esperamos el del Consejo de Estado. La ministra del Interior, hábilmente y para favorecer o darle tiempo a Ibáñez, que es de un partido de Gobierno, no envió nuestra solicitud al Consejo de Estado en el tiempo que habíamos determinado. Me baso en la ley estrictamente para no cometer una arbitrariedad jurídica”, ha señalado García ante la dilación en el concepto.
Más allá de la batalla jurídica que se apresta, la demora perjudica porque, en plena recta final de la campaña a las elecciones regionales del próximo 27 de octubre, en este momento solo hay ocho magistrados. “Para tomar una decisión se necesitan mínimo seis votos. Si con nueve magistrados es difícil lograr seis votos, ahora imagínese con ocho”, agregó García.
También está otro elemento y es que, como la integración del CNE proviene de un acuerdo político entre los partidos, no escrito pero sí de palabra, los conservadores han pedido que se respete ese lugar para alguien que los represente. Eso podría conllevar a que en el Senado se dé una nueva votación y esa es una posibilidad que no descarta García; sin embargo, la ley no lo establece como camino para suplir la vacante en el CNE. Ahora, Nieto tiene todo el apoyo del expresidente César Gaviria, director del liberalismo, quien seguramente no se dejará quitar ese asiento en el tribunal electoral de una forma tan sencilla. El tiempo apremia y, a menos de veinte días para las elecciones, el CNE está a tope con decisiones sobre solicitudes de revocatoria de inscripciones y otros asuntos que, en teoría, se deben resolver con todos los magistrados.