La extraña conciliación de la reforma a la justicia

Algo huele mal en la conciliación de la reforma a la justicia que se inició el martes en el Congreso de la República. Ni el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, ni los ponentes del proyecto de acto legislativo en la Cámara de representantes, Guillermo Rivera y Alfonso Prada, fueron invitados a la reunión de la comisión de conciliación que se llevó a cabo en el Club de Ejecutivos de Bogotá.

Según denunció el mismo Rivera, hay versiones que hablan de que en dicha conciliación se habría decidido acoger el texto que aprobó el Senado sobre el espinoso tema de la pérdida de investidura y que establecía una gradualidad, es decir, que se apliquen sanciones de hasta por un año para aquellos congresistas que violen el régimen de inhabilidades e incompatibilidades y el de conflicto de intereses, que no asistan en un mismo período a seis sesiones en las que se voten proyectos, que no tomen posesión de su cargo ocho días después de la instalación del legislativo, que incurran en indebida destinación de recursos públicos o que ejerzan tráfico de influencias.  

“Eso preocupa porque en la Cámara hicimos un esfuerzo muy interesante después de una reflexión rigurosa y habíamos acogido un buen texto en materia de pérdida de investidura y habíamos llegado a la conclusión de que no se podía hablar de suspensión porque, revisando las actas de la propia Constituyente de 1991, lo que se decidió en ese momento era que había que establecer un juicio de reproche ético para aquellos congresistas que abusen de su investidura y no se podía hablar de una indignidad a medias. O se es digno o se es indigno”, manifestó Rivera. 

En respuesta a estas inquietudes, el senador conservador Eduardo Enríquez Maya, explicó que lo que se acordó con el ministro Esguerra fue que las comisiones conciliadoras de Senado y Cámara de Representantes discutieran en privado el asunto y que posteriormente él tendría la oportunidad de conocer los planteamientos y analizar artículo por artículo la reforma.

“Así sucedió y todas las reflexiones que nos hizo fueron tenidas en cuenta, incluso varias en el texto constitucional, aunque hubo una que otra diferencia porque el  Congreso de la República también hace uso de su soberanía legislativa”, explicó.

Lo cierto es que las comisiones conciliadoras volverán a encontrarse hoy a partir de las 10:00 de la mañana para ultimar los detalles del texto definitivo de la reforma a la justicia, que luego deberá ser votado por las plenarias de Senado y Cámara. Y en ese momento se sabrá cuáles son los cambios que se le introdujeron y cuáles las verdaderas intenciones del Congreso en hacer uso de la tan dichosa soberanía a que se refiere el senador Enríquez Maya.

Algo huele mal en la conciliación de la reforma a la justicia que se inició el martes en el Congreso de la República. Ni el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, ni los ponentes del proyecto de acto legislativo en la Cámara de representantes, Guillermo Rivera y Alfonso Prada, fueron invitados a la reunión de la comisión de conciliación que se llevó a cabo en el Club de Ejecutivos de Bogotá.

Según denunció el mismo Rivera, hay versiones que hablan de que en dicha conciliación se habría decidido acoger el texto que aprobó el Senado sobre el espinoso tema de la pérdida de investidura y que establecía una gradualidad, es decir, que se apliquen sanciones de hasta por un año para aquellos congresistas que violen el régimen de inhabilidades e incompatibilidades y el de conflicto de intereses, que no asistan en un mismo período a seis sesiones en las que se voten proyectos, que no tomen posesión de su cargo ocho días después de la instalación del legislativo, que incurran en indebida destinación de recursos públicos o que ejerzan tráfico de influencias.  

“Eso preocupa porque en la Cámara hicimos un esfuerzo muy interesante después de una reflexión rigurosa y habíamos acogido un buen texto en materia de pérdida de investidura y habíamos llegado a la conclusión de que no se podía hablar de suspensión porque, revisando las actas de la propia Constituyente de 1991, lo que se decidió en ese momento era que había que establecer un juicio de reproche ético para aquellos congresistas que abusen de su investidura y no se podía hablar de una indignidad a medias. O se es digno o se es indigno”, manifestó Rivera. 

En respuesta a estas inquietudes, el senador conservador Eduardo Enríquez Maya, explicó que lo que se acordó con el ministro Esguerra fue que las comisiones conciliadoras de Senado y Cámara de Representantes discutieran en privado el asunto y que posteriormente él tendría la oportunidad de conocer los planteamientos y analizar artículo por artículo la reforma.

“Así sucedió y todas las reflexiones que nos hizo fueron tenidas en cuenta, incluso varias en el texto constitucional, aunque hubo una que otra diferencia porque el  Congreso de la República también hace uso de su soberanía legislativa”, explicó.

Lo cierto es que las comisiones conciliadoras volverán a encontrarse hoy a partir de las 10:00 de la mañana para ultimar los detalles del texto definitivo de la reforma a la justicia, que luego deberá ser votado por las plenarias de Senado y Cámara. Y en ese momento se sabrá cuáles son los cambios que se le introdujeron y cuáles las verdaderas intenciones del Congreso en hacer uso de la tan dichosa soberanía a que se refiere el senador Enríquez Maya.