La gran apuesta electoral de los partidos indígenas

Los partidos indígenas se han convertido en una fuerza grande a nivel electoral. / EFE

Para las elecciones regionales del 27 de octubre, tres partidos de origen indígena (MAIS, AICO y ASI) buscan llegar al poder en los territorios. Aquí una recopilación de cuáles son sus aspiraciones, incluyendo los cuestionamientos que se han puesto sobre la mesa a algunos de sus candidatos.

MAIS

Fue en 2007, en el marco del VII Congreso Nacional Indígena, que se decidió retomar la participación de la dirigencia indígena en la política electoral, idea que se consolidó seis años después en Santander de Quilichao (Cauca), cuando se creó formalmente el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), por el que, en los comicios a Congreso de 2014, salió elegido senador el dirigente embera Luis Evelis Andrade, ganándose el derecho a la personería jurídica.

A partir de ese momento se inició un proceso de consolidación que derivó en una alianza con el movimiento Progresistas, liderado por el entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, de cara a las elecciones regionales de 2015. De esa coalición salió elegido, por ejemplo, el hoy alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo. El año pasado, Feliciano Valencia ganó la curul en el Senado y Abel David Jaramillo Largo, la de la circunscripción indígena de la Cámara. Además, el dirigente campesino César Pachón fue elegido representante por Boyacá. El MAIS hizo parte también de la coalición de la llamada Lista de la Decencia, por la que fueron elegidos Gustavo Bolívar en el Senado y María José Pizarro y David Racero en la Cámara. Y en las presidenciales, en alianza con el movimiento Colombia Humana, acompañó a Petro.

Para las elecciones del próximo 27 de octubre, el partido indígena avaló la inscripción de 7.709 candidatos a corporaciones públicas y cargos uninominales, varios de ellos en coalición: cinco a gobernaciones, 177 aspirantes a asambleas, 319 a alcaldías, 6.689 a ocupar curules en los concejos y 519 interesados en elegirse ediles, es decir, en las Juntas Administradoras Locales (JAL). “El aval es la confianza, la esperanza de transformación y gobierno para la ciudadanía. Es un momento donde ratificamos la confianza del movimiento en las hojas de vida de unos buenos candidatos, y que ahora les corresponde a las personas avaladas desarrollar un proceso de siembra y recolección de buena cosecha electoral en el próximo debate”, dijo Martha Peralta Epieyú, presidenta del MAIS.

Sin embargo, tratándose de un proceso tan complejo, no faltan los cuestionamientos. En el informe de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) sobre candidatos cuestionados, aparecen varios de los avalados por el MAIS. Entre ellos, José Alberto Girón, aspirante a la Alcaldía de Ibagué, en coalición con el partido Autoridades Indígenas de Colombia (AICO), a quien la Procuraduría le acaba de formular pliego de cargos por las irregularidades en la construcción del acueducto alterno de la ciudad cuando se desempeñó como gerente de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado. También está Alfonso Eljach, candidato a la Alcaldía de Barrancabermeja, investigado por presuntos nexos con grupos paramilitares en el Magdalena Medio. O César Antonio García Sánchez, quien busca la Alcaldía de Quibdó con el apoyo del MAIS y la Alianza Democrática Afrodescendiente (ADA), ficha de Patrocinio Sánchez Montes de Oca, exalcalde condenado por la Corte Suprema de Justicia por peculado culposo durante su gestión.

El MAIS hace parte también de la coalición que respalda a Clara Luz Roldán a la Gobernación del Valle, actualmente investigada por la Procuraduría y la Fiscalía por la firma de varios contratos cuando ejerció como directora de Coldeportes. Delay Magdaniel Hernández, aspirante a la Gobernación de La Guajira, quien se inscribió por firmas pero sumó el apoyo del Centro Democrático y MAIS, a quien se señala de ser el candidato del exgobernador Kiko Gómez, y exsecretario de obras del también condenado Wílmer González Brito, hoy prófugo de la justicia.

En la lista de Pares aparecen igualmente Fernando David Murgueitio, candidato a la Alcaldía de Yumbo en una alianza de la que hace parte el MAIS, a quien la Fiscalía le formuló cargos en 2018 por los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, cuando fue burgomaestre del municipio. Se trata de dos contratos realizados en 2013 para mantenimiento de maquinaria pesada del municipio, cuyo pago se habría dado a través de una empresa fachada para posteriormente llegar a manos de Hernán Darío Barragán Ortiz, condenado por concierto para delinquir y homicidio. Y José Facundo Castillo, aspirante a la Gobernación de Arauca, también en coalición, que tiene 18 investigaciones abiertas en la Fiscalía por delitos como prevaricato por omisión y por acción, peculado por apropiación, fraude, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y amenazas.

Finalmente, según Pares, están Julián Rojas Monsalve, candidato a la Alcaldía de Buga, también en alianza del MAIS con otros partidos, quien tiene una investigación disciplinaria abierta por la Procuraduría el 3 de julio de 2019, por irregularidades en la ejecución del PAE del municipio, cuando ejercía como director administrativo de la Alcaldía. A su campaña se ha sumado la excandidata Yoleny Londoño Ramírez, esposa del exalcalde Freddy Libreros, condenado a 104 meses de prisión por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos. Y Ligia del Carmen Córdoba Martínez, aspirante a la Alcaldía de Buenaventura, en coalición con la U, considerada cercana al recientemente capturado exalcalde de Buenaventura, Eliécer Arboleda Torres, acusado del desfalco de $5.000 millones en la remodelación del hospital del municipio. A esta lista habría que agregarle los 45 nombres de candidatos a concejos en todo el país, avalados por MAIS, que según la Procuraduría tendrían encima alguna inhabilidad.

Feliciano Valencia, el actual senadro del MAIS, aseguró que el objetivo del partido en las elecciones de 2019 apunta a "mantener espacios territoriales logrados (alcaldias, concejos, asambleas, ediles) y aumentarlos en todo el pais. Que nuestro movimiento se fortalezca y se consolide como opción politica alternativa de poder". Y sobre los candidatos cuestionados, enfatizó: "Primero se esta constatando el informe de la fundación Paz y Reconciliación; segundo, el Tribunal de Ética está revisando todas las observaciones, quejas y reclamos que están llegando de las regiones, y si los casos ameritan revocatorias, el Comité Ejecutivo Nacional, junto a los demás organos de control y sancion del MAIS, procederán".

AICO

Antes de entregar 5.509 avales y apoyar más de 78 candidaturas en coalición en todo el territorio nacional, el movimiento Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) pasó por una situación por la que han pasado casi todas las colectividades similares: disputas internas por el poder. El exsenador indígena Martín Tengana fue elegido por la asamblea como representante legal, pero hubo resistencia del sector del que hacían parte el actual senador Manuel Bitervo Palchucán y Juan Rosales, gobernador del cabildo indígena de María del Contadero, en Nariño. La pelea fue tal, que llegó al Consejo Nacional Electoral (CNE). Rosales impugnó la elección ante el tribunal electoral, sin embargo, no hay una decisión todavía, por lo que Tengana quedó con el poder de otorgar avales.

Según los datos de la Registraduría, AICO inscribió 5.509 candidatos propios a las elecciones regionales y apoya a 78 en coaliciones tan diversas que van desde Compromiso Ciudadano, de Sergio Fajardo, en Tocancipá, hasta los liberales, la U, conservadores, Centro Democrático o Cambio Radical. Además, de acuerdo con la lista de inhabilitados que entregó el martes la Procuraduría, es el tercer partido con más aspirantes en esa condición: 64, por encima de la U, Cambio Radical, Partido ADA, MAIS, ASI o el Partido Liberal, y solo superado por Colombia Renaciente y el Partido Conservador. “Nos preocupa porque nosotros no nos podemos comparar con los partidos más grades, sino con los que son similares. No es posible que tengamos tantos inhabilitados”, señaló el senador Bitervo, quien asegura que no tuvo nada que ver con la entrega de avales y que ese trabajo quedó en manos de Tengana.

Alianza Social Independiente (ASI)

Aunque la Alianza Social Independiente (ASI) dejó de llamarse Alianza Social Indígena en 2011, sus bases sobre la promoción de los movimientos sociales desde las perspectivas étnicas, culturales y regionales no han dejado de ser los principios del partido. Es más, por esa misma razón decidieron cambiarse el nombre para acoger otras poblaciones marginadas políticamente. “Queríamos ser más incluyentes con los afros, con la comunidad LGBTI, mujeres y que no fueran solo indígenas. Sin embargo, no queríamos dejar el apoyo a nuestras raíces y cultura, y, en efecto, tenemos candidatos indígenas en algunos sectores del país, como el Cesar, Cauca y Antioquia”, explicó Berenice Duque, representante legal de la ASI.

La colectividad nació junto a la nueva Constitución de 1991, que garantizó la participación política de comunidades indígenas, campesinas y líderes comunitarios, en la comunidad de Yaguará, municipio de Chaparral, Tolima. Su incursión en la democracia se dio luego de los encuentros con tintes políticos de estos grupos poblacionales, especialmente, en Cauca, Antioquia y Tolima desde 1969, y uno de esos procesos exitosos fue la conformación del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) en 1971.

Ha sido tal la organización de la ASI como partido que su participación política también incluye elecciones presidenciales. Por ejemplo, en 2018 le apostaron a la candidatura de Clara López, quien se alió con Humberto de la Calle y se presentó como su fórmula. Se suman otros nombres que pertenecieron a la colectividad, como el de Antanas Mockus. Para los comicios regionales, Bedoya explica que la selección de aspirantes fue a través de un proceso en los territorios, con acompañamiento del Comité Nacional. En total, fueron 8.328 postulados y 206 presentados en coalición. “Crecimos muchísimo, hace cuatro años presentamos aproximadamente 5.500 y esto es gracias al trabajo estructurado que hemos hecho desde las regiones”, comentó la representante legal.

De ese total de inscritos, la Procuraduría identificó 36 inhabilitados. “Un 70 % menos que los que señalaron hace cuatro años, que se llevó un proceso más ligero”, comentó Bedoya. Desde ya están revisando esas candidaturas para su revocatoria de las que ya encontraron que una de las personas referenciadas es un homónimo. Sobre los cuestionados, especialmente de la aspiración de Roberto Jiménez, hermano del líder paramilitar alias Macaco, quien busca ser concejal de Dos Quebradas (Risaralda), defendió su aspiración, asegurando que “los delitos no son de sangre, no podemos juzgar a una persona porque es familiar de un condenado (…) Nosotros somos un partido que no estamos buscando seguir sembrando los odios de la izquierda y derecha, tenemos un trabajo de impacto social y de trabajo con comunidad y líderes que quieren seguir apoyando los procesos de paz y reconciliación”. Para octubre, la ASI pronostica ganar cuatro gobernaciones y el 70 % de las alcaldías a las que se presentaron.