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El fenómeno del narcotráfico me persiguió como una detestable sombra durante toda mi vida. Hoy es un tema de estudio entre la comunidad académica y su futuro, cada vez más, apunta a un enfoque de salud pública. En este marco, concurrí a la tercera Sesión Especial de la Asamblea General (Ungass) del 2016 respecto a la política mundial de drogas.
En esta Sesión Especial, la Comisión Global sobre Política de Drogas (Global Commission on Drug Policy) y la Comisión de Drogas de África Occidental sentaron un precedente importante. La primera comisión está compuesta por varias personalidades de primer nivel de Europa y América Latina, como César Gaviria, de Colombia, Fernando Henrique Cardoso, de Brasil, y Ernesto Zedillo, de México, todos ellos inspiradores y promotores de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia; la segunda comisión fue convocada por el difunto ex secretario general de la onu, Kofi Annan, y el expresidente de Nigeria Olusegun Obasanjo.
En la Sesión Especial se concertaron dos principios fundamentales: la constatación del fracaso de la guerra contra las drogas promovida e impuesta al mundo por Estados Unidos desde los años setenta del siglo XX, y la evaluación de los criterios que definieron y catalogaron las drogas sobre las que cayó la prohibición.
El presidente (Juan Manuel) Santos se refirió a este primer punto en un foro organizado por representantes del Partido Liberal para conversar sobre un proyecto que buscaba la regulación de drogas en Colombia en el 2020: La lucha contra las drogas lleva más de cincuenta años, se declaró en las Naciones Unidas, la declaró el presidente Nixon en Estados Unidos, y esta guerra no se ha ganado, y una guerra que no se gana en cincuenta años es una guerra que se perdió, es una guerra que ha fracasado, esa política ha fracasado.
Frente al segundo punto, es evidente que en la definición de la Lista IV de la Convención sobre Drogas de 1961 se cometieron atropellos culturales y errores de valoración, como pasa con la hoja de coca, que es un pilar fundamental en la cultura de nuestros pueblos indígenas, y la mariguana, cuyos efectos son mucho menos dañinos de lo inicialmente dicho, como lo han demostrado múltiples estudios científicos y médicos a lo largo de las últimas décadas.
Este hecho ha sido vindicado por varios acontecimientos políticos y culturales de suma importancia, como la aprobación vía referendo del consumo recreativo de la mariguana en más de quince estados de la unión americana en las elecciones del 2020, y el reconocimiento que hiciera —con lustros de retraso— la Comisión de Estupefacientes, sobre las propiedades medicinales de la cannabis, y la consecuente votación en la que se decidió el retiro de esta planta y su resina de la Lista IV, donde absurdamente se la puso junto a la heroína y otras drogas fuertes.
Al respecto, vale la pena precisar que en las mencionadas elecciones Oregon votó por la despenalización de la dosis personal de sustancias como la heroína, la cocaína, las metanfetaminas y el uso terapéutico de los hongos alucinógenos; cinco estados —Arizona, Nueva Jersey, Montana, Mississippi y Dakota del Sur— aprobaron la legalización de la mariguana bajo diferentes circunstancias.
En palabras del expresidente (César) Gaviria, vocero de la comisión, … desde la Comisión Global de Política de Drogas hemos exhortado porque se creen políticas de drogas que se centren en la salud pública, la seguridad de las comunidades, los derechos humanos y el desarrollo. La Comisión está abogando por la regulación legal del Estado, así como de los pequeños cultivadores que entran al mercado de drogas debido a la falta de oportunidades económicas. (Le puede interesar: La Corte de la Haya y las audiencias sobre el litigio entre Colombia y Nicaragua entre septiembre y octubre).
Al final, en los debates de la Ungass en la Asamblea General del 2016, nos quedamos con los crespos hechos, pues no se logró el cambio que requeríamos. Nos enfrentarnos a una línea dura del Consejo de Seguridad; los grandes —Estados Unidos, Rusia y China— impidieron que saliera adelante la propuesta presentada.
El presidente Santos ha sido muy enfático en su libro La batalla por la paz al decir que “fallamos porque no fuimos más ambiciosos, no hubo suficiente esfuerzo político de nuestra parte, ni hicimos el debido lobby y no logramos ningún avance”. Para mí sí hubo logros, por ejemplo, haber podido llevar la discusión de la Sesión Especial de Drogas a la propia Asamblea, someterla a la consideración de todos los Estados miembros en la sede de Nueva York, y no en Viena, lugar natural de la Comisión de Estupefacientes y de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Undoc) —donde siempre nos va mal—, fue un gran paso al darles voz a países que no tienen cabida en la sede de Viena. (Más: Capítulo del libro de la excanciller María Ángela Holguín: “Todos subestimaron a Maduro”).
Además, hubo una declaración de la Asamblea en la que se adquirieron tres compromisos muy importantes, así sean simbólicos: primero, el tema de prevención —era absurdo que no existiera una política de la ONU en este sentido—; la aceptación de una mirada de salud pública sobre la problemática de las drogas sin duda ha estado en la base de los avances de los últimos años y, tercero, que pudieran llevarse a cabo pruebas y experimentos como los que estamos viendo en varias partes del mundo. Lo más importante es que la situación actual parece indicar que vamos en un camino de no retorno hacia una nueva política contra las drogas, y debe haber cambios estructurales tanto en Estados Unidos como en otros países.
Esperemos que en Colombia seamos capaces de dar ese paso hacia un tratamiento del tema de las drogas. Por nuestra condición debemos ser pioneros en cambios y en nuevos enfoques, y es claro que esto no lo logran los países por su cuenta sino trabajando de manera multilateral. Ojalá no nos quedemos a la zaga del resto del mundo; en Colombia sigue existiendo un parroquialismo que nos está impidiendo ver lo que ocurre en muchos otros países, pues en contraste con estos fenómenos recientes, el Congreso y los partidos de Gobierno votaron negativamente en noviembre del 2020 el proyecto de ley para aprobar el uso recreativo de la cannabis.
Colombia no ha podido unificar criterios, aun cuando su cultivo y procesamiento con efectos medicinales y terapéuticos es legal desde el 2016. Esto pondría a nuestro país en la misma circunstancia de países como Canadá, Uruguay, Portugal, Holanda e incluso México, cuya Suprema Corte acaba de dar vía libre al uso de la mariguana recreativa.
Sus resultados han sido muy exitosos, le quitaron el negocio a la ilegalidad y diseñaron un buen plan de prevención y atención a los adictos. La guerra contra las drogas ha fracasado. Es una falacia y una injusticia. Y debo aclarar mi posición, pues no quiero que el lector se lleve la impresión de que me contradigo: odio el narcotráfico, odié a Escobar y a los mafiosos que cambiaron para siempre al país, pero considero que los consumidores de drogas duras o blandas son sujetos adultos merecedores de todos los derechos que les da la ley. Bajo esta perspectiva, estimo que el problema de las drogas debe tratarse antes como un asunto de salud pública y de derechos humanos más que como un tema represivo.
* Se publica por cortesía de Penguin Random House Grupo Editorial.