'La doble instancia, una obligación'

Desde el lunes pasado y hasta el próximo 2 de septiembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos realiza en Bogotá su 92 período ordinario de sesiones. Pese a que no se abordarán casos referentes a Colombia, en diálogo con El Espectador su presidente, el peruano Diego García-Sayán, habla de la relación del tribunal con el país y se refiere, hasta donde le es permitido, a hechos coyunturales como el anuncio de la exsenadora Piedad Córdoba de demandar al Estado colombiano por persecución política, la doble instancia en el juicio a congresistas y la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños.

¿Cómo está la interacción entre la Corte y el Estado colombiano?
Ninguna interacción es perfecta. Todo proceso finalmente es humano, pero vemos una evolución que va consolidándose en varios planos, desde lo que tiene que ver con la contribución económica todos los años —con recursos pequeños pero importantes para la Corte—, sin condicionamiento alguno. Y también es alentador el proceso de cumplimiento de las sentencias.

¿Cómo cuales, por ejemplo?
Venimos de conocer por los medios, porque oficialmente la Corte no lo conoce todavía, del reconocimiento de responsabilidad y el pedido de perdón que hizo el Estado colombiano por el asesinato del senador Manuel Cepeda Vargas. Y hay muchas medidas provisionales que se dictan, que no son sentencias, en las que están de por medio situaciones como amenazas a la vida y a la integridad física de las personas, lo cual requiere una interacción y un diálogo con el Estado para proporcionar mecanismos de protección. Ese diálogo ha sido muy constructivo y se ha traducido en buenos resultados.

La exsenadora Piedad Córdoba, que tuvo que abandonar el país por amenazas, anunció que demandará al Estado colombiano por persecución política, ¿cómo proceden este tipo de demandas?
La terminología puede ser equívoca, porque una demanda la presenta formalmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos luego de un proceso, pero hay otras vías a través de las cuales, sin entrar en un caso contencioso, la Corte podría intervenir si es que hay alguna materia y la Comisión solicitase una medida provisional de seguridad. La Corte tiene que dar trámite a ese tipo de pedidos y no tiene que haber ninguna invocación a la exsenadora Córdoba. Ella está en su derecho, como todo ciudadano, de recurrir al sistema, aunque hay vías para llegar a la Corte.

En Colombia hay una controversia porque hay sectores que dicen que demandar ante la Corte se volvió un negocio...
No conozco las situaciones específicas. La Corte es muy cuidadosa de que los procesos sean transparentes y los alegatos se hagan con argumentos de hecho y de derecho.

El caso de los asesinatos de líderes de la Unión Patriótica lleva más de 20 años sin resolverse, ¿cómo hacer para que los procesos sean más ágiles?
Hay que distinguir entre la Corte y otras instancias de derechos humanos que puedan existir. La Corte ha reducido, pese a tener recursos moderados y muchos más casos que antes, de 45 meses a 17 la duración de sus procesos. El caso más antiguo que se tiene hoy se inició el año pasado y siempre se procura ser el primer espacio de respeto al principio de plazo razonable que el sistema les exige a los estados.

¿Han crecido las denuncias desde Colombia y ante la Corte sobre violaciones a los derechos humanos?
No se ve una tendencia ascendente, pero tampoco el hecho de que hubiesen aumentado o reducido significa nada. Hay casos que pueden aumentar que no son aquellos teñidos de sangre, como libertad de expresión o acceso a la información, en comparación con otro país donde puede haber una masacre de 60 personas. Para sacar una estadística sobre dónde se violan más los derechos humanos en América, la Corte no ha hecho ni hará nunca una apreciación de esa naturaleza.

Actualmente se debate en Colombia una reforma a la justicia donde uno de los temas centrales tiene que ver con la doble instancia en el juicio a congresistas, ¿cuál es su opinión?
No puedo entrar a hacer un comentario sustantivo de un tema que está en pleno debate político. Pero sí puedo reiterar que cuando un país se hace parte de un tratado, como el de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se obliga a adaptar su derecho interno y la organización de sus instituciones a esas obligaciones internacionales como las garantías judiciales, el debido proceso y la pluralidad de instancias cuando se trata de procesos sancionatorios. Tenemos la esperanza y la certeza de que con lo que ha evolucionado la política y el derecho en Colombia y en América Latina, en el momento de tomar una decisión sobre la reforma judicial y regular un tema como este, se tomarán como referentes no sólo la Constitución, sino también las obligaciones internacionales.

Otro debate aquí es el de la cadena perpetua para los violadores y asesinos de niños, ¿cuál es su concepto al respecto?
El aumento de penas es algo que está dentro de la legitimidad y legalidad de los estados. Sin embargo, frente a la urgencia que viene de la sociedad de que se den sanciones severas para todos los delitos, es mejor que haya algún tipo de prevalencia de cordura para saber que la criminalidad y el crimen organizado se tratan con herramientas mucho más complejas que la simple elevación de las penas. Muchas veces eso se traduce en normas que no se pueden cumplir porque la institucionalidad es débil y llevan a que tampoco se pueda diseñar una política de prevención.