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Al proyecto anticorrupción de autoría del Gobierno le faltaba un solo debate cuando el país se enteró que la iniciativa tenía un mico, para algunos, del tamaño de King Kong. En su articulado había un punto que imponía penas de 60 a 120 meses de cárcel a los que mediante injuria o calumnia debidamente comprobada pretendan atacar u obstruir las funciones constitucionales y legales de un funcionario público.
Además, si el responsable de esta conducta es el representante legal o miembro de cualquier organización comunitaria, “el juez de control de garantías ordenará a la autoridad competente que, previo al cumplimiento de los requisitos legales establecidos para ello, proceda a la suspensión o cancelación de la personería jurídica de la organización comunitaria”. Según expertos, con ello se creaba una supuesta protección a los funcionarios que podía ser usada para el acoso judicial en contra de periodistas y medios de comunicación que lleguen a denunciar posibles irregularidades que aún no impliquen una sentencia.
El artículo fue rechazado por varias organizaciones de orden civil, como la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Dejusticia, el Instituto Anticorrupción, entre otros. Sin embargo, a pesar de las advertencias, la Cámara lo terminó apoyando, aunque de forma moderada. En su último debate, dicha corporación aceptó las sanciones en contra de las organizaciones que supuestamente incurrían en la injuria y calumnia, pero quitó el aumento de penas.
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Los señalamientos le vinieron al ponente del proyecto, César Lorduy, de Cambio Radical, pues fue uno de los que defendió con vehemencia el controvertido artículo. Incluso llegó a decir que se necesitaba, debido a que parte de la mala imagen que tenía el poder público se daba ante señalamientos infundados y calumnias. No obstante, la responsabilidad de este cuestionado punto no solo sería del representante atlanticense, sino que vendría desde el Senado.
En un primer momento, el proyecto que fue presentado por el Gobierno no tenía dicho artículo, así lo deja ver el texto radicado. Tampoco se agregó en la primera ponencia y en el debate en la Comisión Primera del Senado. Es más, para el debate en Plenaria, la segunda ponencia tampoco incluía este punto. Fue en las discusiones de esta instancia que se agregó el cuestionado artículo.
En la transmisión del debate se observa que el ponente, el senador Germán Varón Cotrino, dice que dicho artículo viene avalado y que su finalidad es establecer “una protección a los funcionarios que ejercen el tipo de actividades que la Contraloría va a recuperar bienes públicos. Se establece que cuando hay una sentencia condenatoria por injuria y calumnia contra un particular que hace este tipo de afirmaciones para evitar una investigación de carácter fiscal podrá perder la personería jurídica”.
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Tras incluirlo en el listado de avalados, el Senado votó el articulado de forma positiva. Solo hasta hace poco se vino a conocer lo que habían votado en ese conjunto. Ahora más de un mes después de dicha votación, Varón Cotrino se desmarcó del artículo y aseguró que no tenía nada que ver ya que era ponente pero que el punto en cuestión venía avalado directamente por el Gobierno.
Tampoco se conoce mucho de la autoría del artículo. Se pueden reconocer los firmantes de la proposición, pero hasta el momento ninguno se hace cargo del tema. Allí aparecen las rúbricas de Eduardo Pacheco (Colombia Justa y Libres), Abraham Jiménez y Ana María Castañeda (Cambio Radical), Esperanza Andrade (Partido Conservador), Gabriel Velasco (Centro Democrático), entre otros más. Al cuestionarlos por la firma, algunos dicen que no recuerdan haberlo hecho. Otros, como Abraham Jiménez, que ahora es el conciliador, defienden su apoyo al texto.
El senador expresó que no sabe de quién es el artículo en cuestión, pero que lo firmó debido a que le explicaron que era la creación de una figura en la que hacían responsable a una persona jurídica por injuria y calumnia. Este le comentó a El Espectador que había sido víctima de estas prácticas por parte de una persona jurídica, por lo que vio conveniente que se agregara este punto en código penal. Por otro lado, adelantó que en la conciliación muy posiblemente se inclinarían por el texto aprobado por Cámara, que descarta el aumento de penas por injuria y calumnia, pero que igual no tiene mucho sentido la versión que escojan ya que el presidente Iván Duque anunció que objetará el controvertido artículo.
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Sin conocerse la autoría del artículo que le abre la puerta a la censura, lo cierto es que el texto en Cámara llegó con este punto. Sin embargo, el representante José Daniel López, ponente en tercer debate, retiró dicho articulado, pues lo consideró inconveniente. Este, que participó en mesas con el Gobierno, la Procuraduría y más, le comentó a este diario que nunca tuvo reclamos por parte del Ejecutivo por haber retirado este apartado del proyecto. No obstante, su tutela sobre la iniciativa solo fue por el tercer debate, debido a que un acuerdo con las mesas directivas había fijado que en Plenaria el ponente sería otro. En este caso, César Lorduy.
Este fue el que revivió el controvertido artículo en la ponencia que se presentó para último debate. Según algunos representantes consultados, Lorduy habría intentado revivirlo en Comisión Primera de la Cámara, pero al final dejó la proposición como una mera constancia. Sin embargo, en el texto que llevó a la plenaria sí lo incluyó. El Espectador trató de consultarlo, pero no hubo respuesta. Sin embargo, en otros medios, el represente señaló que el motivo de revivir dicho punto era evitar la conciliación con el texto de Senado. Además, afirmó que era un artículo que debía ser considerado igualmente, debido a que ya había sido aprobado en Cámara. Por último, se mantuvo en su posición de que esta propuesta no afectaría a la prensa debido a que estos hacen una actividad lícita.