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Por segunda vez desde que sus militantes dejaron las armas, el Partido FARC realizará una convención nacional. El encuentro se llevará a cabo este fin de semana y, como el resto de cumbres partidistas celebradas durante la pandemia, se tendrá que hacer de forma virtual. Aunque la función primaria de este evento es cumplir con las exigencias del Consejo Nacional Electoral, que obligan a las colectividades a celebrar por lo menos una convención cada dos años, esta convocatoria servirá para cuatro temas que marcarán el futuro del partido nacido del Acuerdo de Paz de La Habana: cambios de nombre y de representante legal, definir la plataforma política y trazar la estrategia electoral para 2022.
En apariencia, el encuentro virtual es un mero trámite, sin embargo, la realización de esta segunda convención nacional ha desnudado unas crecientes diferencias entre los antiguos miembros del Secretariado que hoy ocupan puestos de dirección en el partido y sectores que no están de acuerdo con la línea que este ha tomado, incluyendo la formulación de los temas a discutir propuestos para este fin de semana. Una parte de estos choques se conocieron el 18 de enero, cuando Milton de Jesús Toncel (Joaquín Gómez) y los senadores Victoria Sandino e Israel Zúñiga (Benkos Biohó) anunciaron en una carta que no serían parte de la convención, pues “va en contravía del espíritu del Acuerdo de Paz, de nuestra tradición revolucionaria y de los elementales principios democráticos consagrados en la normatividad vigente”.
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La respuesta desde lo que se podría llamar la oficialidad del partido FARC fue pedir la apertura de un proceso disciplinario en la Comisión de Ética contra los tres. Supuestamente, “la posición asumida (…) constituye una violación a la disciplina y normatividad del partido”. Al cuestionar a la senadora Victoria Sandino sobre este intercambio epistolar, esta se reafirmó en que no asistirá al encuentro: “Si la citación no toca temas fundamentales, pues para qué ir. Se llamó a cuatro puntos y en ninguno se tocan los temas del genocidio del que estamos siendo objeto y la implementación de la paz”. También habló de supuestas irregularidades en la elección de los delegados para la convención, en la que se habría privilegiado a los afines a la dirección y se negó “la participación a los fundadores del partido”.
El senador Zúñiga, por su parte, aseguró que hay “una necesidad de que la asamblea se convoque de manera que recoja todas las voces de los excombatientes y militantes del partido”. El congresista, conocido en la guerra como Benkos Biohó -nombre del líder de la rebelión de cimarrones-, expresó que las prioridades debían estar más allá de las ambiciones de los temas políticos que serán discutidos en esta convención. “Si hablamos de consenso, hablamos de debates precisos, y no ha ocurrido. Se intentó aumentar la agenda de la asamblea, pero no dejaron”, advirtió. Y agregó: “Pretendemos un campanazo de alerta a la militancia. ¿Cómo vamos a trascender al Acuerdo si no tenemos los elementos de coincidencia?”.
En respuesta a dichas posturas, el senador Julián Gallo, también conocido como Carlos Lozada, explicó que si bien hay temas gruesos que se deben discutir, ello debe ser en la presencialidad, y que debido a la pandemia solo se adelantarían los cuatro temas ya señalados, que son de los más urgentes: “Aprobar la plataforma política es una vaina elemental. También se debe estudiar una convergencia para 2022 por la vida, la paz y la democracia”. Y ante la ausencia de tres de sus miembros importantes por no tocar los temas de la implementación y el asesinato de reincorporados, señaló que “siete plenos se han ocupado de esos temas y eso no lo soluciona. La implementación no es decisión nuestra. Iván Duque no es del partido”.
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De forma parecida, Rodrigo Granda y la senadora Sandra Ramírez comentaron a este diario que fue en el séptimo pleno que se fijaron de forma democrática los temas a debatir. “Tenemos inconvenientes internos y por trabajarlos en la virtualidad no se van a solucionar de la noche a la mañana. Se hará la asamblea presencial cuando se pueda”, indicó Granda. En una línea, Ramírez recalcó que “el contexto da la pauta” y así se eligieron los temas, entre los que están una plataforma política de nueve puntos, que incluye la implementación, un pacto para desterrar las armas de la política, lucha contra la corrupción y el plan electoral para 2022. “Si los compañeros no aceptaron esto y lo hacen en los medios, nosotros tenemos una comisión de ética que es la que resuelve la violación de los estatutos”, enfatizó. Tanto Granda como Ramírez y Gallo expresaron que los que no estén de acuerdo con el partido, pueden buscar otro.
Más allá de la controversia por la convención y su temario, varios de los que no asistirán al encuentro, como la senadora Sandino, consideran que el choque “es un asunto de mucho tiempo atrás por la conducción del partido frente al proceso de paz”. A esto el senador Zúñiga agregó: “Tenemos serios reparos en la implementación que ha hecho el Gobierno. Somos partes firmantes y las exigencias o reparos se pueden presentar”. Ambos congresistas también presentaron objeciones a la forma como se está dirigiendo el partido. “Se agarran en los temas del centralismo democrático y entonces la mayoría aplasta a las minorías”, comentó Sandino, quien añadió: “Ellos no se dan cuenta de que en 2026 podemos quedarnos sin personería porque nos estamos quedando sin bases”.
En este mismo sentido, Zúñiga expresó: “Nosotros nos empeñamos en un proceso de transición que permitiera el paso de la verticalidad de Farc-Ep a una organización horizontal, donde todos participáramos. Pero hay un sector del exsecretariado que pretende seguir con los mismos preceptos de autoritarismo. Confunden autoridad con obediencia ciega y el disenso con intento de fragmentar”. A esto añadieron que desde el Partido FARC se estaría usando la Comisión de Ética como una amenaza para acallar a los que no están de acuerdo con los planteamientos de la dirigencia. “Todo indica que vamos para la expulsión. La comisión de ética no es independiente”, concluyó Victoria Sandino.